Los informes periciales señalan que José Mansilla, la persona que robó un camión en Río Gallegos y luego de atropellar a varios vehículos volcó frente a la casa de Néstor Kirchner en esa ciudad austral, padece serios problemas psiquiátricos. El hecho de que una de los profesionales que firmaron el peritaje psicológico esté casada con un ex funcionario radical de la capital de esa provincia, no autoriza a inferir que existe complicidad política con el agresor o que se pretende -a través de un informe falso- disimular la agresión supuestamente perpetrada contra el presidente de la Nación.

Sin duda que el caso merece investigarse a fondo, pero las informaciones disponibles autorizan a pensar que no se trató de un atentado. En tal sentido, no hay ningún indicio de que una organización haya planificado el operativo. Por el contrario, todo parece indicar que se trata de un acto individual realizado por una persona psíquicamente enferma.>

Lo que preocupa, más allá del hecho en sí, son las declaraciones del ministro político del gobierno insistiendo con la teoría del atentado e insinuando que los responsables de lo ocurrido son los mismos que llevan adelante las movilizaciones contra el gobierno de Santa Cruz y, de alguna manera, contra el poder nacional.>

Decíamos que no existen indicios consistentes sobre la existencia de una organización que se proponga semejante objetivo. Ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda hay señales de organizaciones terroristas que operen en esta dirección. La intención de imputar los hechos a una facción terrorista sienta un grave precedente y provoca consecuencias políticas que todo gobierno responsable debería medir. A nadie escapa que si la oposición queda comprometida en acciones violentas de este tipo, el gobierno legítimamente debe intervenir ya no contra opositores legítimos, sino contra activistas y agitadores decididos a valerse de la violencia para lograr sus metas.>

Como el tema es delicado, en tanto pone en juego la propia seguridad del Estado, ningún gobierno sensato debería efectuar especulaciones públicas sobre una materia tan sensible. El peligro radica en que esta clase de demonización puede detonar acciones represivas, no ya contra organizaciones terroristas inexistentes sino contra la oposición.>

En un escenario semejante los maestros y los empleados públicos que protestan reclamando mejoras salariales dejarían de ser los protagonistas de una acción reivindicativa para transformarse en cómplices de operaciones fuera de la ley.>

Hecha la puntualización, es necesario decir de todos modos que Mansilla participó en las movilizaciones docentes de Río Gallegos, como se encargaron de confirmarlo numerosos testigos. Si bien todo parece indicar que su acción fue individual, no se puede obviar que el clima de beligerancia que rodea a dirigentes gremiales y activistas crea escenarios para que un desequilibrado proceda como lo hizo.>

Por lo tanto hace falta reflexionar con seriedad, advirtiendo que no es razonable ni prudente iniciar una suerte de caza de brujas, y mucho menos intentar valerse de un hecho incierto para acometer contra los opositores.>