La actual gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el firme impulso de su presidente, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, encaró una serie de medidas tendientes a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, que aspiran a convertirse, por primera vez, en una verdadera política en la materia.

En tal sentido, tanto la Primera Conferencia de Jueces que tuvo lugar en nuestra ciudad el año pasado, como las reuniones preparatorias de la que se desarrollará en septiembre en Salta, se convirtieron en espacios donde el análisis y el diagnóstico no se agotan en sí mismos, sino que son la base de sustentación para iniciativas y propuestas concretas, de diverso alcance.>

Así, la admisión de las deficiencias en la prestación del servicio, consistentes principalmente en las demoras de los trámites y las dificultades de acceso de la comunidad, no son solamente el preludio al clamor por la falta de presupuesto, sino el punto de partida para un reclamo firme y fundado al respecto y para el diseño de iniciativas vinculadas con la incorporación y desarrollo de herramientas de gestión.>

Precisamente, ese concepto y el de atar el desempeño a una clara política de comunicación, constituyen seguramente los principales carriles por donde circula este proyecto de reinserción de la Justicia en la comunidad.>

Se trata, en definitiva, de asumirla de manera definida como uno de los poderes del Estado, con todas sus implicancias prácticas y por encima de la distinción a veces meramente formal o académica. En tal sentido, y a la vez que remarcaba la distribución de competencias, Lorenzetti reafirmó en recientes declaraciones el papel de "control" sobre los otros poderes que le cabe al Judicial y se hizo cargo de las rispideces que eso puede generar.>

Pero también apuntó a concentrar el accionar de la Corte y los jueces, en tanto poder, en una estrategia de posicionamiento claro y protagónico dentro de un esquema institucional fuertemente dominado por el componente político y, sobre todo, por la impronta presidencialista.>

Tampoco el anclaje en la sociedad viene dictado, a juzgar por los dichos del presidente del Tribunal, por el afán de generar una simpatía o una adhesión popular que tradicionalmente resulta esquiva. En todo caso, el compromiso asumido es el de tratar de dar una respuesta idónea -esto es, en tiempo y forma- a la creciente demanda de la ciudadanía, pero siempre ajustada a la normativa y a los principios fundamentales del derecho, de tal manera que el goce de las garantías constitucionales y la forma en que se diriman los conflictos revalide el prestigio de los tribunales como custodios de una real y extendida seguridad jurídica.>

La ciudadanía está harta de palabrerío insustancial y autorreferencial alentada por corporaciones institucionales, como sería en este caso la de los jueces. La manera en que la Corte nacional parece haber encarado el desafío, así como el plan integral de reformas puesto en marcha en la provincia, son indicios positivos de que existe voluntad por mejorar las cosas. Ahora, de los actores depende que la expectativa creada no se convierta en una nueva decepción.>