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La Cámara de Diputados dio una fuerte señal política al votar en los primeros minutos del último viernes el futuro Código Procesal Penal de la provincia. En medio de la campaña electoral, cuando los cuerpos parlamentarias bajan la persiana, oficialismo y oposición se dieron espacio para votar un proyecto que la clase dirigente tuvo ya en sus manos en 1993 y no quiso o no supo llevar adelante.
Azuzados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fraticelli y con la espada de Damocles de otras decisiones del cuerpo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la provincia se dispone a dejar de lado ciento veinticinco años de proceso escriturista en lo penal, donde el juez investiga y dicta sentencia, donde las víctimas carecen de elementos derechos en el proceso y donde el propio magistrado en más de una ocasión ni siquiera ve la cara del acusado.>
Más allá de los matices y las diferencias al momento de decidirse en particular, la unanimidad alcanzada al votarse en general es una señal contundente de que el camino abierto deberá ser transitado en los últimos meses de la gestión Obeid y el que lo suceda deberá asirlo con fuerza para encarrilarlo en el primer semestre mes del año venidero. Ahora, la mirada está puesta en el Senado, donde algunos representantes justicialistas han hecho un compromiso ante diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo que podrían considerarlo en las primeras semanas de la vuelta del receso.>
Con el Código hecho ley se iniciará una etapa de transición que necesitará fuertes consensos políticos para dictar leyes sobre institutos que ayudarán a la ejecución del sistema. También se deberán nombrar los jueces, fiscales y defensores que tendrán a su cargo el funcionamiento de un proceso que deberá observar los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediatez, simplificación y celeridad.
El acuerdo del que hoy gozan los jueces penales en toda la provincia los transformará en los magistrados de los procesos orales, mientras que los fiscales -piezas clave en la investigación- necesitarán, de ahora en más, acuerdo legislativo, al igual que los defensores.>
Entre los institutos, el debate de Diputados definió claramente las diferencias que tiene el justicialismo con la oposición sobre los alcances del Ministerio Público Fiscal. Tal vez, conocido en setiembre el nombre del futuro gobernador, estén más claros los alcances que tendrá la figura. Pero, además, los diputados de la oposición le pidieron a Obeid que se abstuviera de enviar el pliego del futuro procurador en reemplazo de Jorge Bof "sin perjuicio de la aceptación de la renuncia". Dicen los diputados que el nuevo procurador "deberá responder a un perfil acorde con el nuevo sistema que se va a instaurar en toda la provincia". El decreto de Obeid de aceptación de la renuncia de Bof deberá contener la fecha del cese de la tarea. En ámbitos tribunalicios se deslizó la necesidad de que el futuro procurador tenga experiencia en gestión porque tendrá frente a sí una ardua tarea de poner en marcha el sistema de fiscales y, de mantenerse la redacción votada en Diputados del Código Procesal Penal, al sistema de defensores.>
A otros les preocupa cómo se definirá el tema edilicio. "Hoy se sigue remodelando el Palacio de Tribunales en Rosario sin tener en cuenta las nuevas necesidades de salas que requerirá la oralidad", se quejó el socialista Raúl Lamberto. "El Código Procesal Penal tiene fuerte implicancia política porque fija la línea a seguir en materia de seguridad y criminalidad", se le escuchó decir a Danilo Kilibarda.>
"Tendríamos que haber logrado el gran debate y generado anticuerpos para que el sistema funcione", señaló Lamberto tomando al pie de la letra algunas recomendaciones u observaciones que pronunció días atrás, en Rosario, el ministro de la Corte Nacional, Raúl Zaffaroni. "Nos planteó tener cuidado porque una reforma que no da lugar a las expectativas genera un sentimiento de que no sirve", acotó.>
Pero, entre las sucesivas demoras de votar el proyecto y la transición, Kilibarda recordó un consejo del jurista cordobés Cafferata Nores, pronunciado en el mismo salón de acuerdos de la Corte años atrás, cuando en el Poder Judicial había dudas sobre la puesta en marcha de la reforma. "Pónganla en marcha y después vayan dando los pasos necesarios; si no, nunca van a empezar", dijo. Ahora, obligados por un Código que no cumple con la Constitución Nacional, el primer paso fue dado y parece que no hay resistencias en el Poder Judicial.>
La diputada radical Mónica Peralta fue una de las que señaló que "el gobierno no puede imponer una reforma tan importante sin un trabajo previo de indagación y un trabajo paralelo de debate y consenso. Hacerlo de otro modo significará el fracaso liso y llano".
Las apreciaciones de Peralta se respaldaron en dos encuestas realizadas por la consultora de opinión pública que dirige Lucio Gubernam y con el asesoramiento jurídico del Inacyp.
Por la primera de ellas, realizada en Rosario, se permitió decir que la sociedad era ajena al debate ya que apenas el 13 % afirmó saber que hay algún tipo de reforma penal en marcha y que tres de cada cuatro encuestados desconocieron que Santa Fe es la única provincia que no utiliza el juicio oral. "Los acuerdos más sólidos que parecen tener los rosarinos respecto de la Justicia tienen que ver con la lentitud derivada del proceso escrito y con la falta de difusión de instrumentos que permitan resolver casos antes de la instancia judicial".
El otro trabajo -con autorización de la Corte Suprema de Justicia- fue un censo entre operadores judiciales de toda la provincia sobre el sistema penal. Apenas 97 de los 600 formularios entregados fueron respondidos.
Peralta subrayó que "lo llamativo de esta consulta es que, pese a que los operadores ven, reconocen y opinan acerca de los problemas de la Justicia, parecen no encontrarse comprometidos con el proceso de cambio desde el momento que un 51 % de los consultados dijo no conocer proyectos o propuestas vinculados con los temas tratados".
Los operadores judiciales reconocen la excesiva cantidad de causas como uno de los problemas principales, admiten el escaso uso de medios alternativos como probation o mediación y destacan la inadecuada configuración de rol de jueces y fiscales, esto es piden las funciones de quien investiga y de quien juzga.
Mario Cáffaro