Los diputados justicialistas Danilo Kilibarda, Claudio Tibaldo y Adriana Cavuto presentaron un pedido de informes sobre la contratación directa de un servicio de consultoría, de la EPE a la UTN Regional Santa Fe, por un valor cercano al millón de pesos.
La semana pasada -tal como lo reflejara El Litoral- el proyecto ingresó a Diputados. Sus preguntas se detienen sobre el procedimiento (sin licitación) y sobre el monto para el diseño del marco regulatorio del sector eléctrico y el desarrollo de estudio tarifario.>
Los legisladores reutemanistas preguntaron "si no es competencia de la EPE la de adecuar las políticas, proyectos, programas y todo otro tipo de desarrollo, a las políticas de planificación que fije la provincia, coordinándolas asimismo con las de nivel nacional y establecer los estudios tarifarios con correspondencia presupuestaria, a los requerimientos empresarios y a la característica social de los servicios que presta".>
Los considerandos, ya sin signos de preguntas, dijeron que la EPE cuenta con "una estructura técnica y administrativa suficiente y eficaz para elaborar todo tipo de diseño y de proyecto sobre la materia reguladora del servicio y de programación de tarifas".>
El Litoral pidió una explicación sobre el tema al presidente de la EPE, Luis El Halli Obeid, quien, a su vez, invitó al diputado Kilibarda a ser testigo de sus explicaciones a la prensa. El resultado fue una entrevista bastante inusual: estuvieron las voces de quienes -si el proyecto llega a aprobarse- preguntarán y responderán, pero por escrito, no ante un grabador.
En apretada síntesis, al cabo de algo más de una hora de razones, cifras, expedientes, carpetas, voluminosos estudios y trabajos de la Regional Santa Fe de la UTN a la EPE, el legislador dijo estar "satisfecho" con las explicaciones del ex interventor, asistido por parte de su equipo de gerentes.>
Antes, Kilibarda se ocupó de recordar que los pedidos de informes "no son una denuncia". Y abundó: "Si la provincia contara con una ley de libre acceso a la información, este tipo de consultas no serían tan usuales".>
De la entrevista -devenida en mesa de debate-, lo central es que los contratos entre la EPE y la UTN existen desde hace años y que siempre han tenido el carácter de contrataciones directas: ninguno ha sido objetado por el Tribunal de Cuentas. El último, al que apunta el pedido de informes, aún no ha sido girado del órgano de control a la empresa.>
El Halli Obeid defendió la potestad de la conducción de la empresa de realizar la contratación directa por asesoramiento. Subrayó que se trata de una universidad pública de prestigio, que -además- ha demostrado con otros trabajos anteriores su capacidad.>
Dijo que el precio -de casi un millón- es el producto de una estimación hecha por la EPE, debidamente documentada. Aseguró que no se ha violentado ninguna norma al contratarse el servicio en forma directa, más tratándose de dos organismos públicos. Y que el estudio, casi una auditoría sobre la compañía estatal, quedará en otra organización pública: "No en un estudio de consultoría privado".>
Aseguró que hoy, la EPE "no tiene la especialización" técnica para elaborar el estudio contratado con la UTN, es decir, establecer las tarifas que debería tener la empresa si ajustara sus costos, previera debidamente sus inversiones y lograra brindar un servicio con la calidad que esperan los usuarios.>
Cuando El Litoral preguntó cómo antes los cuadros tarifarios se hacían en la propia empresa, y si realmente no existe la capacidad técnica necesaria, Obeid lamentó: "No ya no la tenemos: muchos excelentes técnicos que tenía la empresa se fueron cuando se anunció la privatización y se pusieron en marcha los retiros voluntarios".>
Ante otra pregunta, negó que el estudio de consultoría (de un millón de dólares) hecho por la gestión anterior privatista de Antonio Caro se haya ocupado de elaborar cuadros tarifarios, que hoy pudieran adecuarse al funcionamiento de una empresa en manos del Estado. Del mismo modo, dijo que la EPE requiere un marco regulatorio específico para su situación de monopolio público estatal. Kilibarda mencionó que el Ejecutivo ya había enviado uno al Legislativo y que hay organizaciones como los colegios profesionales de abogados que pueden hacer otros aportes.>
El gobernador Jorge Obeid envió a la Legislatura un proyecto de ley donde pide autorización para que el Poder Ejecutivo pueda comprar acciones de la Empresa de Energía Argentina SA (Enarsa).
"Resulta de significativa utilidad a los intereses de la provincia la participación efectiva como accionista societaria de Enarsa, teniendo en cuenta la prioridad que esta gestión le otorga a la temática energética, la cual resulta de vital importancia para el desarrollo económico provincial", remarca el mensaje de Jorge Obeid.
Las acciones a adquirir son de clase B y C, por un valor nominal de un peso y estarán inscriptas a nombre de la provincia de Santa Fe en el registro de accionista de Enarsa y por un total de $ 250.000, equivalente al 0,5 % del capital social.
Enarsa se creó por Ley Nacional N° 25.943 promulgada en noviembre de 2004 y su ámbito de acción es el negocio energético, tanto en petróleo y derivados como en gas y energía eléctrica. Abarca los segmentos de producción, industrialización, transporte y comercialización. Según su estatuto, el 53 % de las acciones son del Estado nacional y un 12 % es ofrecido a las jurisdicciones provinciales en condiciones igualitarias.