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El mensaje del gobernador Jorge Obeid del pasado 1° de Mayo, en coincidencia con la apertura de las sesiones ordinarias de las cámaras legislativas, dejó la impronta de lo que fue su gobierno, actualmente en la recta final del actual mandato, tanto por lo que plantea como políticas de Estado como en aquello que no alcanzó a resolver, atribuible a fallas de operatividad en su gobierno. La responsabilidad de lo no realizado también alcanza a la propia Legislatura, donde el justicialismo no siempre acordó internamente o con la oposición. El editorial de El Litoral del jueves pasado reconoce lo realizado y marca taxativamente las materias pendientes.
Una parte sustancial del mensaje fue aquélla en la que se refirió a lo que el mandatario denominó "fortalecimiento institucional". En su momento, Obeid había prometido derogar la ley de Lemas como sistema electoral y lo hizo, reemplazándolo por un régimen de elecciones primarias, obligatorias y simultáneas, que da participación a los ciudadanos en la selección de los candidatos finales para todos los cargos. Esta ley representó para el justicialismo un fuerte debate interno y dejó a muchos heridos, pero el gobernador fue permeable al reclamo por esta derogación, que había provocado una profunda desconfianza en los comicios por parte de la ciudadanía.>
Igualmente, ante la declaración de inconstitucionalidad de la condena al ex juez Fraticelli por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que sentó un precedente y representó una luz roja para el sistema judicial santafesino- los tres poderes públicos tomaron el guante lanzado desde la Nación y anunciaron un Plan Estratégico de Reforma de la Justicia santafesina.>
En aquel momento, pese a que se lo apoyó desde las distintas columnas del periodismo, la iniciativa sonó como demasiado ambiciosa y rimbombante: algunos, en el fondo, no creíamos que se fuera a producir el aggiornamiento de la controvertida legislación vigente con la seriedad y celeridad que después se dio. Pero a partir de aquel acto en el Centro Cultural Provincial, con el concurso de especialistas en las distintas ramas del Derecho y de los colegios profesionales afines, se conformaron las comisiones técnicas que produjeron recomendaciones y propuestas en las materias solicitadas. Éstas dieron lugar, luego, a la elaboración de los mensajes que envió el gobierno a la Legislatura para su sanción y de otras disposiciones que deberán adoptar las cámaras.>
Los cuatro mensajes enviados hasta ahora tienen una singular importancia: los proyectos del nuevo Código Procesal Penal; la creación del Ministerio Público Fiscal (que completa el anterior); un nuevo Código de Faltas y la incorporación de la mediación como instancia prejudicial obligatoria antes de que se inicie una demanda. El primero ingresó por la Cámara de Diputados y los otros tres lo hicieron por el Senado y el gobernador se refirió a ellos en el mensaje del 1° de Mayo.>
La necesidad de estas reformas ha sido un punto recurrentemente planteado por El Litoral y sus columnistas. Pero es de lamentar que estas iniciativas -alcanzadas a través de un consenso técnico- hayan ingresado a la Legislatura en pleno período electoral, cuando la actividad legislativa parece haber decaído mucho, y éste es un punto que preocupa.
El Senado no sesionó esta semana y tampoco la Cámara Baja, que parece haberse dedicado a escuchar informes ministeriales, que muy poco han aportado: el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, fue a responder a las denuncias de la jueza Laura Cosidoy sobre la falta de acción sobre la venta de drogas, mientras el ministro de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, por la gestión de su cartera en las recientes inundaciones. La conclusión de ambas reuniones fue que lo hecho o no hecho ya está y la gran tarea queda en la agenda del equipo que gobierne en el futuro, tanto en la interpretación del alcance que el cambio climático tendrá en nuestra zona como para el combate del narcotráfico.>
Por eso, frente a equipos y hombres, a poco de concluir su mandato, sería auspicioso que las cámaras legislativas trataran estos proyectos relacionados con la Justicia para que realmente la provincia, en esta materia, pueda dar el salto cualitativo que se le reclama desde la Corte nacional y los círculos académicos. Incluso, Jorge Obeid ha indicado que se dispondrán de las partidas presupuestarias necesarias para la instrumentación: lo más probable es que se disponga una aplicación progresiva, porque la reforma judicial implica un cambio muy profundo.>
Otra arista que preocupa a esta periodista es la falta de información que sobre estos temas exhibe la dirigencia santafesina. Los contenidos recomendados por las comisiones técnicas y los mismos mensajes del Poder Ejecutivo, en particular, tuvieron una amplia difusión en la televisión, la radio y en la prensa, pero parecería que no fueron asumidos por la ciudadanía ni siquiera en sus aspectos primarios.>
Esto revelaría una dirigencia no siempre atenta al pulso de los acontecimientos que ocurren en la provincia. Quizás ocurre que cada sector se encuentra demasiado ensimismado en sus necesidades y competencias, y entonces adolece de una visión global acerca de lo que está sucediendo. Entonces, se infiere, que las limitaciones para pensar la ciudad o la provincia en un plano prospectivo no sólo se encuentran en la dirigencia política sino que abarcarían además a otros sectores.>
Cuestiones tan profundas como la reforma penal en la provincia deberían contar con un seguimiento y un control de la acción de los poderes públicos más generalizados.>