La movilización de los estudiantes secundarios en Chile ha sorprendido a la opinión pública, pero a quien más ha sorprendido es al gobierno presidido por la socialista Michelle Bachelet. En la Argentina, por ejemplo, desde los tiempos de la denominada "laica o libre", ocurrida durante el gobierno de Arturo Frondizi, no se conoce una movilización de esta envergadura por parte de los estudiantes secundarios.

A menos de ochenta días de haber llegado a la presidencia de la Nación, Bachelet debe resolver una crisis planteada en la enseñanza media que moviliza a cientos de miles de estudiantes y cuenta con la solidaridad de padres, universitarios y docentes, un nivel de adhesiones que alcanza, incluso, al movimiento obrero organizado.

Los estudiantes chilenos reclaman, entre otras reivindicaciones, el boleto estudiantil gratuito y no pagar para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Los alumnos de nivel secundarios vienen planteando estas medidas desde hace años, pero ahora han decidido salir a la calle para hacer oír sus reclamos.

La legislación que se exige reformar fue aprobada en el último período de la dictadura de Pinochet. Muchos de los estudiantes que ahora se movilizan no habían nacido o era muy niños cuando ya este régimen estaba vigente. Los gobiernos de la Concertación no supieron o no pudieron producir cambios y ahora deben afrontar una crisis, que de haberse asumido a tiempo no habría provocando estos trastornos.

La moraleja de estos acontecimientos es que los gobiernos deberían preocuparse por dar soluciones eficaces a demandas postergadas, antes de que estalle el conflicto social. La experiencia enseña que esta elemental norma de sabiduría política raras veces es tenida en cuenta por quienes gobiernan, dado que con frecuencia toman decisiones exigidos por las circunstancias.

Se sabe que quienes ejercen el poder suponen que toda movilización en su contra es promocionada por algún grupo opositor. En el caso que nos ocupa, los dirigentes estudiantiles pertenecen a un amplio abanico político que va desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, pasando por el propio Partido Socialista en el que milita Bachelet y la Democracia Cristiana.

A nadie se le escapa que cerca de un millón de estudiantes movilizados algún efecto político provoca, es decir, a alguien beneficia y a alguien perjudica. Por lo pronto, el gobierno de Michelle Bachelet ha iniciado el diálogo con los huelguistas y, en breve, ha prometido elaborar una propuesta que contemple sus reclamos. La presidenta de la Nación, personalmente, ha tomado cartas en el asunto antes de que la crisis se extienda a los universitarios y los trabajadores. Por lo pronto, los dirigentes estudiantiles han rechazado sus ofertas y han convocado a otro paro. Con todo, el gobierno chileno sigue creyendo que es posible llegar a un acuerdo.

Digamos que los secundarios chilenos están protagonizando una suerte de inesperado "mayo francés". El tema merece ser analizado, porque en la Argentina el régimen de enseñanza media está muy lejos de ser satisfactorio y sería deseable que antes de que la crisis estalle o la decadencia del sistema sea irreversible, se promuevan reformas sin necesidad de estar acosado por los hechos, como lo está en estos momento el gobierno chileno.