Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez Zapatero tienen más cosas en común de lo que podría imaginarse. En los últimos tiempos, el mandatario español ha sufrido de sus opositores cuestionamientos casi calcados de los que viene recibiendo el presidente argentino. Se lo acusa de haber reabierto las heridas de la Guerra Civil Española; también se lo critica por acordar con el grupo terrorista vasco ETA y por sus peligrosas amistades con Hugo Chávez y Evo Morales, al tiempo que desde el derechista Partido Popular se le endilga haber echado a perder la relevancia internacional que cosechó España durante la presidencia de José María Aznar y de estar conduciendo el país hacia el aislamiento con su política exterior.

Curiosamente, a Kirchner también se le cuestiona su afán por evitar que se cicatricen las heridas que dejó la lucha antisubversiva y el terrorismo de Estado, al igual que la elección de los presidentes venezolano y boliviano como sus aliados internacionales.

Fue Rodríguez Zapatero quien dispuso el retiro de las tropas españolas de Irak. Y fue su gobierno el que concretó la venta más importante de armamento realizada al régimen de Chávez.

El presidente argentino encontró así el lugar y el momento propicios para pasarle una factura al gobierno de George W. Bush. "Aspiramos a profundizar nuestra integración con Europa a través de España. En nuestra región, quien tendría que cumplir ese rol de integración no lo cumple. Estados Unidos nos ofrece procesos de integración que no son beneficiosos para nuestros pueblos. Y cuando estuvimos en crisis, tuvimos que arreglarnos solos", afirmó. Pareció un mensaje en clave europea. Es bastante probable que, en las elecciones legislativas de noviembre próximo en los Estados Unidos, el Partido Republicano pierda la mayoría en ambas cámaras y que Bush se convierta en un pato rengo por los dos años que le quedan de mandato.

Aun cuando convocó a comprender la realidad de Venezuela y de Bolivia, a cuyos presidentes se preocupó por reivindicar, tildándolos de progresistas y alejándolos del populismo que se les endilga, Kirchner intentó distanciarse del camino de la nacionalización de empresas seguido por esos dos países.

De esta manera, se buscó que quienes escucharan al primer mandatario argentino se convencieran de que España necesita un interlocutor en América latina y la Argentina, una puerta a Europa.

Kirchner regresó de Madrid con un caluroso elogio de su par español, quien lo definió como "ejemplo" y "baluarte" en materia de derechos humanos para toda América latina. Fue como música para los oídos de Kirchner y sus adláteres. Había llegado a España precedido de comentarios fuertemente desfavorables por parte de la prensa madrileña, probablemente más duros de los que está acostumbrado a escuchar y leer en los medios periodísticos de su propio país. Y los diarios de Madrid lo despidieron con no menos críticas.

Existió y existe una magnífica sintonía política entre Rodríguez Zapatero y Kirchner, interferida casi exclusivamente por los problemas que arrastran en la Casa Rosada las empresas españolas que gestionan los servicios públicos.

Lo cierto es que las empresas de capitales españoles están menos pendientes de lo que pueda sugerirles el gobierno de su país que del humor de sus accionistas.

"Somos ahora más socios que antes", concluyó el presidente argentino sobre su visita a España. �Será realmente así?

El anuncio de Repsol YPF de que invertirá dos mil millones de dólares más de lo previsto originalmente en los próximos tres años constituyó una de las mejores noticias del viaje. Funcionarios del gobierno nacional destacaron también el interés del grupo Endesa en la construcción de dos centrales termoeléctricas que empleen carbón, al tiempo que enfatizaron que, según Telefónica de España, el año próximo el 80 por ciento de los argentinos tendrá teléfonos celulares.

Pero, por encima de esos anuncios, quedó la preocupación manifestada por los inversores españoles en torno de la seguridad jurídica de nuestro país, agravada por la actitud de Kirchner, quien una vez más no pudo con su genio y se atrevió a criticar a quienes invirtieron en la Argentina durante la década del noventa y hoy reclaman reglas de juego estables.

Un importante integrante de la comitiva argentina confió que hasta un alto funcionario del gobierno español minimizó aquellos reclamos empresariales. "Los empresarios se quejan de que ustedes les cambiaron las reglas, cuando en realidad, simplemente, se las han fijado, porque nunca antes las habían tenido", dijo un funcionario argentino que le admitió un par español.

La tesis del gobierno argentino es que "no hay mayor seguridad jurídica que la que puede otorgar un país que en 44 meses no ha dejado de crecer". Pero esa concepción, basada en que el capital va allí donde advierte oportunidades de negocios independientemente del riesgo de que las reglas puedan cambiar de la noche a la mañana, tiene notorias limitaciones, según otras fuentes empresariales.

En los últimos meses, no pocos hombres de empresa se lamentan de un estilo presidencial vinculado con una particular concepción de la intervención estatal. Ese estilo no se relaciona tanto con el estatismo a la vieja usanza, en el cual el Estado se apropia de las empresas privadas, sino con la presión directa o indirecta de funcionarios para remover a los directores de empresas de áreas económicas estratégicas que no son dóciles ante los deseos gubernamentales. Se trata de la misma presión que ha llevado a grupos económicos extranjeros a abandonar el control de compañías privatizadas y que se vieron forzados a venderles su participación a grupos más afines al gobierno, cuando no se les arrancó la concesión para avanzar hacia la reestatización de la empresa, como ocurrió con Aguas Argentinas.

Detrás de esa concepción intervencionista -esgrimen los críticos del gobierno nacional- subyace el velado propósito de controlar políticamente cualquier factor potencial de poder, sea económico, social, militar, eclesiástico o vinculado con la prensa.

Esa crítica ha comenzado a ser levantada por Roberto Lavagna desde el momento en que advirtió públicamente sobre los peligros que encierra el capitalismo para los amigos que le atribuye al gobierno nacional.

Es cierto que ese cuestionamiento ya había sido difundido con anterioridad por Elisa Carrió, pero al gobierno parece preocuparle más escuchar tales argumentos en boca de su ex ministro de Economía.

Tal vez para contrarrestar el efecto Lavagna, importantes hombres de la Casa Rosada, entre los que están el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, buscan atraer a un cargo público relacionado con la promoción de las inversiones a la economista Beatriz Nofal, ex diputada nacional por el radicalismo y ex subsecretaria de Industria en la época de Raúl Alfonsín, de la mano del propio Lavagna. Sin embargo, subsisten hasta ahora en el gobierno dudas sobre la llegada de Nofal, hoy ocupada junto con sus hermanas en la administración de una próspera bodega familiar.

Entretanto, proseguirán desde el kirchnerismo los esfuerzos para cooptar a gobernadores del radicalismo, temerosos de que una temprana candidatura de Lavagna apoyada por la UCR determine que el Tesoro nacional les corte los víveres.