El reciente aumento boleto del transporte urbano de colectivos pone sobre el tapete el desigual trato que brinda el gobierno de la Nación a los ciudadanos que no pertenecemos a esa especie de tierra prometida que parece ser Santa Cruz o a los nuevos privilegiados del área metropolitana de Buenos Aires.

Mientras los usuarios santafesinos recibíamos la desagradable noticia de que el precio de la tarifa plana (el boleto normal) sufrió un nuevo aumento, que provoca en el término del último año haya acumulado un incremento del 27,78 %, el mismo día a nivel Nacional mediante el decreto 678/2006 se anunciaba un nuevo subsidio de 395 millones de pesos para el área metropolitana de Buenos Aires.

Y este subsidio está fundamentado en que, como lo indican los considerandos del mismo, "en el actual contexto económico y social, el estado Nacional viene realizando sostenidos esfuerzos a fin de asegurar el normal acceso de la población a los servicios públicos, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales.

Que la consecución de dicho objetivo requiere poner en equilibrio los caracteres de obligatoriedad, continuidad y regularidad a cargo de los efectivos prestadores de los servicios de Jurisdicción Nacional, siendo la política de compensaciones tarifarias que se viene aplicando respecto del transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano una adecuada herramienta para limitar el impacto sobre las tarifas de los incrementos de costos que ha experimentado el sector". Para nosotros, ¿esto no vale o no se aplica?

Es necesario dejar aclarado que, dada la complejidad del precitado decreto y todas las normas complementarias a que hace referencia el mismo, es difícil la interpretación de sus alcances. Pero en principio, y salvo prueba o aclaración en contrario, este se aplica solamente al área metropolitana de Buenos Aires por lo cual quedamos excluidos de este nuevo subsidio los usuarios del transporte urbano de los municipios del resto del país y particularmente el de Santa Fe. Esto es una vulneración a los derechos de protección de nuestros intereses económicos y de igualdad ante la Ley, consagrados en nuestra Constitución Nacional y al ordenamiento jurídico del país.

Es por ello que desde Adelco Santa Fe, y ante la duda, hemos enviado al Defensor del Pueblo de la Nación una denuncia en virtud de la situación planteada por la inequidad distributiva y discriminación originada en el sistema de subsidios que otorga la Nación para el transporte público de pasajeros tanto urbano como interurbano, consagrada de manera flagrante por el decreto 678/2006.

Y pese a que esta situación es conocida y reconocida por los funcionarios públicos de Santa Fe, no se han llevado adelante acciones tendientes a efectuar los pertinentes reclamos ante el gobierno nacional y dar solución a esta realidad que afecta en forma grave, lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías que les corresponden y poseen todos los usuarios de este servicio. Sobre todo los avalados por la Constitución Nacional, Derechos y Garantías contemplados para la protección y defensa de los Consumidores y Usuarios en el Art. 42, en cuanto a la protección de sus intereses económicos y al trato equitativo y digno (Art. 42 C.N), generándose una exclusión a los usuarios de este servicio, particularmente los de menores recursos, que solamente a modo de ejemplo deben observar cómo hoy abonan un boleto en el trasporte urbano de pasajeros de $1,15, cuando en Capital Federal abonan un boleto de $ 0,75.

En consecuencia requerimos del Defensor del Pueblo de la Nación su intervención conforme a derecho con el fin de reclamar la modificación del decreto 678/2006 para que los montos de los subsidios dispuestos en éste se distribuyan equitativamente entre todos los usuarios del país, con el fin de garantizar la igualdad ante la ley y demás derechos tutelados por la Constitución Nacional y, de esta manera, dejar de sentirnos kelpers en nuestro propio país.

Finalmente, y como el decreto no es del todo claro y deja un cierto grado de incertidumbre sobre sus alcances, sería razonable suspender el incremento de cinco centavos por un plazo de una semana hasta que queden despejadas todas las dudas.