Centros comerciales, sociedades rurales y cámaras transportistas de las localidades de Esperanza, Santa Fe y Rafaela, han solicitado que, dado el mal estado de las rutas 6 y 70, se interrumpa el cobro de peajes hasta que se normalice la situación provocada por las inundaciones. Pero también reclaman por su falta de mantenimiento.

Las quejas contra el sistema de peajes establecido en las rutas mencionadas se hicieron escuchar desde el momento mismo de su constitución. Ya entonces se advirtió sobre la ilegitimidad de un sistema cuyo objetivo era recaudar fondos sin que quedara asegurada la debida contraprestación, tal como lo establecen los principios generales del derecho en esta materia.>

Podría decirse que el peaje que se les cobra a los transportistas en estas dos rutas no es ni barato ni caro, es inexplicable. Las leyes definen diversos métodos de financiación vial, pero el sistema aplicado en la 6 y la 70 no se encuadra en ninguna de las disposiciones vigentes. Las inundaciones han puesto en evidencia el carácter de simple caja recaudadora de las casillas ya que la carpeta asfáltica está en pésimas condiciones. Al respecto, los transportistas denuncian la existencia de baches y la ausencia de adecuadas señalizaciones, entre otros vicios que perturban la normal circulación. La pregunta elemental que se hace cualquier ciudadano es por qué se debe pagar un peaje cuando no presta ningún servicio compensatorio. Sobre todo si se tiene en cuenta que los ciudadanos contribuimos con nuestros impuestos para mantener y desarrollar la infraestructura vial.>

En este sentido, se estima que el Estado recauda alrededor de 5.800 millones de pesos anuales para atender el mantenimiento y la creación de infraestructura indispensable para la integración geográfica y económica del país. Según denuncias puntuales de instituciones dedicadas a la protección de los derechos ciudadanos en la materia, un porcentaje importante de estas recaudaciones se destina a otros objetivos.>

El caso de las casillas de peajes en las rutas 6 y 70 -si bien es de competencia provincial- se ve agravado por la ausencia de una efectiva prestación de servicios, al punto que dirigentes comunales y municipales que en su momento alentaron este proyecto, ahora solicitan que durante la emergencia no se cobre peaje, reclamo que hasta la fecha no ha sido atendido.>

A este panorama habría que añadirle irregularidades vinculadas con el personal encargado de cobrar el peaje. Es que la mayoría de estos empleados no están identificados, y en los últimos tiempos se han reiterado las denuncias sobre "redondeos" de los vueltos en detrimento de los automovilistas.>

En definitiva, la situación no es normal. Es necesario que las autoridades competentes se hagan eco del reclamo de las instituciones de los departamentos Las Colonias y Castellanos. Y mirando hacia el futuro, es necesaria una reflexión seria sobre el sentido de este sistema que cuesta plata y no brinda servicios, la creación artificiosa de puestos de trabajo teñidos por la política y la evolución de los flujos de tránsito como elemento de evaluación de un corredor vial que pareciera decaer.>