El paso de los sabuesos de la Administración Provincial de Impuestos por el Mercado de Abasto dejó un resultado de knock out para el organismo tributarios: de los 92 puesteros relevados, 6 estaban cerrados, a 53 los emplazaron porque deben anticipos del pago de ingresos brutos y los restantes 33 también fueron intimados a regularizar su situación porque pagaban el mínimo imponible de 38 pesos mensuales, cuando sus ingresos son ostensiblemente superiores.

"Todos debían algo" dijo un alto funcionario de la API, quien aseguró que los operativos no se terminaros allí: mañana las autoridades del organismo recibirán por parte de las autoridades del mercado el listado de las personas responsables de los 108 puestos, locales, bares, casas de comida y agencia de seguridad que aún resta controlar.

Los inspectores de la API concurrieron ayer al Mercado de Productores acompañados por 15 policías para verificar la situación tributaria de quienes comercializan sus productos en el Mercado de Abastecedores.

A diferencia de Rosario, no fueron mal recibidos por quienes desempeñan sus tareas allí, a quienes no se les preguntó sobre su situación laboral "porque esa es función de la Afip y porque no queríamos buscarnos problemas", admitieron en la API.

El organismo tributario provincial también realizó inspecciones en el Mercado de Productores de Rosario para fiscalizar si los puesteros tienen el pago de los impuestos al día, especialmente Ingresos Brutos.

Las investigaciones en Rosario continuarán durante esta semana hasta completar los 240 puesteros del mercado, donde ya se detectaron algunas irregularidades.

Los inspectores rosarinos ingresaron al mercado, igual que sus pares rosarinos, acompañado por más de medio centenar de agentes policiales, donde fueron recibidos con una lluvia de hortalizas, verduras y frutas por los changarines y trabajadores, descontentos con las tareas de control.

De acuerdo a la información suministrada desde el organismo provincial y por las autoridades del mercado, sólo tres puesteros, el 1 % del total, cerraron sus locales ante la presencia de los sabuesos provinciales.

El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, se retractó en una instancia judicial de conciliación de las declaraciones que había formulado contra una jueza de La Plata que otorgó un amparo a un deudor impositivo, informaron voceros judiciales.

Montoya reconoció que "se había equivocado y cometido un grave error y una actitud poco profesional" cuando en marzo pasado, después de la resolución de la magistrada Ana Logar de restituir a su propietario una camioneta incautada por el fisco, dijo que "hay jueces que se cagan en los contribuyentes que pagan".

También el funcionario provincial había sostenido que la jueza "demora un promedio de 101 días para conceder una medida cautelar a favor del fisco y sólo 48 horas a favor de un contribuyente moroso".

A raíz de esta denuncia, la jueza Logar, titular de un juzgado contencioso administrativo, presentó una denuncia contra Montoya y aportó pruebas que desmentían al funcionario sobre el tiempo que le demandaron otorgar medidas cautelares.

Ayer, en una audiencia de conciliación convocada por la justicia correccional local, Montoya ratificó que se equivocó al formular declaraciones "sin conocer a la jueza ni su tarea comprometida en el cumplimiento de la obligación fiscal".

Con estas disculpas, más con publicaciones que Montoya deberá cumplir "en una retractación plena" para reconocer "el buen nombre y honor" de la jueza Logar, se dio por concluido el diferendo, dijeron las fuentes consultadas.

El gobierno

recibió en abril 600 millones de pesos del Banco Central (BCRA) -como parte de las ganancias que la entidad obtuvo en 2005-, lo que representó más de un tercio de los 1.530 millones de superávit fiscal primario logrados en el mes. La situación se repetirá en mayo, con un envío de 400 millones de pesos de la autoridad monetaria, según anticiparon voceros del Central.