Un año del Plan Estratégico
Nuevos proyectos para el plan de reforma judicial
Ya están concluidos el Código de Menores, el Procesal Laboral, el Civil y Comercial, y los de jueces subrogantes. Somaglia advirtió que la reforma penal demandará nuevas herramientas de gestión.

El subsecretario de Justicia, Gabriel Somaglia, consideró que el resultado obtenido a un año del lanzamiento del Plan Estratégico de reformas ha sido positivo, pues se han concluido cinco proyectos de gran trascendencia, y uno de ellos, el Digesto Provincial, ya fue convertido en ley.

Adelantó que en los próximos días se recibirán los proyectos de reformas a los Códigos de Menores, Procesal Laboral, Civil y Comercial, y los vinculados a los regímenes para jueces subrogantes, llamado banco de suplentes y de Estado Judicial de Reserva, los que serán elevados al Consejo Rector para su consideración.>

En el primer proyecto, en líneas generales, se han producido despachos en la Comisión de Menores vinculados a la competencia y atención de los temas que hacen al patronato y medidas protectorias de minoridad en relación con la ley N° 26.061, receptándose todas las reglas internacionales de juzgamiento de tipo acusatorio de un menor que, basándose en la oralidad, tiene un propósito educativo y formativo.>

Laboral y banco de suplentes

En materia Laboral, se proyecta legislar nuevos trámites especiales de carácter ejecutivo para la percepción de indemnizaciones y salarios en mora; se define la caducidad procesal por falta de impulso; se restringe la posibilidad de suspensión de las audiencias conciliatorias, estableciéndose que sólo se tramitarán en ese fuero las accidentes de trabajos de los empleados públicos.

Mientras, en lo Civil y Comercial se pretende eliminar las notificaciones automáticas, agilizar más el juicio ejecutivo suprimiendo etapas, regular las medidas autosatisfactivas, eliminar citaciones fiscales y establecer el proceso sumarísimo para cuestiones vinculadas a las locaciones, entre otras cosas.>

Los relativos al banco de suplentes y estado judicial se vinculan directamente a la posibilidad de cubrir ampliamente vacantes transitorias mediante un procedimiento ágil, en el cual participen no sólo los integrantes del Poder Judicial, sino también los abogados en ejercicio de su matrícula, y a la alternativa de utilizar jueces que hayan dejado la magistratura para atender causas en situaciones de alta congestión litigiosa u otras extremas, con el fin de sostener la regularidad de los despachos de resoluciones judiciales.>

Un cambio cultural

Sobre el nuevo proceso penal, a estudio legislativo, Somaglia reflexionó que en tal área se ha producido el trabajo más trascendente, porque se ha proyectado un cambio de sistema de enjuiciamiento que propende a la agilización del procedimiento acusatorio a través de la oralidad.

"Esto implica un cambio sustancial en la cultura de la actividad judiciaria, no sólo para los jueces y funcionarios del Poder Judicial, sino de los abogados y de los justiciables, que merece un estudio y difusión en lo referente a la instrumentación de lo que será el nuevo sistema", estimó.>

Somaglia precisó que "se van transitando diversas etapas. Primero, es el cambio normativo del sistema, pero luego viene lo más importante: su instrumentación, porque poner en práctica un nuevo procedimiento implica un cambio cultural que requiere una fuerte vocación innovadora. El desafío de gestionar el cambio supone que las instituciones manejen instrumentos distintos a los que tradicionalmente utilizaban.>

"Cambiar los procedimientos es sólo una parte, ya que harán falta técnicas de gestión que aumenten la capacidad del capital humano y mejorar su asignación funcional. Los cambios o las reformas estructurales implican una priorización de valores y culturas y un reconocimiento implícito de los riesgos inherentes al nuevo modelo", agregó.>

Sostenimiento

Con referencia a la reforma procesal penal, Somaglia hizo notar que todo proceso de cambio institucional funciona por etapas y que cada innovación requiere ser evaluada después de un tiempo. "Avanzar en ese sentido resulta una política de Estado que debe sostenerse por consenso en el tiempo", sostuvo.

Esto implica, entre otras cosas, adecuar las organizaciones institucionales, la normativa consecuente del nuevo sistema, la realización de un plan de capacitación, controlar y seguir la progresividad de su instauración haciendo ajustes en el tiempo, más la finalización de las causas en trámites.

En función de eso, remarcó Somaglia, "todos son responsables por el fortalecimiento del nuevo sistema. No sólo de quienes integran el Plan Estratégico, ya que es necesario el impulso de una fuerte difusión. Esto abarca el rol que cabe a los distintos actores para que la comunidad sepa, en el nuevo proceso judicial y más allá de su nuevo mecanismo, cómo será su defensa en un juicio y cuál, el fortalecimiento del debido ejercicio de los derechos de las personas, sean ellas víctimas o victimarios".

En la Legislatura

Además de la aprobación del Digesto Provincial -que buscará compilar de manera sistematizada la legislación-, la Legislatura tiene para su estudio la Ley de Ministerio Público Fiscal, el nuevo Código de Faltas, la mediación prejudicial obligatoria y la reforma del Código Procesal Penal, que establece el juicio oral y será tratado el jueves en la Cámara de Diputados.