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"Si en Santa Fe se hubiera promulgado la ley que regula la investigación biomédica, el caso del Pami II se hubiera evitado", afirmó el diputado socialista Antonio Bonfatti, autor de la iniciativa. En octubre último, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula la investigación biomédica en Santa Fe.
El asunto se encuentra en el Senado y, según el autor, "busca garantizar la máxima protección de las personas y llenar un vacío legislativo que existe tanto a nivel nacional como provincial". >
El proyecto tiene por objeto regular la protección integral de las personas que se prestan a la investigación biomédica. >
Por investigación biomédica se entiende todo estudio de procesos fisiológicos, bioquímicos o patológicos, o de respuesta a una intervención determinada -física, química o psicológica- en personas sanas o enfermas; los ensayos controlados de medidas diagnósticas, profilácticas o terapéuticas en grupos más numerosos, con el propósito de demostrar que dichas medidas producen una respuesta generalizable, más allá de las variaciones biológicas individuales; los estudios para determinar las consecuencias de ciertas intervenciones profilácticas o terapéuticas, y los que se realicen sobre los modos de comportamiento relacionados con la salud humana en diversos entornos y circunstancias.>
La iniciativa prevé ciertos requisitos para que la investigación biomédica pueda ser autorizada y efectuada.>
Bonfatti sostiene que "todas las investigaciones con sujetos humanos deben realizarse de conformidad con tres principios éticos fundamentales: respeto por las personas, beneficencia y justicia. El respeto por las personas comprende el debido a su autonomía; a su capacidad de discernimiento entre las opciones personales de que dispone, exigiéndose el consentimiento informado de quienes participan en una investigación, así como la protección de aquellas con deficiencias o disminución de su autonomía y, por lo tanto, más vulnerables".>
En tanto, como ya se ha informado, la titular del Pami, Graciela Ocaña, despidió a dos médicos de un policlínico de Rosario que cobraron una elevada suma de dinero de un laboratorio extranjero para probar un medicamento, sin haber sido autorizados por el organismo nacional.
Ocaña señaló que tuvo conocimiento del hecho a través de un mensaje anónimo y precisó que era una práctica que se llevaba a cabo en un policlínico de Rosario que "depende del Pami, sin consentimiento de las autoridades de Buenos Aires y, simplemente, creando un comité al solo efecto de probar esos medicamentos". Los profesionales despedidos con causa utilizaban "toda la infraestructura hospitalaria y los pacientes del hospital para hacer estas pruebas, cobrando 40 mil dólares", destacó. >
Ocaña advirtió que "estos contratos no se firman en la Argentina; por lo tanto, los allanamientos dieron resultado negativo porque los papeles" están fuera del país.>
La titular del Pami confirmó que los dos profesionales involucrados fueron despedidos y que, además de la instancia de sumario administrativo que está en curso en el seno de la institución que conduce, existe una causa penal en la Justicia Federal. >
Precisó que "el director del policlínico sabía y era parte" del trabajo en favor del laboratorio de origen norteamericano. Asimismo, destacó que casos similares se produjeron en otros siete hospitales públicos y clínicas privadas de Buenos Aires y en otros puntos del país. >
Ocaña admitió que "no hay una regulación en la Argentina que establezca cómo realizar estas pruebas" de medicamentos en pacientes, aunque indicó que el "organismo que controla es la Anmat".>