El bloque de concejales de la UCR-Encuentro denunció públicamente que el municipio no estaría exigiendo la documentación necesaria para aprobar la construcción de grandes edificios. Además enviaron una nota al secretario de Obras Públicas, Edgardo Ragalli, para que suministre la información concerniente a su área.

Ante el crecimiento desordenado de la ciudad, provocado por el boom de la construcción, surgió la necesidad de redefinir un proyecto de zonificación que permita integrar distintas áreas y evitar la concentración en centro neurálgicos.>

Ante la falta de un proyecto aggiornado, una de las medidas paliativas fue sancionar una ordenanza a través de la cual los particulares que desearan erigir edificios de grandes dimensiones debían presentar "certificados de factibilidad en la capacidad de las prestaciones de los servicios públicos esenciales existentes (sanitarios, eléctricos, provisión de gas y municipales)". Además de considerar "el posible impacto sobre la prestación de los servicios a los demás usuarios en el sector a construir".>

La norma se aplica para aquellos casos de edificios residenciales de más de diez unidades de vivienda o habitación u oficinas, edificios industriales, o edificios para usos peligrosos, y es la Dirección de Edificaciones Privadas de la Municipalidad la encargada de hacerla cumplir.>

La ordenanza N° 11.378 fue sancionada el 14 de diciembre del año pasado, y según la información con que cuentan los concejales Leonardo Simoniello y Jorge Henn, "la Municipalidad no estaría exigiendo los certificados, ante la solicitud de permisos de construcción de grandes edificios".>

A más de cuatro meses de aprobada, el impulsor de la propuesta -Simoniello-, pidió su inmediata implementación.>

Para exigir el cumplimiento de la ordenanza N° 11.378, los dos ediles de la oposición presentaron un proyecto de Resolución, que será tratado cuando se reanuden las sesiones ordinarias, suspendidas hasta la semana próxima.>

En cuanto a la nota girada a la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero Ragalli deberá responder si la normativa sancionada el año pasado ya fue reglamentada.>

En el caso de que así fuera, en qué grado se hace cumplir; y cuáles han sido las resoluciones de los organismos responsables de los distintos servicios ante quienes se deben solicitar los certificados de factibilidad para casos concretos.>