El bloque de diputados socialistas respaldó la postura de la Municipalidad de Rosario en torno a la coparticipación, recordó que el sector viene denunciando lo que considera "arbitraria coparticipación a municipios y comunas" desde hace años en el debate del presupuesto provincial, estima que en los últimos quince años le han sido detraídos a los gobiernos locales unos 400 millones de pesos y expresa el acuerdo con los lineamientos generales de la ley nacional de Financiamiento Educativo.
El pronunciamiento socialista tiene cuatro puntos y ratifica además los alcances del proyecto presentado por Alfredo Cecchi el 10 de noviembre último para crear un ente de fiscalización de la coparticipación a comunas y municipios. Dicho ente apunta a controlar los importes que recibe la provincia de concepto de coparticipación; recaudación de los recursos de origen provincial coparticipables a comunas y municipios; el proceso de distribución de la coparticipación a comunas y municipios, verificando la exactitud de los índices de coparticipación a las mismas; las retenciones, descuentos y ajustes que se realicen a comunas y municipios sobre los montos que les corresponda en concepto de coparticipación de impuestos; y las acreditaciones de los importes coparticipables a comunas y municipios.
El documento socialista recuerda que "desde hace años, en cada oportunidad de debatirse el Presupuesto de la provincia nuestra bancada viene denunciando la arbitraria coparticipación a comunas y municipios que, con disposiciones equívocas o interpretaciones legales torcidas por parte del gobierno provincial, ha provocado una multimillonaria detracción de dineros a los gobiernos locales". El socialismo justificó el proyecto de creación del Ente en esos desfasajes.
La declaración incluye un cuadro que -según el sector- determina "claramente cómo fueron detraídos de las cajas de los gobiernos locales más de 400.000.000 de pesos, lo que innegablemente perjudica el desarrollo de los mismos y atenta contra una equitativa distribución de dineros públicos".
En otro de los puntos considera "una burla al sentido común y una profunda contradicción que el mismo gobierno que ignora la Constitución Nacional al momento de incorporar las autonomías municipales, la invoque a través del artículo 75, inc. 3 (donde se señala la facultad del Congreso para modificar la coparticipación federal por tiempo determinado) a la hora de menguar la coparticipación a los gobiernos locales y destinar esos fondos para financiamiento educativo, siendo que el artículo 113 de nuestra Constitución expresa claramente que `la Provincia debe destinar recursos suficientes para el sostenimiento, difusión y mejoramiento de los establecimientos educativos del Estado"'.
El último punto reza que "coherentes con nuestra posición histórica de promover la educación pública, expresamos nuestro acuerdo - en general - con la ley nacional de Financiamiento Educativo, que compromete a los gobiernos nacional y provincial a aumentar la inversión en educación hasta llegar al 6% del PBI en el año 2010".
