El ex presidente Fernando de La Rúa era indagado este mediodía por el juez federal Daniel Rafecas, como imputado en la causa en que se investiga el presunto pago de sobornos a senadores nacionales para la aprobación de la ley de reforma laboral en abril de 2000.

De la Rúa concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Py 2002, Capital Federal, acompañado por sus defensores Virgilio Loiácono y Miguel Ángel Almeyra, quien adelantó que su asistido estaba dispuesto a "dar todas las explicaciones".

Almeyra adelantó que De la Rúa demostraría "matemáticamente" que no necesitaba los votos de los presuntos sobornados para la aprobación de la ley, puesto que "ya tenía los dos tercios" necesarios y que "son una novela" los dichos del arrepentido Mario Pontaquarto.

La indagatoria se inscribe en el marco de las medidas recientemente ordenadas por el magistrado y tendientes, entre otros aspectos, a corroborar la reunión que el "arrepentido" Pontaquarto dijo que se celebró en la Casa de Gobierno, donde De la Rúa habría dispuesto al pago de los sobornos.

En este expediente, están procesados (en una medida confirmada por la Cámara Federal) Pontaquarto, el ex jefe de la SIDE delarruista Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique y una medida docena de ex senadores.

A los funcionarios radicales (entre ellos al ex senador de ese partido José Genoud) se les imputa "cohecho activo" (pago de coimas), mientras que los legisladores justicialistas imputados de "cohecho pasivo" (cobro de los sobornos) son Augusto Alasino, Remo Constanzo, Emilio Cantarero, Alberto Tell y Ricardo Branda.

La causa se reactivó en diciembre de 2003 con la confesión de Pontaquarto, quien dio detalles de la operación, de cómo retiró el dinero de la SIDE y del itinerario que siguió hasta dejar ese cargamento en la casa de Cantarero.

De acuerdo al "arrepentido", en la primera quincena de abril de 2000 hubo una reunión en la Casa de Gobierno en la que se le transmitió al entonces presidente De la Rúa la "exigencia" que tenían senadores justicialistas para aprobar la ley 25.250, actualmente derogada.

En esa reunión, se habría instruido a Genoud para que arreglara la cuestión con De Santibañes, por lo que el ex legislador le delegó a Pontaquarto la misión de ir el 18 de abril de 2000 a la central de inteligencia a retirar cinco millones de dólares en dos maletines y una caja de cartón, que luego fueron entregados a Cantarero.