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La Primera Jornada Provincial de Sensibilización y Concientización sobre "Trata de personas, esclavitud del nuevo siglo" puso de relieve la magnitud del problema al que se enfrenta la sociedad, en contrapunto con la falta de respuestas institucionales y el desconocimiento de la población en la materia.
El encuentro fue organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia, el último viernes, en la Sala Cultural de UPCN de Rivadavia 2513, y convocó a representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos policiales -Centros de Orientación a la Víctima-, del Poder Judicial y el Ministerio de Salud, entre otros.>
La apertura de la jornada estuvo a cargo del secretario de Gobierno provincial, Walter Gálvez, acompañado por las autoridades de la Defensoría. Tras las formalidades hubo dos paneles, en los que participaron destacados profesionales que trabajan e investigan sobre la trata de personas.>
"El primero tenía que ver con el marco teórico y la legislación vigente", explicó la defensora adjunta de la zona norte, Liliana Loyola. El abordaje conceptual y normativo estuvo a cargo del Dr. Alejandro Ritacco, de la Organización Internacional de Migraciones; la jueza María Angélica Bernard, del Tribunal de Menores de Necochea, y un representante de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, de la Procuración General de la Nación, el doctor Gustavo Plat.
Por la tarde, hubo otra mesa orientada a la "sensibilización, el rol del periodismo y las estrategias de intervención". Allí estuvieron las licenciadas Adriana Domínguez, de la Red No a la Trata; Marta Dillon, directora del suplemento Las 12 del matutino porteño Página/12, y Laura Manzi, del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría.>
También estuvo la Dra. Susana Chiaroti, presidenta del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) de Rosario; y la mamá de una chica desaparecida en La Pampa.>
"En general, se coincidió en la necesidad de modificar la legislación que está en discusión en el Congreso, en el artículo atinente al consentimiento" de la víctima, explicó Loyola. Porque de ser aprobada la ley tal como sale del Senado -tiene media sanción-, "se disuelve la posibilidad de llevar una causa" contra la persona que se encarga de reclutar mujeres.>
El defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, recordó que, "ya a comienzos del año, la provincia formó una mesa en torno a organizaciones de la sociedad civil, comprometiendo a sectores del gobierno".
Catalogó como "correcta" una "intervención mayor por parte del Estado", ya que, si bien se trata de una práctica de muchísimos años, "la trata de personas es uno de los delitos menos importantes para la sociedad".>
Desde lo institucional, Bermúdez apuntó a "formar gente que sepa cómo afrontar una discusión y cómo llevar adelante posicionamientos, porque esto tiene que ver con el crimen organizado, con un negocio mundial que sigue al de la droga".>
El defensor del pueblo se lamentó por la situación que muchas veces deben atravesar un montón de niñas que, por su condición social deficiente, "son tentadas a dar un salto y son engañadas absolutamente", hasta producirse el secuestro de la víctima.>
Además, enmarcó el problema en relación con la situación del país, "donde hay un porcentaje de la población importante fuera del sistema y es más fácil el reclutamiento. Por otro lado, los que están dentro del sistema son los que lo utilizan".>
Tal como lo expresó la defensora adjunta Liliana Loyola, citando el documento de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) difundido en 2006 "la provincia de Santa Fe se focaliza como un lugar de reclutamiento, donde las bandas organizadas de la trata de personas vienen a buscar y a reclutar niñas y jóvenes".
Para fundamentar la afirmación "tenemos presente un caso que aconteció el año pasado en un barrio de la ciudad, donde aparentemente hay noticias de que es un barrio donde están trabajando estas bandas de reclutamiento".
La mención hecha por Loyola se remite al caso de las dos chicas que escaparon de un prostíbulo en La Banda, Santiago del Estero, y que luego debieron refugiarse en sus casas por temor a las represalias de los proxenetas, que viven en las proximidades de sus domicilios.
De la Redacción de El Litoral