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De la redacción de El Litoral
El juez federal Raúl Acosta de San Rafael (Mendoza) ordenó detener a María Estela Martínez de Perón, quien reside en Madrid, en relación con la causa por la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti, el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que la derrocó.
De acuerdo con la investigación, el joven estuvo detenido en dos cuarteles del Ejército y fue visto por última vez el 10 de marzo de 1976, cuando la policía "simuló" su liberación, según declaró Acosta a medios locales.>
El magistrado considera que esa desaparición fue avalada por tres decretos firmados en 1975 durante el gobierno de la viuda Perón que habilitaron a las fuerzas de seguridad a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" de izquierda.>
Los decretos fueron firmados por el entonces titular del Senado Ítalo Luder en ejercicio de la Presidencia, mientras "Isabelita" -tal su nombre artístico en Centroamérica, cuando conoció a Perón en su exilio tras el golpe de 1955- estaba con una breve licencia por razones de salud.>
Aunque no rubricó los decretos, Acosta dijo que "a ella se la sospecha, y por esa razón se la imputa, de haber ejecutado los términos de los decretos en su condición de presidenta del Comité de Defensa creado por uno de los decretos".>
"Era la primer magistrado del país y la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por eso es que la mayor responsabilidad recae en ella", indicó el juez.>
Acosta también investiga el caso de un menor de edad, de 17 años, que durante esa época fue privado ilegítimamente de su libertad, torturado en dependencias policiales y recluido en una cárcel de mayores.
El juez indicó que los delitos imputados a Martínez "no harían procedente una excarcelación" y que al tratarse de "una persona que no tiene una residencia en Argentina, se daría la sospecha objetiva de que pudiera eludir la acción de la Justicia, por eso se ordenó su detención".>
En la causa figuran otros miembros del gabinete de Isabel Perón implicados, como el ex ministro de Economía Antonio Cafiero -quien quedó eximido de prisión después de comparecer ante la Justicia-, y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, que también se presentó ante el juez y que goza de fuero como parlamentario.>
El entonces titular del Senado, Luder, no pudo prestar declaración por "padecer de una enfermedad psiquiátrica", señaló el juez, quien explicó que los otros ministros que avalaron los decretos ya fallecieron.>
El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, consideró que si la Justicia determina que hubo terrorismo de Estado desde antes del golpe militar de 1976, sus responsables "también deberán ser juzgados", señaló a Clarín.
Así reaccionó Kirchner tras conocer la orden de captura internacional emitida el jueves contra la ex presidenta María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, en el marco de una causa por la desaparición de un joven durante su gobierno (1974-1976).
"Nosotros queremos reconciliación, pero con verdad y sin impunidad. Por eso hay que conocer la verdad, sea cual sea. Y no puede haber impunidad para nadie", dijo a Clarín.
El presidente no quiso opinar sobre la orden dictada por el magistrado Raúl Acosta, pero sostuvo que "si los jueces entienden que hubo terrorismo de Estado desde antes del golpe militar de 1976, sus responsables también deberán ser juzgados". Aseguró que las responsabilidades institucionales "nunca pueden ser eludidas", aún si la ex presidenta fuera incapaz de controlar a la Triple A y su mentor y ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien fue secretario privado de Juan Domingo Perón.
Incluso el mandatario reveló que estuvo "detenido dos veces cuando Isabel era presidenta".
En tanto, el abogado Carlos Slepoy, quien ejerce en España como acusación en los crímenes cometidos por la última dictadura argentina, afirmó hoy que el pedido de captura y detención de la ex presidenta Martínez de Perón "es un extraordinario avance en la lucha contra la impunidad".
"Es una lógica derivación de los pedidos anteriores como el de (Norberto) Oyarbide respecto a Rodolfo Almirón -pendiente de extradición-, y significa un avance de la Justicia argentina, al considerar que los crímenes cometidos antes de la dictadura militar tienen rango de crímenes contra la humanidad y por lo tanto pueden ser perseguidos", afirmó Slepoy en declaraciones a Télam.>
No hay razón para que "los derechos humanos de personas desaparecidas antes del golpe militar de 1976 tengan un tratamiento distinto a los que fueron posterior al golpe", dijo el juez federal de San Rafael que dictó la captura sobre la ex presidenta.
Advirtió que "no es menos terrorismo de Estado" que hayan desaparecido personas durante un gobierno constitucional previo al golpe. Y en este sentido, recordó la existencia de más de 600 denuncias por desaparición de personas anteriores al derrocamiento de Isabel.>
La Justicia argentina revisó, en el histórico juicio a los comandantes de las Juntas Militares de la dictadura iniciada en 1976, la violación sistemática de derechos humanos a partir del 24 de marzo de aquel año.>
No ocurrió lo mismo con los hechos también violentos de los años previos (durante los mandatos de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón), cuando la izquierda y la derecha del movimiento se enfrentaban.>
La revisión fue parcial porque para la creación de la Conadep e iniciar los juicios, el gobierno de Raúl Alfonsín debió negociar con el Justicialismo excluir los años de plomo previos al golpe de 1976.>
No es un dato menor que en 1983, el (luego derrotado) candidato a presidente del PJ, Ítalo Luder, sostuviera que no debía ser tocada la ley que popularmente fue conocida como "de autoamnistía". >
Las declaraciones del presidente Néstor Kirchner (ver aparte) confirman que aquel consenso político ha desaparecido, con el cambio de manos en la conducción del PJ.>
Durante la vuelta a la democracia en los '80, muchos de los funcionarios del gobierno de la viuda de Perón conservaban una importante cuota de poder dentro del PJ. Hoy la situación ha cambiado radicalmente: ni siquiera el llevar el apellido Perón parece hoy garantía suficiente de impunidad para la ex presidenta que desde hace años ha tomado como propio el acento madrileño.>
La biografía autorizada del juez Baltasar Garzón reproduce un diálogo que tuvo lugar en la Audiencia Nacional el 3 de febrero de 1997. Es el siguiente.
María Estela Martínez de Perón fue presidenta de la Argentina durante 632 días. Debió asumir la titularidad del Poder Ejecutivo el 1° de julio de 1974 cuando murió su marido, el entonces presidente Juan Domingo Perón.
El líder del movimiento, por el que luchaban violentamente las fracciones de Montoneros y de la derecha ortodoxa, fue quien impuso la fórmula Perón-Perón, tal como lo aconsejaba su hombre de confianza, López Rega, fundador de la Triple A.
Fue al cabo de un proceso de intrigas en el que primero se forzaron las renuncias del presidente y vice Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima, el 13 de julio de 1973, luego de un mandato que había comenzado el 25 de Mayo. Perón agradeció ese "gesto" al que calificó de "honroso" y "preclaro". Para que el presidente fuera Raúl Lastiri -el yerno de López Rega- fue precipitadamente embarcado a Europa el vicepresidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Bialet. Así, fue presidente hasta el 12 de octubre de 1973 el titular de Diputados.
El 4 de agosto, en el Congreso Nacional Justicialista, ganaron los peronistas ortodoxos al consagrar a María Estela Martínez de Perón como compañera de su esposo en el binomio presidencial. La fórmula Perón-Perón, fue otro triunfo del ex cabo de policía José López Rega, ahora ministro de Bienestar Social y el personaje de mayor influencia sobre Perón.
Las elecciones se realizaron el 25 de setiembre. El matrimonio obtuvo el 61,85 % de los votos.