Hidrovía sin control

La diputada nacional santafesina Alicia Tate (UCR) salió al cruce de declaraciones del secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime, sobre la profundización del dragado a 36 pies entre Puerto San Martín y el océano. "Kirchner, al igual que Menem, sigue negociando con Hidrovía SA de espaldas a la ciudadanía, sin controles de ninguna naturaleza ni estudios de impacto ambiental alguno", señaló.

La legisladora insistió días atrás en solicitar al gobierno nacional que, de acuerdo a lo establecido por el decreto 863/93, proceda "a la inmediata constitución del órgano de control responsable de la supervisión técnica y ambiental y de la auditoría económico, administrativa, contable y legal de las obras y actividades concesionadas de dragado y balizamiento de la hidrovía".>

Tate también recordó haber insistido en que, previamente a la profundización del dragado, "se realicen de manera urgente los estudios de impacto ambiental integral de dicha obra a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y garantizando la opinión de todos los actores sociales involucrados en la problemática".>

La radical sostuvo que "nadie duda de la importancia estratégica que una obra como la mencionada tendría para la región y para el complejo agroindustrial del país, pero no puede realizarse sin prestar la debida atención a la falta de constitución del órgano encargado del control de las obras de dragado ni a los cuestionamientos que desde hace varios años vienen realizando organizaciones ambientalistas, científicos, pescadores artesanales, organizaciones gremiales y numerosas entidades no gubernamentales de Brasil, Bolivia, la Argentina, Paraguay y Uruguay".>

Agregó que "en más de una década de concesión, no sólo no se creó el órgano de control legalmente exigido, sino que además la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables -dependencia encargada `por defecto' de realizar los controles- tampoco realizó un solo informe técnico ni estudio ambiental oficial sobre los efectos del dragado sobre el curso del Paraná".>

Para Tate "la concesión que opera la hidrovía resulta un ejemplo paradigmático del proceso de privatización de las empresas públicas de la década del 90, objetado y observado tanto por la Oficina Anticorrupción como por la Sigen y la Auditoría General de la Nación".>