El bloque de concejales justicialistas Proyecto 2000, presidido por Sergio Ripoll e integrado, además, por Silvia Zuanet y Gerardo Silvestri, presentó al cuerpo legislativo local el proyecto de ordenanza para la creación del Registro de Operadores Inmobiliarios, que incluirá a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, en forma directa o en representación de los titulares, ofrezcan, para la venta, lotes, inmuebles a lotear o fraccionar, o lotes pertenecientes a superficies mayores, ubicados en la ciudad de Santo Tomé. En esta iniciativa, remitida el martes último a Comisión de Gobierno, queda claro que, "en virtud del ofrecimiento y de la venta de lotes o terrenos sin la correspondiente aprobación municipal, o la posibilidad de adquirirlos para un uso no permitido, resulta necesario reglamentar e identificar a quienes desarrollan actividades inmobiliarias y evitar que se dispongan a la venta inmuebles a lotear o fraccionar sin la previa autorización de la Municipalidad".

Ripoll aclaró, al respecto: "Las actividades llevadas a cabo por las inmobiliarias deben desarrollarse en un marco de responsabilidad y con la intervención del organismo municipal en la habilitación y clasificación de tal actividad, lo que otorgará seguridad en las transacciones económicas. Mucha gente, atraída por el bajo precio de los terrenos, se decide a adquirirlos, pero sin realizar las constataciones correspondientes, a fin de asegurarse -por ejemplo- lo que realmente pretende comprar; es común que se ofrezcan loteos que no están habilitados por el municipio, con lo cual se generan inconvenientes futuros de impredecible final, en razón de que el predio ofrecido `no existe' al momento de la operación comercial idealizada como una compra-venta", remarcó luego el edil.

"Identificados los responsables de estas actividades, o aquellas personas tanto físicas como jurídicas que, en forma directa o en representación de los titulares, ofrezcan lotes, inmuebles a lotear o fraccionar -o bien, lotes pertenecientes a superficies mayores-, deberán cumplir con la obligación de informar a su clientela sobre legislación municipal en materia de aprobación de loteos y usos del suelo, para evitar, así, perjuicios a los compradores y eventuales conflictos con la administración municipal", agregó Ripoll.

Atento a ello, entre sus funciones esenciales, los inscriptos en el registro tendrán la de ser "agentes de información de la legislación municipal vigente en materia de zonificación, (...) para dar a conocer a su clientela, en cada caso, la zona de la cual se trata y las restricciones propias de la misma". Además, "cuando las citadas inmobiliarias intervengan en la venta de lotes o fracciones, deberán exigir en el caso concreto el plano aprobado por el municipio".