Según recientes informaciones, el empleo público en la Argentina sigue creciendo. Si en el primer semestre del año pasado el presupuesto fue de aproximadamente 2.500 millones, en el semestre que concluye ha trepado a los 3.200 millones, lo que representa un aumento del 30 por ciento. La cifra, huelga decirlo, es alta para un país que pretende manejar su gasto público con racionalidad.

La responsabilidad central es del gobierno, pero pese a haber ratificado su política de superávit fiscal -postura que implica un rasgo de seriedad-, en este terreno tiende a repetir un error histórico y común a la mayoría de los gobiernos: la tentación de resolver por la vía del empleo público los problemas de desocupación o de conquistar adhesiones políticas a través del "premio" de un cargo público.

Conservadores, radicales y peronistas han caído sucesivamente en esta equivocación, y otro tanto puede decirse de las dictaduras militares que incurrieron en el mismo vicio por lo que no es exagerado concluir que en la Argentina la designación discrecional de empleados públicos es una suerte de deporte nacional.

El tema va más allá de una cuestión económica, en tanto lo que se compromete en estos casos es la eficiencia administrativa, concepto perturbado por una perniciosa concepción de la burocracia estatal. Está claro que para muchos gobiernos, los nombramientos de empleados públicos se hacen reclamando como contraprestación adhesiones políticas. Las redes de comités del radicalismo yrigoyenista y las unidades básicas de signo peronista se transformaron en las diferentes coyunturas históricas en proveedoras de empleos.

El actual gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales se mantienen fieles a esta tradición, a pesar de las advertencias sobre los costos y perjuicios que esta práctica supone.

Parecería que para los políticos es más cómodo resolver el tema de la desocupación por la vía del empleo y el subsidio que a través de un esfuerzo sostenido, por crear condiciones económicas en la sociedad civil, capaz de generar trabajo genuino y dignificante.

Es necesario entender, además, que el Estado no es un corralón apto para contener a los favoritos del gobierno de turno. Se supone que el empleado debe cumplir una tarea y que ésta debe realizarse con la mayor preparación y eficiencia porque de ello dependen la seguridad, la educación, la salud o la legitimidad y transparencia de los negocios públicos.

Por lo tanto, la designación de incondicionales atenta contra los mencionados principios. En los Estados modernos, se accede al empleo público por la vía del concurso, y los ascensos se promueven y justifican mediante procedimientos públicos. En los Estados emergentes, estas instancias de evaluación están reducidas a su mínima expresión y lo que se suele imponer sobre las normas es el "premio" al incondicional.

O sea que esta práctica es negativa por doble partida: se incrementa sin necesidad el gasto en perjuicio de los contribuyentes y se deterioran los servicios públicos por la carencia de recursos humanos capacitados.