El 8 abril de 1999 una movilización de productores ubicados aguas abajo del puente sobre el Arroyo Leyes (PAL) alteró el escenario favorable a la nueva obra. Con esa acción, se inició una presión extraña al ámbito del debate técnico y en favor de la regulación del sistema Leyes Setúbal (SLS): el tractorazo derribó la licitación que estaba a punto de realizar el gobierno de Jorge Obeid, a sólo un año y medio de instalado el Bailey, un plazo razonable para los tiempos del Estado...

De aquí en más se sucederían las frustraciones: habría una constante demostración de fuerza de ese sector y su contrapeso estaría dado por masivas convocatorias de legisladores y autoridades comunales de todos los partidos políticos (excepto el PDP) que reclamaban -y reclaman- el puente.

Así nació la Comisión Pro Regulación del SLS de quinteros y hacendados de Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia, Monte Vera, Arroyo Aguiar y Campo Andino. En el último año de su primer mandato, Obeid decidió "no avanzar sin consenso".

En enero de 2000, el segundo gobierno de Carlos Reutemann prometió hacer el puente, pero con una previa convocatoria a "conciliar posiciones". El PAL era parte del Programa de Protección contra Inundaciones (PPI) del Banco Mundial (BM), que ya llevaba 3 años.

En el primer trimestre los senadores Duilio Pignata y Eduardo Zilli lograron impulsar movilizaciones que reclamaban una licitación urgente, y en el mismo sentido, el titular del Mosp, Juan Morín lamentaba haber "perdido más de un año". Corenosa, por su parte, convertía en una bandera algo tan básico como la transitabilidad de la ruta 1, clave para sus productores.

También nació la Comisión Permanente de Contralor y Mantenimiento de Terraplenes y Defensas de la Comuna de Arroyo Leyes, luego de la Zona de la Costa, que ha seguido atentamente la polémica. Apoyada en los estudios sobre el SLS advirtió que, si subían con la regulación las aguas del Colastiné, "las demandas no serán solamente de 20 ó 30 propietarios (la otra Comisión), sino de varios miles de habitantes desde La Guardia hasta Saladero Cabal".

Por entonces, la diputada Silvia Migno (UCR) decía que se habían tirado $ 2 millones en piedras para sostener el PAL, desde 1998.

En junio y julio el Concejo Municipal santafesino desarrolló jornadas de debate institucional que mostraron con la mayor seriedad posible las dos posiciones, irreconciliables. Y allí los funcionarios de Reutemann comenzaron a admitir que en lugar de licitar un nuevo puente, se cambiaría por un recalce del existente, con sólo 3 millones.

Para febrero de 2001 el gobierno había dado 180 grados a su posición inicial: licitó lo que el entonces ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier consideraba "la obra posible", el recalce, apenas útil para salvar el viejo puente. El gobierno admitió que había perdido el préstamo del BM.

Pasaron 6 meses sin novedades. La inacción se reflejaba en pedidos de informes en la Legislatura.

En septiembre se supo por qué el gobierno no decía nada. Se había producido un nuevo cambio de opinión en la administración de Reutemann: se había conseguido otra vez el préstamo del BM y en lugar del recalce se haría el proyecto del nuevo puente, de unos 9 millones. (El recalce se descartaba porque en lugar de 3 iba a costar más de 5 millones). El PAL a construir de 440m de luz, se ubicaría unos 180m aguas arriba del actual. Frente a las críticas de los productores, el gobierno prefirió decir que la obra no impedía "una hipotética futura regulación". Para ser coherente, agregaba que hacía falta un nuevo estudio integral de todo el SLS (con lo que desautorizaba los anteriores).

La directora regional del BM, Myrna Alexander, ratificó que un nuevo puente "no produciría alteración del SLS, su régimen hidráulico y niveles de inundación natural de las áreas aledañas", como decían todos los informes técnicos existentes (excepto el de la ex Gerencia Paraná Medio). El BM daba una segunda oportunidad a Santa Fe. Sería la última.

El 14 de ese mes se licitó el puente. Las cuatro ofertas superaron en más del 40% el presupuesto de casi 10 millones. Aún regía el peso-dólar pero el riesgo país ya se había disparado. Otra vez, se perdieron el crédito y la licitación, en medio del corralito y la devaluación que paralizaban casi todo.

Recién en 2003, muy tibiamente, se reanudó la obra pública, pero el gobierno estaba en retirada y jaqueado por la inundación en Santa Fe y sus secuelas: aún así, se comprometió a licitar nuevamente el puente antes del fin de ese año.

En setiembre se limpiaron los aliviadores de la 168 y se inició la ejecución del puente para facilitar el escurrimiento en el Corte Grande de Alto Verde. También se licitó (y luego adjudicó y ejecutó) el nuevo puente sobre el arroyo Potrero, cercano al Leyes. El presupuesto fue de casi 2,5 millones.

En octubre, a punto de irse, el gobierno admitió haber perdido toda chance de financiación externa. Ahora la obra costaba unos 30 millones de pesos. El Mosp dijo primero que buscaría financiación nacional y luego redoblaría la apuesta: si hiciera falta se licitaría con recursos de su Tesoro. Reutemann prometió abrir los sobres antes de terminar su mandato, pero finalmente le habría de pasar la pelota al próximo gobernador.

A días del traspaso del mando se anunció y convocó a una licitación para el 28 de noviembre (el 10 de diciembre asumía Obeid). Los pliegos estaban terminados y el presupuesto oficial era de 31,8 millones, pero en el mismo día de la licitación, ésta -curiosamente- se postergó al 17 de diciembre.

Corrían los últimos días de 2003, y los primeros cinco de la actual gestión. Alumbraba un nuevo discurso del sector pro regulación: "Santa Fe se va a inundar por el Este", decía una solicitada.

El temerario slogan pretendía subirse a los reclamos de justicia y las movilizaciones que había generado la inundación del Salado, que además de dejar un saldo luctuoso y ruinoso, había quebrado la credibilidad de los ciudadanos en la competencia de los organismos oficiales frente a los problemas hídricos. La Vecinal 7 Jefes se sumaba a los productores. Insistía en que eran necesarios nuevos estudios.

El flamante titular del Mosp Alberto Hammerly admitió que evaluaba las posiciones. Para la licitación (que venía de la gestión anterior) se habían comprado 17 pliegos. El 17 se abrieron finalmente 10 sobres y casi todas las ofertas fueron mayores que el presupuesto oficial, algunas en 5 millones.

Para calmar a los que decían que el puente actual funcionaba como un "tapón", Hammerly hizo una oferta basada en el sentido común: dejar la vieja estructura en pie, aún cuando se terminara el nuevo PAL 180 metros aguas arriba.

Para 2004, mientras se sucedían las protestas y reclamos de damnificados por la inundación del Salado, Obeid cambió el rumbo: el gobernador quería "dialogar sobre las obras cuestionadas".

Al estrenar su segundo mandato dijo que "lo lamentable sería que la obra no se haga".

Los productores y vecinalistas pro regulación buscaban un pronunciamiento de la Municipalidad (y le recordaban su triste papel durante el ingreso del Salado al casco urbano), el titular del Mosp se limitaba a decir que todo estaba "en evaluación" (sólo faltaba la adjudicación del PAL).

En febrero el Mosp ratificó que habría adjudicación, y difundió batimetrías sobre erosiones que comprometían al puente existente. Reiteró que los estudios consideraban perjudicial una regulación, pero todo cambiaría a fin de mes: el gobierno dio marcha atrás y se comprometió a realizar nuevos estudios antes de adjudicar la obra, que recién en la actualidad serían adjudicados. (Ver aparte).

Aunque Hammerly aceptó que la regulación y su embalse "podían repercutir en las defensas de la ruta 1 (de Rincón a La Guardia) y provocar que el agua entrara por los aliviadores de la 168, en sentido inverso", el puente no se hizo.

En marzo de 2004, funcionarios y productores pro regulación, firmaron un acta acuerdo: la polémica se resolvería técnicamente con un nuevo estudio sobre el SLS y el tramo medio del Paraná. Se anunció que sería realizado por la Fich-UNL y el INA. Es el estudio cuyo contrato de adjudicación acaba de firmarse con una consultora privada tras una licitación.

Entre tanto, al mes siguiente comenzaron las quejas de las entidades intermedias, autoridades comunales y la gente que vive en la Costa ante la nueva postergación. En San Javier 2.000 personas reclamaron un puente nuevo, y en una posterior visita el gobernador dijo: "los que queremos hacer el puente hemos recibido en los últimos días un espaldarazo importante: una multitudinaria asamblea realizada aquí, en apoyo a la obra".

En agosto, pese a esas palabras, se supo que la obra reclamada no estaría en el presupuesto 2005 (y un año después, que tampoco lo estará en el de 2006)."No haremos, por ahora, el puente nuevo", manifestó Hammerly, y agregó: "tarde o temprano tendremos que tomar una decisión".

Lo dijo cuando se detectaron socavones de 40 metros de profundidad que amenazaban con llegar hasta las pilas del puente. La reacción inmediata fue volcar 12.000 toneladas de piedras (por más de un millón de pesos) para sostenerlo.

El gobierno supo a mediados de 2004 que intentar salvar el puente ante una eventual crecida, con un resultado dudoso, costaba no menos de 3 millones y el recalce frustrado de 2001, 17 millones. Decidió reemplazar el puente Bailey con una inversión de un millón de pesos y, al cabo de una primera licitación sin oferentes, aparecieron interesados. Hoy está en ejecución esa módica obra, en una gestión cuyo sello es la inversión en infraestructura, el crecimiento de la recaudación y el superávit fiscal.

En septiembre de 2004 Hammerly calculó que el estudio final estaría "dentro de unos 5 meses". Recién ahora, está apenas comenzando un contrato que prevé resultados en aquel plazo y una extensión total de un año. (Ver aparte).

En octubre, la DPV reemplazó el Bailey del Ejército por otro que le pertenece. El Litoral reveló que su alquiler costaba $ 10.000 por mes (unos $780.000 desde 1997).

Tantas dilaciones a lo largo de una década -y de tres gestiones- lograron que la Legislatura fuera más veloz que el Ejecutivo. Sancionó una ley que dispone "construir un puente", cuando terminen los estudios. Ambas cámaras aprobaron un proyecto del senador José Baucero (PJ) y los diputados Santiago Mascheroni y Mónica Tomei (UCR). La ley 12.448 fue sancionada el 18 de agosto de 2005. Va a cumplir un año, por ahora es sólo un número.

Las partes que desde hace casi una década debaten qué hacer con el arroyo Leyes acordaron, al menos, establecer cómo terminar con sus diferencias y aceptar lo que determine un estudio técnico. Así consta en un acta de marzo de 2004.

El trabajo fue encargado por la provincia a fines de setiembre del año pasado y recientemente se firmó el contrato con la consultora adjudicataria, luego de un extenso período de gestiones y demoras burocrático-administrativas que insumieron casi un año. El costo de la actualización de los estudios es de algo más de 1,4 millones de pesos.

El ingeniero Alejandro Vega, de reconocida trayectoria por su labor en la construcción del Túnel y en la reconstrucción del Colgante -dos obras más que emblemáticas-, es el representante técnico del gobierno, una suerte de coordinador de la comisión de la DPV y el MAH, que observa la labor del consorcio integrado por las empresas Evarsa, formada por técnicos de la ex Agua y Energía que realizan pronósticos hidráulicos; la consultora de origen británico Sir William Halcrow, e Incociv, oriunda de la provincia de Entre Ríos, cuyo representante técnico es el ingeniero Eduardo Barbagelata.

"Es un año el plazo previsto para el estudio -dijo Vega a El Litoral-, pero dentro de los primeros cinco meses de vigencia del contrato debe definirse qué camino tomar respecto del puente del Arroyo Leyes".

El estudio "comprende una actualización de toda la documentación existente sobre el tramo medio del río Paraná. Partirá de estudios anteriores, con algunas novedades metodológicas y relevamientos de campo y equipos de GPS" (sistema de posicionamiento global o de navegación por satélite).

"La diferencia mayor respecto de los anteriores es que se implementa un nuevo programa hidrodinámico, para hacer un nuevo modelo matemático del Paraná, en todo el tramo medio. Es una metodología que tiene una probada experiencia internacional y fue elaborada por la firma Halcrow".

El contrato "tiene otra novedad: el servicio de consultoría deberá aportar los modelos y sus claves, y formará profesionales de la provincia en el manejo de la herramienta.

"El objeto principal del estudio es definir el debate regulación, sí o no. Y hacerlo sobre parámetros científicos que consideren la relación costos-beneficios. Si se opta por el libre escurrimiento, prever las áreas de inundación; si es la regulación el camino elegido, sus efectos aguas arriba y en el Colastiné, lo mismo que en las defensas de la ruta 1 y la capacidad de escurrimiento de la ruta 168, entre La Guardia y el Túnel.

"Hemos trabajado mucho en el pliego con que se llamó a la licitación, de manera de no condicionar la resolución a adoptar", subrayó Vega.