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El fiscal federal, Eduardo Grioglio, y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Domingo Pochettino, pidieron formalmente que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria para el ex militar Nicolás Correa, en caso de comprobarse que éste abandonó su vivienda en clara violación a lo que establece la Ley 24.660, de ejecución de penas.
Esta nueva situación se plantea luego de que aparecieran publicadas en los diarios UNO y La Capital de Rosario fotografías en las que se ve a Correa caminando en la vereda de su casa, a pesar de que no está autorizado a traspasar el umbral de su domicilio.>
El fiscal Grioglio solicitó inmediatamente al Juzgado Federal N° 1 que se constate en forma "urgente" el hecho informado y que, de corroborarse, se revoque el beneficio y Correa sea alojado en una institución policial o carcelaria.>
De todos modos, es probable que cualquier decisión en este sentido se demore algunos días, ya que el juez Reynaldo Rodríguez se encuentra de licencia hasta el miércoles. El otro juez federal de Santa Fe, Francisco Migno, se excusó de participar en esta causa.>
Hace tiempo que el fiscal Grioglio viene solicitando el urgente nombramiento de un juez subrogante pues, cada vez que Rodríguez no está en condiciones de actuar, ningún otro abogado acepta intervenir en esta causa vinculada con los delitos de lesa humanidad producidos en Santa Fe y zona de influencia durante la pasada dictadura militar. Cuando se sorteó un juez ad hoc entre los abogados de la matrícula federal, los profesionales se excusaron de participar.>
Por este motivo el fiscal elevó informes que, incluso, llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hasta ahora no hubo respuesta del máximo tribunal, de la Cámara Federal de Rosario o del Consejo de la Magistratura de la Nación.>
Por su parte, Domingo Pochettino hizo un planteo similar: "No hay demasiado para discutir, pues acá existen pruebas palpables. Además, los periodistas que hicieron este trabajo ya se pusieron a disposición para declarar ante la Justicia", dijo el funcionario.
El secretario de Estado planteó -al igual que Grioglio- la necesidad de que se evalúe la situación del resto de los detenidos por esta causa.>
"Nada me hace pensar que otros actúen diferente y esto no puede ser tolerado, más aún cuando se trata de personas investigadas por las peores violaciones a los derechos humanos y a las leyes de la democracia. Todos deberían estar en cárceles comunes", insistió Pochettino.>
Según el funcionario, en reiteradas oportunidades recibió denuncias verbales sobre detenidos que incumplieron el régimen de prisión domiciliaria, "pero la gente teme a declarar ante la Justicia porque siente que no cuenta con garantías suficientes".>
El régimen de prisión domiciliaria no establece la custodia permanente de personal policial, sino que responsabiliza a un tutor de que el detenido no abandone la casa sin autorización del juez.>
En varias oportunidades el fiscal Grioglio solicitó que se investigue si alguno de los detenidos violaba estas condiciones, pero en ningún caso pudo verificarse esta situación.>
Esta causa se inició en 2002. Recientemente, el juez el juez federal, Reynaldo Rodríguez, procesó a Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos y Mario Facino por el presunto delito de asociación ilícita durante los años de la represión militar.
El magistrado llegó a la conclusión de que "de la similitud entre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fueran denunciadas por cada testigo de los nombrados... surge que los imputados actuaron como miembros de un grupo de personas asociadas en un aparato `estatal' organizado que poseía armas de fuego, que utilizaban uniformes policiales o militares y que constituían una organización de tipo militar, presumiblemente entre finales de 1976 a finales de 1978, para perseguir opositores políticos...".>
Rodríguez ya había procesado al ex juez federal Víctor Brusa, Domingo Marcellini, Nicolás Correa, María Eva Aebi, Mario Facino, Juan Perizotti, Eduardo Ramos, Héctor Colombini y Juan Orlando Rolón. >
El juez interviniente está convencido de que existió "un plan sistemático de agresión ilegítima de bienes jurídicos primordiales, como la integridad psicofísica, la vida y la dignidad" de las personas durante los años de plomo.>
José Curiotto