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Mariano Candioti hoy es el único santafesino que integra el Consejo de la Magistratura, cuerpo que, entre otras causas, tiene a estudio una denuncia contra cuatro integrantes de la Cámara de Casación Penal, jueces cuestionados por el presidente Kirchner el pasado 24 de marzo, en el acto realizado en el ex campo de concentración La Perla, en Córdoba.
En esta capital, la semana posterior a la del discurso presidencial y a una serie de pronunciamientos públicos, incluso de la propia Corte Suprema de Justicia pidiendo mesura y equilibrio en las críticas al Poder Judicial, el consejero aclara que "no hubo pronunciamiento institucional" del cuerpo y que a título personal "no recibí presión alguna" para avanzar en la causa.>
El jueves último, la comisión de Acusación y Disciplina resolvió que sea el plenario del Consejo el que escuche, el próximo 12 de abril, a los abogados de los querellantes que presentaron la denuncia contra los cuatro integrantes de la Cámara de Casación.>
La denuncia alcanza a los camaristas Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Righi, a quienes se les imputa demorar el trámite de causas contra ex militares y cambiar el criterio jurisprudencial.>
El pedido de suspensión y remoción de los magistrados está patrocinado por los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica González, Luz Palma Zaldúa, Leonel Curtchague y Flavia Fernández, quienes reclamaron "el inicio de los mecanismos legales para separar en forma urgente a los jueces denunciados".>
Los letrados afirman que los camaristas demoran el trámite de causas como las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en la ESMA y Cuerpo I del Ejército y sobre el denominado `Plan Cóndor', y que, basados en el transcurso del tiempo, conceden excarcelaciones a los imputados.>
Entre los ex militares beneficiados por la acción judicial la denuncia mencionó a Santiago Riveros, Jorge Olivera Rovere, Carlos Landoni, Ernesto Alais, Bernardo José Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Eugenio Guañabens Pelleró, Eduardo De Lío, Leopoldo Flores, Juan Pablo Saá y Carlos Tragant.>
Tras analizar y criticar las resoluciones que beneficiaron a ex militares, los querellantes dicen que se otorgan libertades "sin tener en consideración la gravedad de los crímenes y la gran posibilidad de eludir el accionar de la Justicia y obstruir las investigaciones" por parte de los imputados.>
Candioti entiende que, tras escuchar a los querellantes, se declarará la admisibilidad de la acusación para poder citar a los denunciados y permitirles ejercer su debido derecho a defensa.
El consejero no abre juicio acerca de la denuncia sobre la cual tiene una copia a estudio, pero destaca que el consejero Luis María Cabral, representante de los jueces, se encarga de la instrucción de la causa. "Se está realizando un análisis estrictamente judicial del caso", más allá de los planteos políticos que se vienen realizando a través de los medios.>
"Votaré de acuerdo con el expediente", señaló el consejero santafesino, para aclarar que "nadie se acercó a hablar del tema. Ni consejeros, ni denunciantes, ni el gobierno. Tampoco corresponde", aclaró.>
Una vez escuchadas las partes y luego de haber reunido las pruebas, el Consejo deberá resolver si ordena el archivo de la causa, dispone o una sanción disciplinaria para los involucrados, o bien, la apertura de la causa ante el Tribunal de Enjuiciamiento.>
"Las expresiones del Presidente de la Nación en relación con la demora en el trámite de las causas sobre violación a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar, generaron la sensación de una fuerte intromisión del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial afectando su independencia y el principio republicano de división de poderes" comienza señalando la declaración de la junta de gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en referencia al conflicto con la Casación.
El documento llama a "proteger la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y la defensa de los derechos humanos que es deber de todos".
La Federación recuerda que "hace tiempo viene señalando que debe acelerarse el trámite de las causas para llegar a la justicia en tiempo oportuno y no apañar la impunidad por demoras injustificadas en la resolución de las cuestiones pendientes, a la vez que ha reclamado la adecuada protección de jueces, testigos, querellantes y abogados. La indudable crisis por la que atraviesa el sistema de administración de justicia, está más allá del desempeño de los magistrados del Poder Judicial en casos particulares y de existir denuncias contra ellos, éstas se deberán canalizar con total seriedad e imparcialidad en la forma y modo que determina la normativa pertinente".
La Faca advierte que "nuestra sociedad sabe que la defensa de los derechos humanos es una cuestión de Estado que nos interesa a todos proteger y que el modelo de justicia actual, a la luz de la complejidad, magnitud y profundidad de los cambios que se han producido en los últimos 24 años, es un desafío para comprender y realizar tales transformaciones".
Tras destacar que "el fortalecimiento institucional del sistema de justicia es sinónimo de desarrollo e inclusión social", la Faca formula un enérgico llamado para que no se pierda el verdadero centro del debate y lograr así una mejor Justicia que pasará por respetar a ultranza su independencia, generando acciones que revitalicen su funcionamiento, el Estado de Derecho y los derechos humanos".
Sin presiones
El consejero Luis María Cabral, encargado de analizar si se abre juicio político a los camaristas de Casación Penal advirtió que no lo influyen las palabras del presidente Néstor Kirchner contra ese tribunal y dijo que actuará "más allá de las presiones con independencia e imparcialidad" .
Cabral dijo que "más allá de lo que diga un funcionario del máximo nivel como un presidente de la Nación, un juez debe poder ejercer sus funciones mas allá de las presiones".
El consejero añadió que "la cualidad de un juez es saber actuar de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes imponen. Yo me siento en condiciones de hacerlo con independencia e imparcialidad".