El gobierno debe tomar nota de lo provocado por el borrador fallido de ley de educación provincial. El documento conocido nos indica que en el Ministerio hay un núcleo duro de activistas partidarios de la subsidiaridad del Estado y antilaicistas dispuestos a someter a la educación provincial a la centralización nacional de la política educativa y de la formación docente, al financiamiento del desarrollo educativo al régimen de las licitaciones, al sometimiento de la provincia a las decisiones del Consejo Federal de Educación, sin posibilidad de rechazo de las mismas, entre otras cuestiones negativas, con tal de lograr sus propósitos fundamentalistas.

Hay que cuidar que no se instalen falsos dilemas que nos impidan el debate respetuoso pero firme de ideas y propuestas. Tampoco la reflexión en las escuelas debe transformarse en un mandato imperativo para los legisladores que limite el debate parlamentario, como pasó en el orden nacional. Además, un gobierno que ha gobernado sin ley nos debe explicar las razones del apuro que lleva a que legisladores con un mandato casi vencido impongan a los santafesinos sus visiones en una cuestión tan delicada.>