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El fiscal Carlos Stornelli asestó un nuevo y duro golpe a la credibilidad del Instituto Nacional de Índices y Censos, en un voluminoso dictamen donde consigna maniobras para adulterar las mediciones, violación del secreto estadístico e, incluso, falseamiento de documentos públicos, por la información difundida en los comunicados del organismo.
A través de un documento de 157 páginas, que incluye, entre otros, los testimonios de ex altos funcionarios del Indec, técnicos desplazados y encuestadores, el fiscal pide al juez Rodolfo Canicoba Corral que cite a prestar declaración al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; a la interventora en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri, y a la actual directora del Indec, Ana Edwin.>
Las principales conclusiones que el funcionario judicial extrajo de la indagación -según las resume en su edición de hoy el diario Clarín- son las siguientes:>
-Desde febrero, por orden de Paglieri, hay un "sistema informático paralelo" que antes no existía en el organismo. Permite introducir datos distintos de los que recaban los encuestadores y otros "externos" (por ejemplo, los que entrega la Secretaría de Turismo para el costo de este rubro).>
-También desde febrero, funciona un "parche informático". A través de este instrumento se les pueden fijar topes a los precios: según los meses, se aplicaron a frutas y verduras, a otros productos esenciales y a los autos. Son, finalmente, los que se toman para calcular el índice.>
-Se realizan simulaciones sobre los resultados del IPC: presumiblemente, para que Paglieri elija el que mejor le conviene o, si se prefiere, el más bajo.>
-Existe lo que en la jerga interna se llama "sistema Parvul": consiste en no incorporar a los promedios cierto rango de precios y contiene una fórmula que posibilita recortarlos.>
-Se han borrado precios tomados en el pasado y otros registrados en planillas de los encuestadores que no fueron tomados en cuenta.>
Según el fiscal, "la supresión de datos estadísticos, la inclusión de otros que no revisten esa calidad, la alteración de métodos utilizados (previamente) para la elaboración del IPC redundaron (incidieron) en los datos finales y en la inclusión de datos falsos".>
El relevamiento del informe incluye toda una serie de acciones, que van desde la incorporación de variedades de productos que no figuran en la metodología hasta los precios que, arbitrariamente, se les fijan a hoteles y paquetes turísticos. Pasando por mediciones -como el precio de los autos- hechas "personalmente" por Paglieri.
Y los llamativos antecedentes de tres funcionarios incorporados por la interventora del IPC: una fue encargada de diseño gráfico en una librería comercial; otra, secretaria de un consultorio médico y de una empresa de construcción, y el tercero, vendedor y encargado de personal de un hotel de San Juan.>
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, está investigado por violación al secreto estadístico y abuso de autoridad. La interventora en el IPC, Beatriz Paglieri, por los mismos delitos, más falsedad ideológica y adulteración del índice.>
Seguimiento
El dictamen de Stornelli recoge una serie de testimonios reveladores sobre el tipo de maniobras que se denuncia. Por ejemplo, una operadora de turismo recibió la visita de inspectores de la Secretaría de Comercio, una inspección combinada de la Afip y de Policía del Trabajo y otra de la Secretaría de Turismo, después de haber informado precios más altos a los acordados por la cámara del sector con Moreno. Del mismo modo, la encargada de una casa de ropa, después de consultar con la fábrica, le mostró al encuestador una "lista de precios acordada con el Indec". Para el pan, el precio es siempre 2,50 pesos, aunque el relevamiento arroje 4, porque las variedades aceptadas son "pan porteño, pan solidario, pan económico".
Más de un centenar de profesionales y ex funcionarios del Indec criticaron el "arbitrario" relevo de la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cinthya Pok, al tiempo que reclamaron a los candidatos presidenciales que definan "cuál será su política" con el organismo.
En una declaración pública, los ex funcionarios, junto a profesionales de la Economía, la Estadística y la Sociología, reclamaron la sanción de una ley "que dote al Indec de plena autonomía y autarquía y lo sustraiga de la órbita del Ministerio de Economía", además de puntualizar "la necesidad de recalcular el IPC desde enero de 2007 en adelante".
La declaración lleva la firma, entre otros, del ex ministro de Educación, Juan Llach, los ex directores generales del Indec, Juan Carlos del Bello y Luis Beccaria, y otros ex directivos del organismo, como Víctor Beker, Jorge Katz, Juana Rosa Carrizo, Néstor Kvasina, Lelia Boeri de Carrizo y Marta Kreser. También contó con la adhesión de Rubén Lo Vuolo, Daniel Aspiazu y Alberto Barbeito, dentro de una nómina de más de 160 firmantes.
En el documento, se repudia el desplazamiento de Pok "por negarse a convalidar una estimación de los índices de pobreza e indigencia afectados por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor".
Ese relevo "se suma a los igualmente arbitrarios desplazamientos anteriores de la directora Nacional de Condiciones de Vida y de la directora del área a cargo del Índice de Precios al Consumidor (IPC)", añaden los firmantes.
Finalmente, expresaron su solidaridad con el personal del Indec, "víctima de una campaña persecutoria por el solo hecho de intentar defender la objetividad de las estadísticas oficiales y la credibilidad del organismo".