Contrataciones del Estado en la mira de la Justicia

El llamado caso Skanska amenaza en convertirse en un verdadero escándalo político. Se trata de un episodio que empezó comprometiendo a la empresa constructora sueca, una de las más importantes del mundo, y ahora involucra a importantes funcionarios del oficialismo. Lo que se inició como una denuncia por evasión de impuestos, o cobros ilícitos a través de facturas "truchas", hoy amaga con derivar en un escándalo nacional con pedidos de juicios políticos a jueces y ministros, a lo que se suma la reciente orden de detención a los ex ejecutivos locales de la empresa sueca.

Desde hace tiempo, dirigentes opositores advierten sobre las sistemáticas irregularidades en las contrataciones del Estado con empresas privadas. Pero, hasta la fecha, como en un Estado de derecho las acusaciones deben probarse, dichas denuncias no iban más allá de imputaciones políticas contra el oficialismo. En el caso que nos ocupa, estas imputaciones parecen tener asidero en la medida que fue la propia empresa sueca la que, a través de una auditoría interna, verificó pagos ilícitos a empresas fantasmas.>

Como se suele decir en estos casos, los jueces deben investigar hasta las últimas consecuencias. Dirigentes opositores han cuestionado con severidad la actitud del oficialismo orientada en algunos casos a presionar a los jueces y en otros, a reducir el tema a una simple negociación entre empresas particulares.>

Se sabe que la estrategia del oficialismo apuntó a que el juez Javier López Biscayart sólo investigue la supuesta evasión impositiva, habilitando al juez del tribunal de Casación, Guillermo Montenegro, para que se haga cargo del tema relacionado con las coimas que la empresa Skanska habría pagado a través de las empresas Infinite Group y Calibán SA, entre otras, para iniciar la construcción de un gasoducto en la provincia de Córdoba gerenciado por Transportadora de Gas del Norte.>

En la Argentina, siempre existió la sospecha de que los gobiernos, o ciertos funcionarios, se valen de las obras públicas para obtener "comisiones". La consigna instalada por el entonces ministro Manzano: "Robo para la corona" tiene una larga historia en nuestro país, al punto que entre los empresarios se ha llegado a aceptar con resignación o cinismo, que el precio para obtener una obra pública, incluye una comisión para quienes la otorgan.>

Para impedir la comisión de estos ilícitos es que se han creado organismos de control encargados de verificar la limpieza de los procedimientos. En algunos casos, estas instituciones han cumplido y siguen cumpliendo con eficacia su rol pero en otros, sus funciones han sido desvirtuadas, sobre todo cuando se instituye un sistema que compromete a diferentes funcionarios.>

Para que la transparencia esté presente en este tipo de trámites hace falta una oposición que funcione y organismos de control que cumplan con sus tareas. En el caso que nos ocupa, la oposición está haciendo lo suyo, pero no podría decirse lo mismo de los organismos de control, peligro que se cierne cuando los más altos niveles de algunos organismos de control, por ejemplo, están a cargo de parientes en primer grado de los funcionarios sospechados.>