El fallido paso del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para informar al Congreso sobre la marcha de las cuestiones públicas, ha dejado en claro que la debilidad institucional -producto en parte de los hechos de este gobierno- es nociva no sólo para el país sino para la propia administración de turno. No en vano la Carta Magna crea instituciones y preserva los principios republicanos.

La Constitución Nacional otorga a las Cámaras legislativas no sólo la función de contralor de los actos del Poder Ejecutivo; además atribuye a ambos cuerpos del Congreso la facultad de convocar al jefe de Gabinete a dar explicaciones. Y al mismo tiempo obliga a este último a brindar informes a los legisladores una vez al mes.>

Las remanidas discusiones reglamentarias sobre la forma en que se deben presentar esos informes mensuales, no son más que sofismas para eludir la responsabilidad institucional. El mecanismo no está previsto para que las mayorías de turno se replieguen sobre sus decisiones sino para que los funcionarios de la República den explicaciones satisfactorias a la sociedad.>

Alberto Fernández eludió ofrecer explicaciones sobre las dudas que genera el caso Skanska, en el que funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de un fondo fiduciario del Banco de la Nación podrían quedar comprometidos por la investigación de coimas que lleva adelante un juez penal tributario.>

El jefe de Gabinete tampoco habló del caso Greco o de las manipulaciones sobre el Indec. En cambio utilizó la tribuna institucional para descalificar a uno de los candidatos opositores en los comicios para jefe de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando argumentos por los cuales el propio funcionario nacional terminó pidiendo disculpas.>

Tales conductas no se explican si el gobierno no tiene nada que ocultar como ha dicho el presidente Néstor Kirchner; si los poderes son independientes y los jueces pueden investigar supuestos hechos de corrupción sin injerencias del Ejecutivo; si los ministros que contratan obras se someten a las leyes administrativas y si los organismos de control no están salpicados de nepotismo como ocurre con la Sigen.>

En cambio son actitudes que alimentan las dudas sobre una arquitectura política que concentra poder y que no admite la dialéctica opositora, inescindible de un sistema democrático. La negación de los propios problemas y la eliminación de la alteridad por cualquier medio, son procedimientos intolerables para el sistema institucional.>

El fantasma de las campañas sucias sobrevuela el escenario del año electoral en la Argentina. En un país que ha padecido la falta de democracia y que debe valorarla como a la vida misma, nadie puede creerse dueño de la cosa pública si antes no se constituye en celoso custodio de las instituciones que consagra la Constitución Nacional.>

El país debe consolidarse con legisladores que ejerzan sus funciones, con funcionarios ejecutivos que se sometan a la ley y den explicaciones claras a la sociedad, con organismos de control independientes y con jueces que investiguen con responsabilidad y liberados de toda intromisión de otro poder.>