El ministro de Salud y Ambiente de la Nación, Dr. Ginés González García, expresó ayer su confianza en una pronta sanción en el Senado de la Nación de la ley que habilita métodos de anticoncepción quirúrgica, aprobada en Diputados, y adelantó que la cartera avanzará en una política contra la obesidad.

El ministro consideró, además, en una reunión con senadores, que la Cámara Alta aprobará la ley antitabáquica que impulsa el gobierno nacional, la cual limita la publicidad de cigarrillos y avanza en planes para ambientes libres de humo, entre otros puntos.

Tras una hora de reunión con senadores del Frente para la Victoria-PJ, en el marco de la ronda de consultas con ministros, González García dijo que la ley para habilitar la ligadura de trompas y la vasectomía como métodos de anticoncepción establece "la equidad de acceso y el derecho a decidir de la población". En diálogo con periodistas, negó que esas prácticas sean abortivas, ya que, según consideró, "sólo suspenden o bloquean la fertilidad".

El objetivo del proyecto, manifestó el ministro, es "darle por ley a la población los mismos derechos, independientemente de su situación económica".

Por otra parte, para aventar críticas a la propuesta, el ministro dijo que "nunca hubo tanta información y entrega de insumos gratuitos", en relación con la anticoncepción, y recordó que también hay "un programa de salud reproductiva" para la población.

La Cámara de Diputados aprobó, a fines de junio, el proyecto de ley que autoriza en el sistema público y privado de salud la anticoncepción quirúrgica, como ligadura de trompas de Falopio en la mujer y vasectomía en el hombre. El proyecto, aprobado con 147 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, sostiene que "toda persona mayor de edad tienen derecho a acceder" a ambas prácticas en forma gratuita.

Los diputados apuntaron a legalizar una práctica que, si bien es aceptada en 14 provincias, en la legislación nacional sólo está prevista si existe una expresa indicación médica. La norma considera que, antes de la cirugía, un médico debe informar la "naturaleza e implicancia" de la intervención, sus riesgos y posibilidades de reversión, como también las alternativas en materia de anticoncepción. Los "incapaces" sólo podrán acceder si media una autorización judicial.