La Corte Suprema de Justicia de la provincia instruyó a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, para que realice inspecciones en el Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de esa ciudad (Irar), y "en todos los demás centros de alojamiento de menores" que se encuentran bajo la órbita de su competencia jurisdiccional. Según lo que se detecte en dichas inspecciones, la Corte ordenó a la Cámara "materializar todas las decisiones" que crea correspondiente. Además, las conclusiones que de ese trabajo se obtengan, deberán ser elevadas al máximo tribunal de la provincia, "con la mayor urgencia posible".
La Corte puso a disposición de la Cámara todos los recursos humanos que necesite para la realización de los relevamientos (asistentes sociales, arquitectos, profesionales de la salud).>
El pronunciamiento del Tribunal se produjo a propósito de una presentación que realizó la Coordinadora de Trabajo Carcelario en la que describió los problemas y condiciones inadecuadas de alojamiento en el Irar para chicos y jóvenes. La Corte también se hizo eco, según consta en la propia acordada, de la repercusión periodística que ha tenido el tema de la minoridad, y de las declaraciones de integrantes del propio Poder Judicial denunciando el tema.>
"Este Cuerpo -dice la acordada-, como lo viene haciendo en reiteradas oportunidades, no puede permanecer ajeno a estos hechos que han adquirido dominio público". Y agrega que a los fines de "tomar una real dimensión de la problemática denunciada, corresponde que en su carácter de cabeza de uno de los poderes estatales, ponga en marcha las atribuciones que constitucional, legal y administrativamente resulten apropiadas"..>
Paralelamente, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados solicitó respuestas al Poder Ejecutivo acerca de la intervención del Irar. En el escrito, exigieron que el personal afectado al cuidado y custodia de los chicos allí internados, tenga "amplia capacitación en la problemática vinculada con la seguridad integral y resguardo de los menores, y cuente con una formación para lograr su rehabilitación y reinserción".
Pidieron también que las medidas adoptadas, como la intervención, no entren en colisión con la legislación nacional e internacional vigente relacionadas con los derechos y garantías de los niños. Además, reclamaron que se estudie la desafectación del actual edificio del Irar "por no reunir las condiciones que requiere un Instituto de menores".>
Por último, reclamaron "la imperiosa necesidad de instrumentar inmediatamente una política de Estado coherente con el cumplimiento de los derechos humanos, destinada a los menores en situación de riesgo y exclusión social, y de la que hoy carece el Estado provincial".>
Como se sabe, el Poder Ejecutivo dispuso ayer intervenir el Irar, en el que un chico murió quemado la semana pasada. La medida implicó desplazar a las autoridades que lo conducían, y pasar el Instituto a la órbita del Servicio Penitenciario provincial. La medida provocó varias voces de alerta, que creen inapropiada dicha derivación, sobre todo, teniendo en cuenta que la nueva ley nacional del Menor prevé terminar con la institucionalización de los chicos.
Consultado por El Litoral, el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, dijo que la decisión de que su área se haga cargo del Irar es aceptable sólo porque se trata de una cuestión transitoria.>
"Será durante noventa días. Y creo que estamos en condiciones profesionales para hacernos cargo. Hemos designado para estar al frente del Irar a dos oficiales con experiencia en el pabellón de Asuntos Juveniles de la cárcel de Las Flores, y también contamos con profesionales para mejorar las condiciones de alojamiento y profundizar los tratamientos de los chicos", dijo. >
"Los diagnósticos los hicieron todos (en alusión a quienes denunciaron públicamente lo que pasaba en el Instituto), y la provincia -señaló- con buen criterio, dio una respuesta a esta situación de caos e ingobernable".>
Finalmente, admitió que entre la decisión del gobernador y la nueva normativa nacional existen "líneas borrosas o límites que no están tan claros".>
Catedrático italiano
Invitado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, se encuentra en esa ciudad el doctor Luigi Ferrajoli, reconocido catedrático italiano. Recibirá de parte de la casa de altos estudios el doctorado Honoris Causa. Ferrajoli, de origen florentino, es profesor de la Universidad Roma Tre y autor de obras de derecho como "Teoría General del Derecho" y "Filosofía del Derecho". En nuestro medio, es por muchos reconocido por su trabajo: Derecho y razón; teoría del garantismo penal.
Será recibido, además, por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y por el gobernador Jorge Obeid. A Rosario viajará acompañado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe manifiesta su preocupación ante la Intervención del IRAR dispuesta por el Ministerio de Gobierno. "Designar al Servicio Penitenciario al frente de esta intervención significa, lisa y llanamente, vaciar de contenido la aplicación de la ley nacional N� 26.061 basada en el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes (convención sobre los Derechos del Niño, Directrices de Ryad y Reglas de Aplicación para el Encierro de Personas Menores de Edad)", dice la comunicación.
Debe tenerse en cuenta que buena parte de los jóvenes allí alojados son personas menores de 16 años, absolutamente inimputables, con lo cual el fundamento de su encierro es la "protección".
Agrega que las medidas aplicadas sobre los jóvenes en situación de encierro deben cumplir determinadas condiciones atento a que "las políticas públicas y su prestación" deben prioritariamente "mantener siempre presente el interés superior de las personas, sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen".