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En un fallo plenario unánime, la Cámara Federal declaró ayer la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera y otros ex comandantes del Proceso ya fallecidos, por lo que se les reimpondrán las penas de reclusión perpetua y destitución que se les habían aplicado en el histórico juicio a las juntas de 1985 por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos.
La medida, adoptada en el marco de la denominada "Causa 13", como se conoce al histórico juicio a los comandantes, invalida por primera vez el indulto en el caso de represores condenados. El mismo tribunal había declarado anteriormente la inconstitucionalidad de los indultos, pero el fallo alcanzaba a varios procesados sin condena de las causas Esma y Primer Cuerpo de Ejército y hoy espera un pronunciamiento de la Cámara de Casación.>
Los jueces Eduardo Luraschi, Horacio Cattani, Martín Irurzum, Gabriel Cavallo, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, integrantes de las salas I y II de la Cámara Federal, consideraron que los delitos cometidos durante la dictadura por Videla, Massera y los fallecidos Roberto Viola, Orlando Agosti y Armando Lambruschini, quienes fueron beneficiados con la indulgencia de Carlos Menem, "no son susceptibles de perdón". "Los delitos cometidos por los agentes estatales en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar que usurpó el poder en el período 1976-1983, a la luz del derecho de gentes, deben ser considerados como crímenes contra la humanidad", advirtieron en su fallo de 30 carillas.>
Además, consideraron que el decreto dictado por Menem se contradice con los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, como la Convención Americana sobre DDHH, que impone al Estado el deber de investigar y penalizar las violaciones a los derechos humanos y concluyeron que la vigencia del indulto generaría una "atmósfera de impunidad".>
El planteo resuelto por la Cámara Federal se originó en una petición de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en 2005. El abogado que llevó adelante el recurso, Rodolfo Yanzón, explicó a este diario que el fallo es apelable ante la Corte Suprema de Justicia y no ante la polémica Cámara de Casación Penal, debido a que en la época en que se aplicaron los indultos no existía esa instancia de apelación. Sin embargo, confió en que el máximo tribunal, que todavía no se pronunció sobre un pedido similar vinculado con el indulto del ex represor Santiago Omar Riveros, se expida en el mismo sentido que los camaristas.
Yanzón consideró la sentencia de ayer como "un paso muy importante después de 22 años de la condena y a 17 del indulto de Videla y Massera, porque implica que están en condiciones de ser condenados definitivamente".>
En los hechos, la declaración de inconstitucionalidad no variaría la situación de los ex comandantes que siguen vivos. Videla, quien cumple prisión domiciliaria por apropiación de hijos de desaparecidos, y la instrumentación del Plan Cóndor, sumará ahora la pena que incumplió gracias al indulto decretado por Menem.>
Massera, en cambio, fue declarado "incapaz" porque su estado de salud le impide ejercer su defensa en juicio. >
La resolución de la Cámara fue celebrada por la dirigencia política y los organismos de Derechos Humanos, quienes destacaron el peso histórico del fallo y el hecho de que hubiera sido emitido en forma unánime por el pleno del tribunal.>
La decisión de la Cámara Federal coloca a la esperada anulación definitiva de los indultos cada vez más cerca. Todo indica que el fallo unánime emitido ayer será apelado por los defensores de los dictadores y, entonces, la Corte Suprema de Justicia deberá dictar una sentencia que marcará el camino para todas las que lleguen a esa instancia de ahí en más.
Hace poco más de un año, cuando el presidente Néstor Kirchner advirtió que no dictaría la nulidad de los indultos por decreto y dejó en manos de la Justicia la resolución del tema, el ministro del máximo Tribunal, Eugenio Zaffaroni, advirtió que ese cuerpo no tenía en sus manos ninguna causa que diera lugar a un pronunciamiento a favor o en contra de la constitucionalidad de los indultos porque la mayoría de los expedientes se acumulaban en la Cámara de Casación Penal, la misma que hoy es objetada desde el gobierno y cuyos integrantes enfrentan un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por demorar la tramitación de los casos vinculados con la represión.
Esta vez el único camino que les queda a los dictadores es justamente la Corte, ya que, como bien lo explicó el abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Rodolfo Yanzón, en la época en que se produjo la condena a los ex comandantes no existía Casación, por lo que la Causa 13 no pasará por aquel polémico tribunal de apelaciones.
Claro que, a esta altura de los acontecimientos -léase 22 años del histórico juicio que convirtió a la Argentina en el único país que juzgó y condenó a sus dictadores- resulta difícil imaginarse a esta Corte Suprema avalando el bochornoso perdón otorgado por Menem el 29 de diciembre de 1990 con el argumento de que era necesario "pacificar" al país. Los camaristas no dejaron en su fallo, lugar para segundas lecturas: "Ya se ha despejado toda duda en torno del carácter de graves violaciones a los derechos humanos que detentan los delitos por los que se responsabilizó a Videla y Massera", concluyeron.
Algunas versiones sugieren que los integrantes de la Corte esperaban tener en sus manos una causa con suficiente peso simbólico para dictar sentencia, en lugar de hacerlo con aquellas en las que el perdón presidencial benefició a represores sin condena.
Julia Izumi (CMI)