Para asistir a un centro de salud, inscribirse en una universidad, obtener empleo, realizar trámites bancarios y oficiales, salir del país y circular libremente por el territorio nacional no basta con proporcionar el nombre y apellido y el lugar de residencia cuando alguna autoridad lo solicita. El DNI es el único documento que valida nuestra identidad y nos habilita para disfrutar de los derechos que concede la Constitución Nacional.

Sin embargo, algunas personas, sobre todo en los barrios carecientes y distantes de los centros urbanos de las ciudades, siguen sin acercarse al Registro Civil para iniciar el trámite.

Hablar de números, en este tema, significa entrar en un terreno sinuoso. El censo poblacional no incluye una categoría para medir la cantidad de indocumentados y ningún organismo gubernamental posee datos certeros sobre la problemática. Lo que se tiene es un panorama de la situación, surgido del trabajo en territorio de las entidades sin fines de lucro y de reparticiones oficiales.

En la ciudad, la Pastoral de la Infancia detectó que había chicos de 7, 8 años y más aún con dificultades para ir a la escuela porque no tenían documento o los habían perdido o no habían sido renovados o se manejaban sólo con el certificado de nacido vivo.

El planteo fue llevado ante la directora del Registro Civil, Iride Mariani, y dio comienzo a un relevamiento in situ con instituciones que trabajan en red con la Pastoral. La actividad se inició en Teresa de Calcuta, de barrio Centenario. El primer día concurrieron 120 personas y tuvieron que volver. El relevamiento se hizo sobre la franja de chicos y chicas de entre 0 y 18 años y el resultado sorprendió: entre 10 y 15 % del total estaba indocumentado, y muchas personas más estaban en una situación irregular, porque no habían hecho la renovación de los 8 o porque habían perdido el documento y no lo había recuperado.

"Fue sólo una institución", señalaron Alejandra Ramos (trabajadora social) y Fabiana Retamoso (abogada). La mayor cantidad de gente relevada pertenecía a Varadero Sarsotti y Centenario.

�Falta de conciencia sobre la importancia del documento o falta de recursos? Para las integrantes de la Pastoral la segunda opción es la que mejor explica las causas de esta situación. "Si no hubiera interés no habrían concurrido al relevamiento. Además, mientras para algunos tener un hijo y registrarlo es una prioridad, para quien está excluido del todo tal vez no lo sea".

La premisa de la que parte la Pastoral es la de reconocer la identidad como un derecho, contemplado incluso en la ley. "Para un niño significa ser alguien".

La situación de barrio Centenario se repite en Rosario y el Norte provincial. La ubicación periférica de los barrios en donde viven, la lejanía a los centros urbanos en el caso de las poblaciones rurales y la falta de recursos son los factores que determinan que algunos ciudadanos vivan sin identificación.

Para mitigar el problema, el Registro Civil viene implementado desde hace más de una década operativos documentarios en barrios. "Se hicieron en distintas localidades, pero sobre todo en Rosario y Santa Fe, donde el mercado es mayor y el problema económico de la gente hace que le sea más difícil acercarse al Registro Civil por las grandes distancias. En el interior, en cambio, no es tan notorio este problema y es más manejable", opinó Castañeda.

Para hacer los operativos, la repartición necesita la autorización del Registro Nacional de las Personas, que este año sólo dio el visto bueno para realizarlos dentro de la comunidad aborigen rosarina. "A veces el Registro Nacional no autoriza estos trámites. Ustedes saben perfectamente los atrasos que tienen con los DNI de los ciudadanos que hacen las gestiones ante el Registro Civil y sin ninguna dificultad... ni hablar de las autorizaciones para hacer documentos en los barrios", señaló Castañeda.

A los operativos en los barrios se le suma una acción permanente que apuesta a atacar el problema de raíz: las oficinas del Registro Civil en los nosocomios de los grandes centros urbanos de la provincia. En nuestra ciudad, se encuentran localizados en los hospitales Cullen, Orlando Alassia e Iturraspe.

"De esta manera logramos que los chicos que nacen en los hospitales públicos salgan con su partida de nacimiento y el documento. No se les da de alta hasta que la mamá dé cumplimiento al trámite", afirmó Castañeda.

A pesar de que la oficina está abierta de 7 a 13 horas, el funcionario aclaró que si los bebés nacen fuera de ese horario, las madres deben permanecer en el hospital hasta el otro día.

El subdirector del Registro indicó que, aunque no existen estadísticas, el trabajo que realizan en los barrios permite inferir que "hay mucha gente indocumentada". Sin embargo, indicó que "no tienen excusa para no sacar el DNI".

La ley 17.671 y sus decretos modificatorios establecen la gratuidad del primer documento de identidad. Por este motivo, el subdirector del Registro considera que, en el fondo, el problema que subyace es cultural. "La gente no se acerca y no lo actualiza, salvo cuando se le presenta alguna necesidad. Por eso sirve cuando vamos al barrio para hacer el trámite", argumentó Castañeda.

Los resultados de los operativos, muchas veces se ven saboteados por la falta de educación y el hecho de que algunas personas siguen sin tomar conciencia de lo que significa la obtención de la identidad. "Entre un 20 y un 25 por ciento de la gente que se inscribe cuando hacemos el operativo no retira los documentos. Al año, cuando volvemos al barrio se presentan con la constancia del trámite del operativo anterior. Pero ese papel ya no sirve porque a los 12 meses, si el ciudadano no busca el DNI, lo anulamos y entregamos al Registro Nacional de las Personas", concluyó Castañeda.

El defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino promovió una acción de amparo contra el Registro Nacional de las Personas dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, para que se le ordene asegurar la emisión y entrega en tiempo razonable de los documentos nacionales de identidad no provistos hasta la fecha a ciudadanos de la provincia de Santa Fe.

El tema le había sido planteado a Mondino por el defensor del pueblo de la provincia Carlos Bermúdez -cuando el ombudsman nacional asistió al Congreso Argentino de Derecho del Consumidor-, por considerar que la situación generada por el Registro Nacional de la personas comportaba una actitud discriminatoria que afecta derechos fundamentales de quienes habían gestionado su documento de identidad.

Cabe recordar que el propio Bermúdez había presentado un recurso ante la Justicia federal en Rosario al constatar que el Registro adeudaba a la provincia alrededor de 60 mil DNI, situación que se ha corregido en forma parcial aunque subsisten unos 10 mil pendientes, además de los que han sido gestionados en los primeros meses de este año.

Tanto Bemúdez como Mondino coinciden en que la demora de 180 días promedio para proveer un documento es un acto de discriminación violatorio de los derechos más elementales.

En negro

Sin documento no se accede a la Clave énica de Identificación Laboral (Cuil) trámite insoslayable para ser registrado como empleado. Dicho en otras palabras, la persona seguirá siendo empleada "en negro". Tampoco podrá ingresar a un plan social de empleo: "la base de datos se inicia con el número de documento, así que la persona debe tener al menos una constancia de tramitación", se indicó desde la Gerencia de Empleo.