Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
Con intervenciones claras, accesibles y didácticas, los camaristas que redactaron el proyecto de Código Procesal Penal expusieron ayer en el Senado, los lineamientos centrales de una reforma que pretende poner al Poder Judicial de Santa Fe a la altura de los requerimientos de la Constitución nacional y de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Acaso lo llano de las exposiciones -sobre todo del subsecretario de Justicia Gabriel Somaglia y de los magistrados Julio de Olazábal y Sebastián Creus- se debió a que estaban al tanto de que en la Cámara Alta santafesina sólo uno de sus integrantes es abogado.>
Fue justamente el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Gramajo (PJ- 9 de Julio), quien ayer presidió la reunión que se desarrolló en el recinto del Senado, y seguramente uno de los que más debe haber disfrutado el encuentro. Es que el norteño -que deja su banca después de varios mandatos- fue uno de los principales impulsores de la frustrada reforma de 1992-93 y ahora recoge en parte aquella labor.>
Ayer, estuvo también el ex diputado provincial Angel Baltuzzi que integró con Gramajo, la Comisión Bicameral que naufragó frente a lo que se definió entonces como "la corporación", que rechazó dejar el proceso penal escrito. Por entonces, pesaron más esos argumentos (sobre todo el económico) y la posición final del entonces gobernador Carlos Reutemann fue pasar el tema al archivo.>
Se habló del fin del sistema inquisitivo, de los tiempos y los recursos humanos y materiales que necesita la modernización de un sistema penal que es -según se apuntó ayer- el único en Latinoamérica que todavía se basa exclusivamente en el procedimiento escrito.
El cambio goza de un consenso generalizado, que -además- está apuntalado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo convierte en prácticamente obligatorio.>
La falta de garantías para los acusados -hoy tienen valor judiciable sus declaraciones en ausencia de su abogado defensor y es el juez que investigó el caso, el mismo que dicta sentencia- han convertido al proceso penal local en objeto de una amonestación severa por parte de la cabeza del Poder Judicial argentino.>
Unos dijeron que Santa Fe había perdido 14 años al no aprobar la reforma que planteó la Comisión Bicameral de la Legislatura en 1992-93. Otros advirtieron que ese cambio debió hacerse en 1962 al reformarse la Constitución santafesina.>
Por lo que se vio en el recinto, por ahora las diferencias entre el oficialismo y la oposición en el Senado, se basan sobre todo en los tiempos acordados para su tratamiento.>
Los representantes del socialismo y el radicalismo no creen que basten los 7 días que quedan para la próxima sesión, para la que se ha comprometido una preferencia. En el oficialismo, es evidente la prisa por aprobar sin cambios el texto que giró con media sanción Diputados. Y se defiende la renovación de la preferencia, aún sin tratamiento.>
En nombre del bloque del PJ, Daniel Depetris aseguró que no se impedirá el debate ni el estudio de un tema tan serio y confirmó que el despacho deberá llegar al recinto con despacho de las comisiones. La mayoría tiene en el Senado números de sobra para provocar un expeditivo -pero poco prolijo- sobre tablas. Por los dichos de Depetris se advierte que ése no es, al menos por ahora, el criterio a seguir.>
Años perdidos
Una reforma de fondo para el Poder Judicial que se debe aprobar en medio de un año electoral, a sólo un mes de la elección de gobernador. Una prisa inocultable, que seguramente provocará menos revisiones y lecturas en las comisiones que las que el tema requiere. Asimismo, una modificación que no tiene aún los números de sus necesidades materiales y en recursos humanos, es el precio a pagar por todos los santafesinos, donde no se aceptó modernizar el proceso escrito mientras lo hacían todas las demás provincias.
El debate de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tuvo la virtud de recurrir a figuras simples de comprender.
Fue el diputado Danilo Kilibarda (PJ) -que también participó del encuentro- quien recurrió a una muy conocida. Dijo que la Cámara baja consideró que se debía salir del dilema sobre qué debe ser primero si el huevo o la gallina, para explicar por qué el proyecto con media sanción no cuenta con aspectos que -dentro y fuera de la Legislatura y del Poder Judicial- se consideran necesarios. Entre ellos, la ausencia de una ley de Ministerio Público, para dar una entidad diferente a los fiscales.
Juan Carlos Mercier también volvió al gráfico (pero falso) dilema y dijo: "se debe aprobar con el huevo y con la gallina. Hablaba de la asignación presupuestaria o al menos de una norma que fije el origen de los fondos que la reforma necesitará para ponerse a andar. En su criterio, ambos aspectos "deben resolverse" para la aprobación del mensaje.
Antes, el subsecretario de Justicia, Gabriel Somaglia, dijo que el costo no ha sido aún afinado y que el criterio es lograr una aplicación gradual de la reforma, produciendo cambios por circunscripciones.
También los camaristas dieron sus puntos de vista desprovistos de tecnicismos incomprensibles para quienes no son abogados. Por ejemplo, Julio de Olazábal explicó que el juez, en la concepción de la reforma, tiene un rol equidistante de las partes en conflicto, tal como ocurre con "un árbitro de box" que es quien se encarga de hacer lícita la lucha con imparcialidad. Explicó que el sistema actual -por el peso inquisitivo del proceso vigente- pone al árbitro en favor de uno de los púgiles.
Advirtió que deberán hacerse inversiones y capacitación para contar con una Policía Científica que colabore con los fiscales y consignó que el enorme porcentaje de presos sin condena (70% de la población carcelaria), es en parte producto del sistema inquisitivo actual.
También destacó que el valor de la reforma y su eficiencia no deberán medirse por el número de fallos o casos resueltos sino por su virtud de hacer o no justicia.
A su turno, su colega Sebastián Creus, se detuvo a explicar qué se espera de la llamada Oficia de Gestión Judicial, que asignará causas y determinará la agenda de los procesos, y romperá el concepto de los juzgados como un sistema estanco.
Advirtió que es un error suponer que el acusado no tendrá derecho a recusar al juez que le asigne dicha oficina o que ese nuevo rol tendrá implicancias judiciales. Subrayó que se ha estudiado especialmente la reforma del sistema judicial en Chile -que ha incorporado una figura similar- y cuenta con una base de gestión con fuerte auxilio de la informática.
Creus subrayó que para que avance el proceso de capacitación planteado en el marco del Plan Estratégico se debe contar antes con una norma concreta (sin recurrir al dilema avícola).
Para Angel Baltuzzi -que intervino en la fallida reforma de los '90 y lo hace ahora desde dicho plan de modernización del Estado- serán necesarios "dos o tres años" y un fuerte consenso político para "pasar casi de la Edad Media al Siglo XXI".
Los secretarios
Unos pocos periodistas cubrieron ayer el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se llevaron un dato nuevo: un debate interesante existió entre quienes redactaron el nuevo Código Procesal respecto del rol actual y el que se crea para los secretarios de juzgados. El Dr. Ramón Ríos, del Colegio de Magistrados de la Provincia, advirtió que su labor (que hoy "es casi la de un conjuez") se verá fuertemente reducida por la presencia de la Oficina de Gestión. En su opinión, sin eco en el proyecto, se les deben asignar tareas de mayor jerarquía en dicha oficina para la gestión administrativa del Poder Judicial.
Luis Rodrigo