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De la redacción de El Litoral
Invitado por la Universidad Católica de Santa Fe, el presidente de la bancada oficialista de diputados nacionales, Agustín Rossi, disertó anoche sobre los alcances y beneficios de la Ley Nacional de Biocombustibles (N° 26.093), considerados fuente de energía alternativa para reemplazar a los tradicionales. Con la ayuda de un powerpoint, el legislador resaltó en primer término la importancia de la norma a partir de un contexto mundial en el que crece la escasez de gas y petróleo, y de una situación nacional en la que resulta necesario diversificar la matriz energética, teniendo en cuenta que el crecimiento de la demanda pone en riesgo el autoabastecimiento.
Ante este panorama, sostuvo que si Argentina aprovecha sus recursos naturales (complejos oleaginosos, grandes superficies para ser explotadas, liderazgo en exportación de aceites), podrá desarrollar un mercado de biodiésel y bioetanol competitivo y con ventajas.>
Después destacó los beneficios del uso de biocombustibles, desde el punto de vista del mercado (disminuye importación de gasoil, reduce necesidad de combustibles fósiles no renovables), la producción (es sencilla y el rendimiento es similar al del gasoil), las propiedades (es menos contaminante, no implica modificación de motores) y el empleo.>
"Nunca vamos a poder reemplazar el máximo de combustible que consume el mundo; esto no es una solución -admitió-, pero por eso mismo, tenemos que seguir trabajando en la exploración de energías alternativas", aseguró.>
De acuerdo con la ley, que tendrá una vigencia de 15 años, serán considerados biocombustibles el bioetanol, el biodiésel y el biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos.
Las plantas productoras serán habilitadas sólo cuando cumplan con requerimientos de calidad y producción sustentable, y garanticen procedimientos de cuidado ambiental. La ley también dispone que todo combustible líquido como gasoil o nafta que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado con biodiésel, en un porcentaje del 5%.>
Rossi puso especial énfasis en el régimen promocional previsto en la ley, a través de un cupo fiscal que se fijará anualmente en el Presupuesto, y que será distribuido por el Ejecutivo, priorizando proyectos que garanticen la promoción de las Pymes, las producciones agropecuarios y las economías regionales. >
Entre estos beneficios promocionales se incluye la devolución anticipada del IVA correspondiente a los bienes u obras de infraestructura, o la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias. Además, estarán exentos de la tasa de infraestructura hídrica, del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, y del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o sobre la importación de gasoil.>
De manera recurrente a lo largo de su exposición, Rossi puso el acento en la oportunidad que puede significar esta producción alternativa de combustibles para las economías regionales en general, pero en particular, para la provincia de Santa Fe. Y no solamente por los grandes polos aceiteros asentados ya sobre todo en el sur provincial, sino también por las expectativas que se abren en los departamentos más postergados del norte (como Vera y 9 de Julio), a partir de la posibilidad de la producción de alcohol.
"Estamos frente a una posibilidad de desarrollo económico importante para la Argentina, pero también para Santa Fe, que será seguramente la provincia que genere el mayor desarrollo de esta nueva industria", insistió Rossi. "Y así como probablemente los tucumanos se especializarán en el bioetanol -continuó-, los santafesinos tendremos grandes chances con el biodiésel". >
El legislador no ignoró que seguramente los primeros que avancen en el negocio sean quienes tengan mayor capacidad económica; por eso consideró que es imprescindible el rol que desempeñe el Estado, incluso, a nivel provincial.>
"La acción del Estado deberá ser en favor de quienes queden en el medio, para que no haya una nueva concentración económica y de poder, sino un verdadero desarrollo regional", subrayó. "Pero no alcanza con una ley -prosiguió-; el gobierno provincial también tiene un rol en este esquema. Si el Estado deja que el mercado actúe, todo se va a concentrar en cuatro o cinco grupos. Debe haber un Estado que planifique", desafió.>
Dentro de los considerados biocombustibles es el biodiésel el que tiene mayor potencial de desarrollo en el país, ya que se obtiene a partir de aceites vegetales y/o grasas animales (colza, girasol, palma, soja, sebo), permitiendo al campo y a la industria aceitera otra posibilidad de comercialización y de diversificación de la producción.
Según las cifras que ofreció anoche el legislador nacional, el país tiene un consumo anual aproximado de gasoil de 12 mil millones de litros, mientras que en Santa Fe dicho consumo es de mil cien millones de litros por año.
El legislador precisó que con una hectárea de soja podrían producirse 420 litros de biodiésel. Por lo tanto, para producir 55 millones de litros de biodiésel (5 % del consumo de gasoil en Santa Fe), se necesitarían 131 mil hectáreas de soja (un 3,7 % de la superficie de soja sembrada en la provincia). Siguiendo esta lógica, para producir 600 millones de litros de biodiésel (5 % del consumo de gasoil en toda la Argentina), se necesitarían 1.430.000 hectáreas de soja (un 41 % de la superficie de soja sembrada en la provincia y un 5,6 % del total de la superficie sembrada en todo el país).
De cuerdo con las estimaciones que se realizan, el fomento del biodiésel podría permitir la generación de polos oleoquímicos regionales, facilitando la creación de unos 25 mil puestos de trabajo a lo largo de los 15 años de vigencia de la ley. Pero el propio Rossi pidió que dicha cifra sea tomada "entre comillas".
Además de las medidas enumeradas para fomentar la producción de biocombustibles, la ley dispone también que todos los proyectos calificados y aprobados serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997. Entre ellos se encuentran Derechos de Reducción de Emisiones, Créditos de Carbono y cualquier otro título de características similares.