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El país atraviesa la Semana Santa más confusa de los últimos 20 años. En 1987, el disparador de la confusión fueron los carapintadas. Ahora, el contraste surge entre la aparente bonanza económica -récords de afluencia a los principales centros turísticos- y el alto nivel de conflictividad social.
La Argentina vive la Semana Santa más confusa de los últimos 20 años. En 1987, la causa fue el alzamiento carapintada, gatillado por un personaje que reapareció en los titulares de los últimos días: el mayor del Ejército Ernesto Barreiro, quien se había negado a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba por cargos de tortura y asesinato en su rol de jefe de "inteligencia e interrogaciones" (así llamaba la dictadura a los maestros de ceremonia de las sesiones de tormento) en el centro de detención La Perla.
Ante la negativa, la Justicia ordenó el arresto y Barreiro fue confinado en una unidad del Tercer Cuerpo de Ejército. Cuando la policía fue a buscarlo, el cuartel se amotinó y exigió el cese de los juicios a los militares. Otras unidades se sumaron y Aldo Rico, entonces al mando de un regimiento en Misiones, se acuarteló en Campo de Mayo, en abierto desafío al gobierno de Raúl Alfonsín, que ordenó reprimir la asonada.>
Con toda la población en ascuas, el general Ernesto Alais, al mando de los supuestos leales, inició un recorrido a paso de tortuga que duró toda la Semana Santa. Pese al apoyo popular, Alfonsín fue a negociar a Campo de Mayo y, a su regreso, proclamó desde los balcones de la Casada Rosada un mentiroso e histórico "Felices Pascuas". >
La Ley de Obediencia Debida arrancada ese fin de semana permitió luego que Barreiro (arrestado poco después, el 29 de abril, pero liberado el 22 de mayo) no sólo siguiera libre, sino que incluso participara en la fundación del partido político que lideró Rico. Fue el principio del fin del gobierno de Alfonsín.>
Para cerrar este círculo de dos décadas, el ocultamiento de antecedentes judiciales -incluida aquella detención de poco más de tres semanas- en el trámite para obtener su visa de ingreso a EE.UU. es justamente el cargo por el que Barreiro fue detenido la semana pasada en el Estado de Virginia y será extraditado o deportado a la Argentina, donde -ya sin el cobijo de la Ley de Obediencia Debida, derogada en 1998- deberá enfrentar a la Justicia.>
Volver al presente
La confusión de estos días también tiene aristas dramáticas, como la muerte del docente neuquino Alberto Fuentealta. Los conflictos y los hechos de violencia -la represión a los maestros que salieron a cortar la ruta 22 en Neuquén; situaciones tensas en Salta y Santa Cruz; el descalabro en todo el país por el inicio del ciclo lectivo; los incidentes en un centro de salida de viajeros y turistas hacia Uruguay, protagonizado por asambleístas de Gualeguaychú; el vandalismo del grupo Quebracho- contrastan con el récord de afluencia hacia los principales centros turísticos del país.
El gobierno nacional dice, en medio del fragor del conflicto docente, que nada tiene que ver con la violencia en Neuquén. Al fin y al cabo, reflexionó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, la provincia tiene su propia policía. Fernández señaló eso el mismo día en que Quebracho disfrutó de un buen margen para cometer vandalismos en un local partidario del gobernador neuquino, Jorge Sobisch (enemigo político de Kirchner y, a esta altura, un cadáver político) y varios comercios de la zona de Balvanera. He aquí que, en Capital, la seguridad está a cargo de la Policía Federal, que depende de Interior, y el gobierno no tiene la menor intención de ceder al reclamo del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, de que la ciudad tenga su propia policía. Otra falacia oficial es pretender que la Nación nada tiene que ver con el conflicto docente en los distintos distritos. El de este lunes, convocado por CTERA, será el primer paro nacional docente bajo el gobierno de Kirchner. Y aunque el desencadenante haya sido la trágica muerte de Fuentealta, la conflictividad fue catalizada por la unilateral decisión del gobierno nacional de aumentar, la semana previa al inicio del ciclo lectivo, un 24 % el mínimo docente, que -por supuesto- deben pagar las provincias.>
Error de cálculo
El cálculo fue que el anuncio favorecería la alicaída candidatura del ministro de Educación, Daniel Filmus, a la jefatura del gobierno porteño. En los papeles, el aumento del mínimo tendría un impacto fiscal controlable, pero el real es muy superior, por las demandas de reescalonamiento y recomposición. El ejemplo más claro es Santa Cruz, donde es cierto que un docente con 10 años de antigüedad gana casi 2.000 mensuales (la parte que le gusta recordar a Kirchner), pero también lo es que el salario básico está congelado desde hace 17 años, incluidos los 12 que la provincia fue gobernada por el actual presidente.
Invocar la justicia de una medida y desentenderse de su costo es, más que un acto de justicia, uno de cinismo político. Si no fuera así, hace rato que el gobierno nacional habría aumentado toda la escala jubilatoria, no solamente los haberes mínimos.>
Otra vez el Indec
Un último apunte de esta Semana Santa confusa es el nuevo episodio en el Indec. El miércoles, sorpresivamente, la agencia informó que en marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,8%, pero pocos párrafos más abajo, en el mismo comunicado, precisó que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (cuyo valor marca el límite entre la pobreza y la lisa y llana indigencia) subió 3,6 por ciento. Prestos, los voceros oficiales salieron a denunciar una maniobra de los sectores del Indec que resisten la intervención oficial. Todo se corregirá el lunes, indicaron, cuando se conozcan las cifras definitivas. Según la retocada historia oficial, la CBA podría incluso haber bajado 0,1 por ciento.
La pulseada es comprensible. La necesidad del gobierno de dibujar los datos se ve agudizada este mes por el cierre de las negociaciones salariales, que en caso de desmadrarse podrían complicar aun más el frente inflacionario. Son coletazos de una política de precios y de una gestión, la del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que muestra signos de fatiga, aunque el próximo jueves cumplirá apenas un año.
Sergio Serrichio (CMI)
