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¿Bisturí o mera cosmética? La pregunta recorre los pasillos de la política nacional luego de la decisión del gobierno de apartar de sus cargos, por decreto, a dos funcionarios de segunda línea involucrados en el escándalo Skanska, un caso de sobreprecios, evasión y coimas que a esta altura dejaron de ser presuntas para transformarse en una certeza, porcentajes incluidos.
Hasta Alberto Fernández lo admitió. "Una lectura objetiva es que Gobierno perdió el invicto en materia de corrupción", señaló el viernes el jefe de Gabinete, usando la misma frase futbolera con la que hace una semana esta columna se refirió a la situación en que el desarrollo de la crisis política en Santa Cruz había dejado a las huestes K.>
Sin embargo, hay motivos para sospechar que el gobierno sacrificó un par de pájaros de poca monta con la intención de fondo de preservar las verdaderas aves rapaces. La sospecha está abonada, entre otras cosas, por la insólita inclusión, en los considerandos del decreto de remoción, de tramos de una conversación telefónica que el fiscal Carlos Stornelli, el más activo en las investigaciones de presunta corrupción y por ende más molesto para el gobierno mantuvo con el jefe de Gabinete. >
Desde ese mismo momento, la posibilidad de recusación de Stornelli quedó servida no sólo para Fulvio Madaro (el titular del Enargas, el ente regulador del gas) y Néstor Ulloa (presidente de Nación Fideicomisos, el fondo desde el cual se pagaban las obras, sobreprecios y coimas incluidos), a quienes el gobierno presuntamente `entregó', sino para cualquiera que pueda sentirse alcanzado por la declamada disposición del fiscal a "llevarse puestos" funcionarios oficiales. >
Más allá de los excesos y el candor verbal de Stornelli, es llamativo que el mismo gobierno que durante varios meses sostuvo a capa y espada a Miguel Campos, el ex secretario de Agricultura que había sido procesado por la Justicia por su manejo en la distribución de la cuota Hilton, porque nadie es corrupto hasta que se demuestre lo contrario, actúe tan intempestivamente en base a una conversación telefónica y prácticamente la emita en cadena nacional.>
En paralelo, los mismos voceros del mismo gobierno (los Fernández, en sus variantes Alberto y Aníbal), propalaron su escepticismo respecto del extenso, detallado y jugoso dictamen del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidiendo el apartamiento del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de su emisaria en el Indec, Beatriz Paglieri, por la activa y deliberada manipulación y falsificación de los datos de inflación.
Entre uno y otro caso hay un par de nexos. Uno, evidente y directo, es la participación del fiscal Stornelli, a quien Garrido pidió intervención en el tema Indec. El otro es el efecto patrimonial. >
Aparentemente, se sugiere, el escándalo Skanska es un caso de corrupción. Hay en danza sobreprecios, coimas, valijas de dinero, bolsillos que se engordan a costa de la sociedad, que es en definitiva la que sufraga una obra más cara, una tarifa de gas más alta o un enriquecimiento rápido del que resultaría de otro modo. >
En esa caracterización, el caso Indec sería en cambio apenas la torpeza de un par de funcionarios ansiosos de mostrar mejores resultados en la lucha contra un enemigo de todos: la inflación.>
Desde el punto de vista de los patrimonios y del interés general, sin embargo, la manipulación de los datos oficiales de inflación es de mayor peso. El Estado se ahorró miles de millones de pesos en el pago de ajustes de deuda por inflación pero sacrificó en el camino un intangible de mucho mayor alcance: la credibilidad de la información pública. El costo -incluso el estrictamente económico- de ese falseamiento es, aunque incalculable, mucho mayor que el de las coimas en la gestión de obra pública. >
La decisión de la oposición de pedir el juicio político del ministro de Planificación, Julio De Vido, bajo cuya órbita se produjeron las irregularidades del caso Skanska, marcará el tono político de las próximos meses. Es obvio que el gobierno defenderá a De Vido a capa y espada. Menos obvio es qué hará la senadora, primera dama y probable candidata presidencial del kirchnerismo, Cristina Fernández. ¿Será lo suyo un alejado silencio, una condena oblicua? Una defensa incondicional parece poco probable, porque desmentiría uno de los activos de Cristina: su presunto disgusto por el estilo poco elegante y aún menos transparente de De Vido. >
Aunque el fragor del escándalo y la lucha política tape las cosas con nombres y acusaciones, lo que está en juego es el esquema de financiamiento de la obra pública. La Argentina pasó sin escalas del Estado grande, fofo y deficitario que había tenido hasta principios de los noventa, al Estado ausente en el que las obras y los servicios públicos quedaron libradas sin más al cálculo de conveniencia y rentabilidad privada -con escasa regulación y contralor estatal- en los noventa y luego a un Estado presuntamente activo bajo Kirchner.
La particularidad ahora es que el gobierno se reserva la decisión de qué hacer, manda por ley a juntar los fondos, los pone luego fuera del presupuesto y de controles elementales como la ley de administración financiera y -finalmente- a disposición de operadores privados. Si éstos se portan como amigos, ya está armada la cocina de las nuevas cajas negras de la política.
En los próximos meses, mientras los argentinos voten, podría ocurrir otro de esas alquimias patrimoniales de la Argentina K: la reestatización parcial de Repsol YPF. ¿Quién, si no el Estado o alguno de sus amigos, pondrá varios miles de millones de dólares en una compañía que no pueda manejar?
Sergio Serrichio (CMI)