La decisión judicial que dejó al Partido Justicialista santafesino sin listas para competir en las elecciones internas para candidatos a diputados nacionales, obligando a reconstruir todo el proceso previo y el cronograma a tal efecto, permitió la puesta en escena de prácticas y criterios de la cuestionada "vieja" política, cuya vigencia mal puede disimularse con discursos y modales pretendidamente renovados.

En rigor, los efectos formales del pronunciamiento del magistrado no son graves ni mucho menos irreparables, y la novedad no está cifrada en los actos que le dieron base -y que fueron declarados nulos por él-, sino en el hecho de que la judicialización del caso dejó al descubierto cuestiones de profunda raigambre.>

Concretamente, el juez anuló una prórroga dispuesta por la Junta Electoral partidaria, que no había cumplido con los recaudos pertinentes de notificación a la otra lista y, para mayor añadidura, fue volcada en un documento membretado con una identificación que no correspondía al organismo. A estas irregularidades de origen se encadenaron otras resoluciones, que cayeron por efecto de las mismas.>

La descripción y consideraciones vertidas por la resolución judicial ponen al descubierto un proceder que se ampara en la casi excluyente preponderancia de un sector, para tomar decisiones institucionales sin más basamento que esa situación y relegando a la normativa interna al papel de meras y prescindibles formalidades. Así, las decisiones se toman, como se dice vulgarmente, "entre cuatro paredes", y los estamentos erigidos a los efectos de tener intervención en las mismas se limitan a refrendar e investir de un rango diferente a lo que no son más que acuerdos de cúpula.>

Seguramente no por casualidad, recientemente se produjo un caso equiparable, aunque de sentido inverso, en la coalición opositora. En ese caso, el ceñimiento a la normativa interna -no exento de interpretaciones contrapuestas basadas en intereses confrontados- devino en un freno al accionar de la mayoría dentro de la Unión Cívica Radical. En este caso, las lecturas van desde el cumplimiento estricto de las normas orgánicas, a su utilización con el fin de obstaculizar una clara voluntad política. También en este caso se repitieron constantes en el tradicional partido, normalmente un poco más respetuoso de las formalidades que el oficialismo, pero también más afecto a las complicaciones internas y mutuos intentos de neutralización entre sectores.>

Por exceso o por defecto, los partidos no parecen encontrar la manera de proponer un juego claro, con el debido e indiscutible respeto de las reglas. El efecto excede ostensiblemente el ámbito propio de resolución de conflictos, al punto que obliga a dirimirlos en el tradicionalmente ajeno estrado judicial. Y proyecta en la sociedad una imagen que ayuda a consolidar la suspicacia y la desconfianza de los ciudadanos hacia el sector político, infligiendo un nuevo pero recurrente perjuicio a la forma de vida democrática.>