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Con el trasfondo del conflicto pesquero en Santa Cruz y las exigencias de los camioneros de la Patagonia, el titular de la CGT, Hugo Moyano, se reunió ayer nuevamente con el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para insistir en el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
La central obrera viene solicitando subir el mínimo de 3.200 a 4.000 pesos para los trabajadores solteros, y de 4.200 a 5.000 pesos para los trabajadores casados con dos hijos. En la práctica, implica que se achicará el universo de trabajadores que pagan ese impuesto.>
La anterior suba fue el 8 de marzo último cuando Felisa Miceli aún seguía al frente del Ministerio de Economía. La medida fue entonces retroactiva al 1° de enero y benefició a 800.000 trabajadores, muchos más de los 200.000 que en 2001 eran alcanzados por el gravamen. Apenas un año atrás, el gobierno había elevado el piso de 1.835 a 2.400 pesos para los solteros y de 2.235 a 3.200 pesos para los casados.>
La reunión entre Kirchner, Moyano y Tomada se prolongó durante más de una hora. Tras la audiencia, el ministro de Trabajo se dirigió al despacho del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, para terminar de definir -según fuentes de Casa de Gobierno-, los detalles finales del decreto. El anuncio no pasaría de las próximas horas.
Desde la semana pasada, el ministro de Economía, Miguel Peirano tiene sobre su escritorio un pedido de la Casa Rosada para analizar el costo fiscal de la medida. En el anterior ajuste al mínimo no imponible, según había sostenido Miceli, el impacto fiscal fue de 1.500 millones de pesos.>
La decisión, que implica una mejora en los ingresos de los trabajadores de sueldos medios, formaba parte de los anuncios preelectorales del gobierno, pero los episodios de Santa Cruz -trabajadores pesqueros en huelga en Puerto Deseado reclaman una baja del impuesto a las Ganancias-, unidos al nuevo reclamo de la CGT, aceleraron la decisión.>
La CGT viene reclamando también el incremento de las asignaciones familiares, que ayer habría sido parte de la agenda de la reunión. Este incremento, más una suba en las jubilaciones, sí formarían parte de la batería de anuncios de la carrera electoral.>
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sostuvieron que con la nueva suba del mínimo no imponible la situación del trabajador será "similar al momento previo del último aumento salarial". "El cambio sería real si el impuesto deja de impactar sobre la antigüedad, el aguinaldo y las horas extra. Eso sería un verdadero adelanto", agregaron del sindicato que nuclea a 220 mil empleados.
Para Smata, sindicato con 70 mil trabajadores, es una buena noticia pero de mínimo impacto. "La mejora es apenas perceptible y en su mayoría para los trabajadores que se desempeñan en fábricas terminales". Agregan, de todas maneras, que "es una locura que un asalariado pague este impuesto".>
En tanto, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), que lidera Luis Barrionuevo, señalan que el beneficio para sus 165 mil afiliados no es considerable. Por convenio los sueldos más altos llegan a los 3.000 pesos. "Sólo la categoría 7 -la de mayor ingreso- sumando los aguinaldos puede verse beneficiada y los cocineros que tienen acuerdos por fuera de convenio".>
El ministro
de Economía, Miguel Peirano, defendió al mercado interno como generador de empleo y oportunidades de negocios para las pequeñas y medianas empresas argentinas, y su potencial dentro del Mercosur. "Llevamos a cabo una política muy activa de resguardo para el mercado interno, del poder adquisitivo, del empleo y de las políticas del comercio exterior", sostuvo Peirano en Casa de Gobierno, en oportunidad del acto de lanzamiento de una línea de créditos para Pymes, que encabezó el presidente Néstor Kirchner.
El gobierno analizará esta semana un plan de subsidios estatales para reducir hasta en un 25 por ciento el monto promedio de las actuales cuotas de los créditos hipotecarios, lo que permitiría ampliar el rango de potenciales tomadores. El mecanismo haría caer de 1.650 a entre 1.200 y 1.300 pesos el valor de la cuota por pagar por un préstamo a 20 años de plazo y, de ese modo, haría que el ingreso mínimo mensual exigido a la familia que se endeuda pase a ser de entre 4.000 y 4.300 pesos, contra los 5.500 actuales. Esto ampliaría el universo de potenciales beneficiarios a gran parte de la denominada clase media, según coincidieron en señalar diarios porteños.
El ejemplo mencionado se refiere a un crédito tipo por el equivalente a 50.000 dólares (157.000 pesos al cambio de ayer) en el que el efecto ahorro sobre el monto de la cuota efectiva por pagar se logra en la medida en que el Estado acepte financiar hasta un 20 por ciento de la compra y recobrar ese dinero después de que los bancos. Es decir, una vez que el deudor haya cancelado la primera hipoteca (la que tomó con la entidad financiera), dado que el esquema se basa en un sistema de doble hipoteca (la otra la firmará en favor de la repartición pública que subsidie).
La alternativa que se analiza se sumaría al resto de las vigentes, que van desde la vivienda social (los programas a cargo del Fonavi) hasta el denominado Plan Inquilinos (que aún no tuvo éxito), que rompió con el concepto de la relación cuota-ingresos, al establecer que el monto del financiamiento debe vincularse con el alquiler que el interesado paga por la vivienda que ocupa.
La propuesta actual vuelve a poner el foco sobre los que tienen ingresos formales, y establece una serie de criterios restrictivos para focalizar la oferta: sólo financiaría la compra de viviendas de hasta 80 metros cuadrados cubiertos y siempre que el costo de la operación no supere el rango de los 900/1.000 dólares por m2.
El estudio fue encargado por el Ministerio de Planificación a un equipo técnico encabezado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, y del que forma parte también el número dos del Banco Ciudad, Ernesto Selzer.
Ignacio Sanguinetti - CMI