A medida que se van superando las diferentes etapas del cronograma electoral previsto para las próximas internas del 1° de julio, se van conociendo resoluciones que intentan definir situaciones ambiguas o responder a impugnaciones realizadas por diversos sectores.

En las últimas horas, por ejemplo, el Tribunal Electoral provincial rechazó el planteo que había formulado el comité radical para impedir que la denominación Frente Progresista Cívico y Social fuese utilizada para nombrar a la alianza que constituyen el Partido Socialista, el ARI, el PDP y un sector de la UCR. Los impulsores de la presentación sostenían que no podía hacerse uso de tal nombre, puesto que el mismo había sido reservado por los partidos, pero incluyendo al radicalismo que, institucionalmente, terminó yendo por fuera de la alianza.>

Pero el Tribunal no consideró válidos los argumentos, y habilitó el nombre.>

El organismo también dejó sentada su postura sobre otra controversia por la nomenclatura. En este caso, la resolución estuvo referida al nuevo partido que inscribió la senadora Roxana Latorre, y que pretendía competir con el nombre de Frente Social para la Victoria. En este caso, el Tribunal hizo una observación porque entendió que se estaba violando el requisito de que los nombres de las listas "no deben presentar similitudes" que induzcan a confusiones en el electorado. En el caso citado, la semejanza estaba dada con Frente para la Victoria, por eso se ordenó emplear otra determinación. >

Pero el Tribunal no pudo expedirse aún sobre las impugnaciones realizadas también por la cúpula radical, desautorizando la convención del 30 de marzo último con la presidencia de Jorge Placenzotti, en la que precisamente se convalidó la integración del Frente Progresista. Dicha cuestión debe resolverse primero en la Cámara Federal, a quien el Tribunal pidió información por nota. La Cámara envió copia de los expedientes, pero con la salvedad de que la resolución sobre la cuestión de fondo, aún no fue tomada.>

El desenlace de ese conflicto judicial es central para que el Tribunal Electoral provincial pueda convalidar o no las candidaturas presentadas por la UCR. >