Con sede en Reconquista, nacida en 1980 en Cáritas Diocesana y personería jurídica propia desde 1997, la Fundación Servicio Jurídico Solidario viene trabajando desde hace 25 años en los departamentos General Obligado y Vera "con la gente más pobre y alejada de los centros urbanos, de las instituciones y reparticiones públicas". En ese contexto, sus integrantes también se encuentran con muchas personas "de todas las edades" que no tienen regularizada su documentación de identidad.

Así lo señalaron Celia Lagomarsino, Claudia Bonaz y Mario Casco, integrantes de la Fundación, cuyas líneas de acción tienen que ver con problemáticas de regularización dominial de la tenencia de la tierra, atención y asesoramiento jurídico-legal, temas de familia, formación e información de derechos. En un informe, exponen que una de las cosas que dificulta que la gente de estos sectores pueda sacar el DNI es que tienen que trasladarse desde los barrios o las zonas rurales a los centros urbanos y presentarse ante el Registro Civil y otras instituciones, "todas situaciones que generan vergüenza y asustan. Las personas se sienten inseguras frente al trámite", a lo que se suman las dificultades propias del analfabetismo o alfabetización básica.

Además, tienen que hacer largas colas y perder días enteros: "Las personas se cansan y abandonan la causa. Ésta es una falla del sistema y una falta de conciencia de la población acerca de la importancia de tener un documento, importancia que reconocen cuando necesitan hacer un trámite administrativo o judicial".

A todas estas dificultades, se agregan los costos y las distancias: "Para hacer el documento necesitan una foto 4 por 4 y en el monte no hay fotógrafos; la única manera es que se junten varios vecinos y llamen a un fotógrafo. Pero además hay que tener dinero para pagarle".

Por los diferentes traslados, en las zonas rurales, porque no tienen vivienda propia, y porque se desplazan para buscar trabajo, se presentan muchas situaciones de pérdidas de documento, o falta de renovación a los 16 años. "En otros casos hay mayores no inscriptos (no con tanta frecuencia) y menores no inscriptos (en mayor cantidad). Hasta se han dado casos de ancianos que nunca han sido inscriptos", detalla la fundación.

Desde hace unos meses, se trabaja en la regularización de los documentos de una comunidad, parte aborigen y parte criolla. "Allí nos encontramos con más de 80 trámites por realizar, que son sólo los que se acercaron para hacerlo y forman parte de esta comunidad de alrededor de 200 familias".

En la Cuña Boscosa, "los casos son más numerosos todavía. Nadie sabe cuánta gente con esta problemática vive dentro del monte".

Dificultades para acceder al sistema de salud, para anotar a los hijos, para obtener planes de ayuda asistencial, para formalizar un reclamo laboral, figuran entre las principales dificultades que enfrentan las personas sin documento. En definitiva, "tienen impedido el ejercicio concreto del derecho porque para cualquier trámite lo primero que piden es el DNI".

Un derecho legalmente resguardado

La Ley 26,061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, reglamentada por decreto nacional 415/06 contempla distintos mecanismos para asegurar el acceso al documento de identidad.

El los últimos párrafos del artículo 12 se establece que "si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro de salud se detectare que la madre y/o el padre del niño por nacer carecen de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento deberá informar a los organismos competentes a fin de garantizar el acceso a la tramitación y expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente".

"Si la indocumentación de los padres continuara al momento del parto, se consignará nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos, en el certificado de Constatación de Parto que expida la unidad sanitaria pertinente".

Por último y en relación con la identificación de los niños recién nacidos "se estará a lo dispuesto por la Ley N° 24.540 y su modificatoria Ley N° 24.884. Se propiciará la localización de oficinas del Registro Civil en todas las maternidades y establecimientos que atienden nacimientos".

El art. 13 declara la "gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños y niñas y adolescentes nacidos en el territorio nacional".

Timoteo Torres vive en una humilde casilla de poco más de 3 metros cuadrados que unos vecinos construyeron para él, en el límite oeste de San Pantaleón. Sin condiciones mínimas de higiene, este abuelo de 80 años, no goza de ningún beneficio estatal porque está indocumentado.

Timoteo desconoce la razón por la que sus padres no realizaron el trámite de inscripción en el Registro Civil, pero pudo comprobar a lo largo de su vida cuáles son los beneficios que se pierden. "Antes, sin documentos, no se podía entrar al cine, ir al baile o a reuniones así. No podías entrar a ningún lado; ahí era donde yo perdía", sintetizó Torres.

Sin embargo, este abuelo se las ingenió para no sufrir privaciones. "Yo tenía un documento falso, que me lo había dado un empleado de la policía, y con ese estuve en muchas grandes ciudades", contó Torres.

Cada vez que le solicitaban el DNI entregaba "el que no valía nada". Sin embargo, esta treta dejó de servirle. Por no tener identificación, Timoteo fue excluido de su legítimo derecho a ser indemnizado por las inundaciones. "Sin documento no agarrás ni una moneda de la inundación. Yo ya llevo dos o tres de las grandes y me he quedado sin nada. Pero como siempre fui trabajador y en aquel tiempo la plata valía, me hacía enseguida un rancho o una casita y no necesitaba pedir nada", manifestó Torres.

Este abuelo que siempre se las rebuscó trabajando en algún oficio vive hoy en la miseria y, a diferencia de otros que cuentan con sus documentos de identidad, no recibe ningún beneficio social.

La gran cantidad de denuncias puntuales que ingresaban al 0800 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia motivó al organismo a encarar un programa sistemático para relevar a las personas indocumentadas.

El trabajo, que comenzó el año pasado, se lleva a cabo con la colaboración de la Subsecretaría de Justicia, el Registro Civil y las instituciones barriales. "Por más que pongamos batallones de empleados nuestros, sin las organizaciones que están insertas en la comunidad no podríamos trabajar. Ellos conocen a los vecinos y hablan con otra confianza. Las asociaciones son nuestras aliadas estratégicas en esta tarea porque nos plantean las situaciones concretas y de esa manera vamos cubriendo todo el territorio", explicó Susana Figueroa, directora Provincial de Políticas y Planeamiento de la Secretaría de Derechos Humanos.

Aunque todavía no tienen los resultados de los relevamientos a nivel provincial, existen cifras preliminares del sondeo realizado por Ocastafé, la organización que nuclea a todas las comunidades indígenas de Santa Fe.

Con las planillas confeccionadas por la Secretaría de Derechos Humanos -con el asesoramiento del Registro Civil-, la entidad comenzó a censar a los aborígenes, cuyo número se cree que ronda los 35 mil.

"De las planillas que recibimos, detectamos 350 personas con problemas de documentación, el 10 por ciento de las cuales nunca había gestionado un DNI", sostuvo Figueroa, recordando que aparecerán más casos a medida que se avance en el relevamiento.

La funcionaria informó que el 90 por ciento de las personas con problemas de documentación provenían de un barrio toba rosarino, razón por la cual concurrieron al lugar para facilitarles el trámite, previa autorización del Registro Civil.

"Nos encontramos con situaciones totalmente diferentes. Estaba el que nunca había tenido documento, el que lo había perdido, el que no sabía dónde había nacido y el que decía tener una edad pero se notaba que tenía otra", comentó Figueroa.

Entre las causas que llevaron a muchos indígenas a no gestionar el DNI, se encuentra la larga historia de discriminación y negación a la que estuvieron sometidas las distintas comunidades.

"Fueron negando su identidad aborigen por miedo. Recién ahora, hay algunos que se atreven a hablar pero los más ancianos siguen teniendo temor. Un abuelo de Villa Dolores contó que hace 60 años, en la escuela se les negaba su ser indígena. Las maestras les decían que no eran aborígenes y que los indios eran los malones que veían en las láminas que ellas mismas les enseñaban. Hoy, la documentación, el registro con nombre y apellido, les da la identidad que les quisieron hacer ocultar".

Tanto con comunidades indígenas como con el resto de la población, la Secretaría de Derechos Humanos acompaña los operativos documentarios con talleres de capacitación en donde se les explica que "si bien el DNI es un papel tiene una significación importante: sin él, no sos ciudadano", sintetizó Figueroa.

En suma: la repartición se ocupa de darles a conocer sus derechos pero también de enseñarles a ejercerlos.

Consultada sobre las razones por las cuales recién ahora se nota cierto interés por conocer la situación de los indocumentados, Figueroa respondió que "hay temas que surgen como importantes de acuerdo al momento que se está viviendo. Los primeros derechos humanos que surgieron fueron los burgueses, derechos políticos y civiles. Después vinieron los sociales. Recién ahora la gente está tomando real dimensión de lo que es tener un nombre y un apellido que refuerce su identidad. Este cambio se dio por la mayor oferta de las agencias gubernamentales que brindan más participación, dan más importancia a la educación, a las ofertas de salud, a los planes y tiques de comida. Para acceder a todo esto, tenés que tener documento", concluyó Figueroa.