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De la redacción de El Litoral
El gobernador debió modificar la integración del consejo consultivo que lo asesorará para la designación de los jueces comunales ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia a integrar el cuerpo por considerarlo "inconveniente". Ahora, esa silla será ocupada por un representante de los colegios de abogados de la provincia.
La decisión está contenida en el decreto N° 070 del corriente año, modificatorio del artículo 4 del decreto N° 2019 de agosto del año pasado, que dispuso la conformación del consejo consultivo ad hoc no vinculante como órgano asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces comunales.>
Dicho consejo lo encabeza el subsecretario de Justicia acompañado por un representante del gobernador, con título de abogado y ahora un colegiado que reemplazará al representante del Poder Judicial que debía designar la Suprema Corte de Justicia.>
En los considerandos se admite que la Corte "entiende inconveniente su inclusión dentro del consejo consultivo ad hoc en razón de la disposición del artículo 119 de la ley N° 10.160". Dicho artículo confiere a la Corte Suprema una participación post facto al nombramiento, toda vez que la designación de los jueces comunales por parte del Poder Ejecutivo es de carácter condicional, por el plazo de un año; transcurrido ese período quedan confirmados, salvo disposición en contrario de la Corte, "motivo por el cual la intervención de la misma en el proceso de selección luce inoficiosa ab initio del concurso atento al particular grado de intervención indirecta que le cabe desde que se produce el nombramiento correspondiente, evitando así una doble participación".>
Después, el decreto admite que "merecen especial atención los fundados reclamos producidos por los distintos colegios de abogados de la provincia con el objeto de participar en los procesos de selección en cuestión, lo cual motiva y autoriza admitir la pretensión en orden al requisito consagrado en el artículo 3� del decreto 2019/06, permitiendo la integración en el consejo consultivo ad hoc con un representante de las cinco instituciones profesionales del Derecho en sustitución de quien debía representar al Poder Judicial".>
El decreto 2.019 del 11 de agosto último se ocupa de fijar los requisitos y el procedimiento para el ejercicio de la facultad del gobernador para designar jueces comunales y deroga otro decreto, el 11 del año 2004. El objetivo que se fijaba era determinar que la designación "recaiga en personas con idoneidad técnica para ocupar el cargo de que se trata, considerando además en tal sentido que posibles futuras modificaciones legislativas pueden atribuirles mayores competencias a tales magistrados; que asimismo se tendrán en cuenta como parámetros para una mejor selección del candidato los relativos al compromiso con la democracia, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones impositivas que los postulantes deben reunir".
Además, el decreto establece que el gobernador limitará su facultad a designar personas que posean título de abogado y aprueben un examen de idoneidad técnica cuya realización estará a cargo de un consejo consultivo ad hoc no vinculante.>
La tarea del consejo consultivo será la de elevar al Poder Ejecutivo una terna con los nombres y antecedentes de quienes hayan aprobado el examen para cubrir las vacantes.>
Asimismo, el decreto dispone que, una vez seleccionado el postulante por el gobernador, su nombre será publicado durante tres días para que la ciudadanía pueda realizar observaciones en un plazo de quince días. >
Tras el escándalo suscitado por la cobertura de vacantes de juzgados comunales con familiares de colaboradores y de legisladores realizada sobre el final de su mandato por Carlos Reutemann en el 2003, el gobernador Jorge Obeid se autolimitó en esa facultad y elevó los requisitos para ocupar esos cargos. Además, remitió un mensaje a la Legislatura que se encontró con proyectos de la oposición y la resistencia del oficialismo a considerarlos.
Esta situación no ha hecho otra cosa que congelar las designaciones durante tres años y hoy son varias localidades las que se movilizan exigiendo la cobertura de los cargos, porque es la población la que padece la carencia del servicio y obliga a vecinos a realizar varios kilómetros para determinados trámites.
Casi un centenar de vacantes en toda la provincia habla de la parálisis provocada por la falta de un mínimo acuerdo entre oficialismo y oposición sobre cómo mejorar el sistema de Justicia comunal. El tema también fue incluido en el marco del Plan Estratégico para la Justicia santafesina.
El gobernador dictó en agosto el decreto para establecer, entre otros requisitos, que un consejo consultivo se iba a encargar de la preselección de candidatos. Antes pretendió, sin éxito, que se encargara el Consejo de la Magistratura.
Pero este consejo ad hoc, creado en agosto, todavía no pudo empezar sus funciones porque la Corte consideró "inconveniente" la participación del Poder Judicial en esa instancia.
En febrero seguramente este consejo se pondrá en marcha pero recién a mediados de año se podrán conocer, con suerte, las primeras designaciones.