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Buenos Aires (DyN).- La Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó un fallo que ordenaba indemnizar a la viuda y a los hijos del ex auditor de la oficina de Anses en Mar del Plata, Alfredo Pochat, asesinado en 1997 cuando investigaba presuntas irregularidades en el organismo previsional.
La Sala Tercera de la Cámara dejó sin efecto un fallo de primera instancia que condenaba al Estado nacional a pagar a la viuda un total de $ 2.150.000 de resarcimiento "en concepto de daño moral, psicológico y valor vida".>
Los camaristas Jorge Argento, Carlos Greco y Sergio Fernández consideraron que por las circunstancias del asesinato, cometido por el marido de una de las funcionarias investigadas, quien fue condenado a 17 años de prisión por el homicidio, el Estado no tenía responsabilidad.>
"Si bien el Estado tiene el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos, no es razonable asignar a ese deber genérico un alcance de tal amplitud que lleva a la absurda consecuencia de convertir a éste en responsable de las consecuencias dañosas de cualquier delito extraño a su intervención directa y competencia", dijeron los jueces.>
Pochat fue asesinado el 4 de junio de 1997, un día después de que anunciara en privado las conclusiones de una auditoría en la delegación marplatense de Anses, en la que detectó irregularidades en trámites jubilatorios que habían ocasionado un cuantioso perjuicio a la institución.
Pochat dispuso separar preventivamente de sus cargos a varios funcionarios, entre ellos a Silvia Albanesi de Andreo. Su marido, Armando Andreo, le asestó tres balazos que acabaron con su vida, en plena sede marplatense de la Anses. Los camaristas refutaron el fallo de primera instancia, que había considerado que "el Estado nacional incurrió en una conducta omisiva respecto del poder de policía en lo atinente a resguardar la seguridad personal de Pochat en su carácter de gerente de Investigaciones Especiales en la Delegación UDAI Mar del Plata".>
"No es necesario ni justificado convertir el patrimonio público en asegurador universal de todos los daños que los ciudadanos sufran posiblemente en una sociedad compleja, ya que sería como pretender una especie de seguro público general", añadieron.
Si bien testimonios públicos y relatos de trabajadores de la oficina estatal mencionaron la peligrosidad de la situación por la que atravesaba el auditor, los jueces sostuvieron que "no existen constancias de que Pochat hubiera recibido amenazas o tuviera conocimiento acerca de la peligrosidad de las personas que se pudieran encontrar involucradas" en sus investigaciones.>
Los jueces recordaron que la sede del Anses en Mar del Plata "se trata de una oficina pública, con acceso libre e irrestricto de público a sus instalaciones, el cual se lleva a cabo sin previa revisación ni control en orden a los elementos con los cuales el público concurrente pudiera ingresar".>