El debate sobre qué actitud debe tomar el gobierno de la provincia frente a policías sospechados de delitos no es nuevo. Sin embargo, hasta el momento no parece haberse encontrado un mecanismo adecuado que permita garantizar que los potenciales delincuentes no continúen prestando servicios, mientras se llevan adelante los procesos judiciales.

La premisa de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario -esgrimida por el gobierno ante cada situación donde se presentan estas características- debe ser defendida a rajatabla, porque forma parte de uno de los pilares esenciales de la vida republicana y democrática.>

Sin embargo, también es cierto que un policía no tiene cualquier labor en sus manos. Es, nada menos, el encargado de proteger a la ciudadanía, brindando una garantía de seguridad que debe estar avalada, sobre todo, por la confianza.>

Los procesos judiciales son lentos y el desafío pasa por determinar qué hacer con ese policía, mientras está siendo investigado y no existe todavía sentencia firme en su contra.>

Recientes hechos demostraron, una vez más, que estas situaciones representan un enorme riesgo y generan una profunda desconfianza en la institución policial.>

Hace poco, la División de Asuntos Internos detuvo a un policía sospechado de falsificar órdenes de allanamientos. Este mismo uniformado ya había sido procesado por tenencia de arma de guerra, exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su hermano, también policía, está detenido por su presunta participación en un asalto a mano armada.>

El desafío no es nuevo, pero las respuestas políticas y legales en este sentido siguen sin aparecer. Mientras tanto, no es justo para la institución y para la enorme mayoría de policías honestos, que su credibilidad se vea afectada por situaciones semejantes.>

Este tema debería ser analizado en profundidad, para hallar una salida que garantice la credibilidad de la institución, sin poner en jaque las garantías constitucionales.>