Tras una semiconfidencialidad de más de 60 años, los archivos nazis de Bad Arolsen (localidad del centro de Alemania), que reconstruyen el trágico destino de 17,5 millones de víctimas de la maquinaria de los campos de exterminio nazis, estarán pronto a disposición de los historiadores.

Los 11 países encargados de velar por los archivos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Estados Unidos, Polonia, Israel, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) decidirán hoy abrirlos finalmente a la investigación histórica.

Después de que el gobierno de Alemania levantara sus objeciones en la materia el mes pasado, los 11 Estados interesados deberán poner fin a una semiconfidencialidad de más de 60 años en sus más de 47 millones de documentos.

Dispuestos sobre 27 kilómetros de estanterías en edificios de una pequeña y tranquila localidad del centro de Alemania, los datos sólo habían podido ser consultados hasta ahora por objetivos "humanitarios", es decir de forma individual y nominativa, para la búsqueda de una víctima.

Los registros de los campos de concentración o de las órdenes de arresto emitidas por la Gestapo fueron reunidos y clasificados después de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo práctico: encontrar a los civiles deportados o sometidos a trabajos forzados por el régimen hitleriano, reconstruir su trayectoria y, eventualmente, aportar a las víctimas una prueba de su internamiento, a fin de abrir la vía para su indemnización.

Hasta hoy, más de 300 empleados permanentes continúan analizando anualmente decenas de miles de demandas individuales provenientes de unos 60 países. Se trata de una labor muy compleja, ante la inmensidad de la base de datos. Por ejemplo, los archivos registran 849 formas diferentes de escribir el patronímico judío "Abrahamovicz".

Nominativos, estos documentos emanados del escrupuloso rigor administrativo del Estado nacionalsocialista, son en consecuencia sensibles. Algunos mencionan la presunta homosexualidad de la víctima o con mayor precisión indican: "criminal profesional".

Otros informan que una mujer fue arrestada por la Gestapo, porque era madre de un niño mestizo y se había negado a ser esterilizada, o que un hombre sometido a trabajos forzados era "esquizofrénico".

Estas precisiones explican la reticencia hasta ahora de algunos Estados -especialmente Alemania- a autorizar la apertura de estos archivos a los historiadores.

"Uno de los objetivos de la reunión del martes será determinar las modalidades por las cuales los investigadores podrán acceder a estos documentos", explicó Maria Raabe, una de las portavoces del Servicio Internacional de Búsqueda (ITS), organismo encargado de administrar los fondos, bajo la tutela del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Por ejemplo �deberán comprometerse por escrito (los investigadores) a no retranscribir en sus trabajos los nombres de las personas afectadas? Esta es una de las soluciones apuntadas, pero en todo caso estará en manos de los 11 Estados adoptar una decisión", agregó.

Sin embargo, para gran parte de la comunidad científica, el acceso a Bad Arolsen no tiene mayor interés.

"Desde el punto de vista de la investigación, no hay nada nuevo que esperar de esos documentos", afirmó el profesor Wolfgang Benz, director del Centro de Investigaciones sobre el Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín y autor de numerosas obras sobre el Holocausto y el Tercer Reich.

"Por mi parte, espero descubrir detalles microscópicos que ignoraba hasta ahora", agregó.

"Los investigadores estadounidenses, que desde hace tiempo reclaman a coro y a gritos su apertura, lo hacen a menudo por motivos demagógicos, acusando a Alemania de que quiere disimular su pasado", añadió.

"Se olvidan de que esos documentos contienen datos potencialmente muy delicados para las personas afectadas", señaló finalmente Benz.