"Ponemos a consideración del oficialismo y de la ciudadanía un proyecto para superar la actual situación de la Empresa Provincial de Energía, manteniéndola en la órbita del Estado con una estructura ágil y con un plan estratégico que la haga sustentable en el mediano y largo plazo", afirmó Antonio Bonfatti, jefe de los diputados socialistas al presentar una propuesta de marco regulatorio del sistema energético de la provincia.

La iniciativa lleva la firma de los 22 diputados de la oposición y desde la tarde será el único proyecto con estado parlamentario sobre el tema debido a que el mensaje del Poder Ejecutivo y otros proyectos sobre la cuestión caducaron en noviembre último. La presentación se hizo esta mañana en la presidencia de la Cámara Baja; el titular de la bancada socialista estuvo acompañado por sus pares de bloque, además de radicales, aristas y demoprogresistas. Precisamente, el "consenso alcanzado después de varias reuniones" fue uno de los puntos que se rescataron durante la conferencia de prensa.

Partiendo de un diagnóstico "malo" de la actual EPE (ver aparte), Bonfatti se encargó de presentar el proyecto que dispone la creación de un marco regulatorio del sistema electro energético, con particularidades propias del servicio y especificidades en la calidad y determinación del cuadro tarifario a aplicar.

"Se propone dotar a la Empresa Provincial de la Energía de una figura jurídica acorde a su desempeño empresario dentro de la órbita del Estado. La figura de la Sociedad de Estado permite asegurar, por un lado, una mejora sustancial del perfil empresarial de la prestadora y, por otro, garantiza la propiedad inalienable de la provincia sobre ella, situación en la que parece haber un consenso mayoritario de los diferentes sectores políticos y partidarios".

Recoge luego la experiencia de otras provincias donde se ha reemplazando al Estado en la titularidad de los servicios de distribución y suministro de energía eléctrica. "Algunas provincias han procedido a la privatización del servicio pero esto no ha significado un beneficio para el usuario sino lo contrario, pese a lo que implicó la pérdida de un patrimonio estatal tan importante", explicó.

El proyecto de la oposición se inclina por la figura de Sociedad del Estado por entender que permite un control de gestión, legalidad y auditoría por parte del Estado a través de la propiedad de la totalidad del capital social, el poder decisorio en las asambleas y la designación de integrantes en el directorio y la comisión fiscalizadora.

Bonfatti subrayó que "a través de su constitución como Sociedad del Estado se posibilita la reorganización administrativa, contable y financiera de la EPE con la finalidad de que opere con alto grado de dinamismo, eficiencia y economicidad. Es con la incorporación y utilización de formas privatísticas reguladas especialmente por normas de derecho comercial y de sociedades, apartada de los cuadros de la administración pública y excluida de las leyes de contabilidad y obras públicas por la misma ley 20.705, sin perjuicio de la aplicación del derecho administrativo en aquellas relaciones jurídicas de administración, dirección y control, lo que posibilita la participación ágil y dinámica del Estado mismo en el mercado".

Según los diputados, la entidad gremial del sector ha sido consultada sobre la viabilidad de la figura y la iniciativa pretende además acentuar el rol de los usuarios y consumidores en la prestación del servicio. También prevé la participación de municipios y comunas en la dirección y administración de la empresa.

Es así que se prevé integrar el directorio de la Sociedad del Estado con miembros designados por la asamblea de accionistas, uno por los municipios, otro por los trabajadores, uno por las cooperativas y un restante elegido por los usuarios. Además incorpora un consejo asesor, un cuerpo de asesoramiento y consulta no vinculante del órgano de dirección. También está prevista la convocatoria a audiencias públicas como instancia consultiva previa a la toma de decisiones.

En otros artículos de los 123 que contiene la iniciativa establece mecanismos de fiscalización interna, la posibilidad de requerirse auditorías generales o específicas y también una fiscalización de carácter externo para un mayor contralor.

Prevé la posibilidad de establecer subsidios cruzados entre diferentes categorías de usuarios y que el Estado asuma la responsabilidad en la atención de los llamados casos sociales.

Reafirmando el concepto de la autonomía de los municipios y comuna, la iniciativa establece un aporte impositivo del seis por ciento de sus ingresos sobre el importe básico recaudado sin deducciones, por venta de energía eléctrica consumida dentro de cada distrito municipal o comunal.

Cuando Antonio Bonfatti fue consultado acerca de la situación actual de la empresa, no dudó en calificarla como "mala". Para fundamentarlo, reveló que de acuerdo con circulares internas de la propia EPE, la proyección del déficit previsto para este año sería de "unos 103 millones de pesos; la propia empresa hace ese cálculo".

"El hecho de ser deficitaria en sí misma no habla ni mal ni bien de ella -aclaró el legislador-, siendo que es una prestadora de servicios elementales y el Estado bien puede subsidiarla. Lo que sí habla muy mal de la EPE es que factura el 50 por ciento de lo que la empresa cobra, que el fraude energético llega al 40% y que no haya obras. Si después de 23 años están anunciando como la gran obra darle electricidad a 110 escuelas, es porque muy poco se ha hecho con esta empresa".

A propósito de lo que el Estado puede subsidiar, Bonfatti recordó un decreto firmado recientemente por el que el Ejecutivo "aporta 40 millones de pesos para subsidiar a la EPE. Esto no me parece mal -insistió el diputado- si tuviera una política, y supiéramos dónde va". Bonfatti aludió también a un crédito cedido por el Banco de la Nación que tras la pesificación quedó en 150 millones de pesos, y del que la empresa desde enero "sólo está pagando los intereses".

Precisamente ayer, el interventor de la empresa, Luis El Halli Obeid, había sido consultado sobre la situación financiera de la empresa. El funcionario confirmó en la ocasión que se perdían 80 millones por el hurto de energía, que la situación era "crítica" y que sus ingresos están "planchados".

La oposición, en tanto, cuestionó que se mantenga como conducción de la empresa la figura de la intervención.

"La defensa de los acusados por presuntos fraudes energéticos se basa en la ilegalidad de la intervención de la empresa", dijo el diputado Marcelo Brignone.

EPESE

El artículo 8 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a la transformación de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe en Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe Sociedad del Estado que se someterá en su constitución y funcionamiento a las normas que regulan las sociedades dispuestas en la ley nacional N� 20.705.

La firma se llamará EPESE, tendrá domicilio legal en nuestra capital y se inscribirá por 35 años.