El diputado Aldo Strada (ARI) llamó a sus pares, principalmente del oficialismo, a abrir la discusión de los proyectos de ley presentados para establecer en la provincia institutos acordes a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que entró en vigencia, en la Argentina, en noviembre de 2005.

"La muerte de un adolescente en el IRAR reactualizó la falencia de la provincia en la materia" señaló.>

"Hace falta un cambio de visión, un cambio de paradigma ya que las instituciones para menores santafesinas todavía siguen respondiendo al paradigma del patronato, establecido por la ley 10.903 o ley Agote, que data de 1919 y que ve en el menor un objeto de tutela por parte del Estado, lo cual implica, generalmente el aislamiento de su familia en institutos cerrados, que son versiones para chicos del sistema carcelario" explicó. >

El 4 de noviembre de 2005 entró en vigencia la ley 26.061, sancionada por el Congreso Nacional la que derogó "la reaccionaria y anticuada concepción del patronato y visualiza al niño y al adolescente como ciudadano, como sujeto de derecho y, por lo tanto, titular de derechos inalienables, tales como el alimento, la vivienda, la educación, la salud, la recreación y la posibilidad de desarrollar sus capacidades para interaccionar en plenitud con el conjunto de la sociedad". >

La norma determina que "una de las responsabilidades del Estado es acomodar su marco jurídico a los principios y mandatos de la Convención. Lo cual significa sustituir las antiguas por nuevas leyes que reflejan la visión que el mundo adoptó desde hace más de 15 años, para cambiar la forma como los adultos y las instituciones tratan a los niños". >

Strada remarcó que "Santa Fe resulta a la fecha una de las provincias que aún no ha adecuado su legislación, sus instituciones y sus prácticas al marco conceptual que prevé la ley 26.061".>

El diputado arista presentó un proyecto de ley el 10 de agosto de 2006 y existen otros dos firmados por Lucrecia Aranda (PS) y Marcelo Brignone (Encuentro). >

"Hay que tratar esos proyectos que se encuentran en la Comisión de Promoción Social, introducirles los cambios y mejoras que se consideren convenientes y ponerlas en vigencia haciendo responsable al Poder Ejecutivo de establecer los medios materiales de construcción de una nueva política ciudadana para los niños, niñas y adolescentes y al Poder Judicial, responsable de velar por el cumplimiento de esas leyes" exigió.>