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El muy cuestionado proceso penal escrito e inquisitivo de la Justicia provincial santafesina comenzó ayer su cuenta regresiva definitiva: antes de junio de 2008, todos los juzgados deberán haber comenzado a aplicar el nuevo Código Procesal Penal.
Ayer, mediante un veloz sobre tablas -y sin la lectura del extenso mensaje que había llegado con media sanción de Diputados-, el Senado aprobó la reforma por mayoría. Sólo lo votaron los miembros del bloque del PJ.>
Los cambios en el Poder Judicial santafesino tienen impactos jurídicos, doctrinarios y económicos, que urgían al oficialismo, responsable de no haber modernizado -como las demás provincias- el proceso judicial penal.>
En este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en dos fallos de amplio alcance- ha cuestionado al arcaico proceso penal local. Y según reconoció el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Joaquín Gramajo (PJ-9 de julio), la administración de Justicia camina "por la cornisa jurídica" mientras no se comience a aplicar el nuevo Código.>
El legislador norteño brega por el sistema oral desde hace años, y trabajó en el proyecto que se frustró en 1992 y 1993. Con esos antecedentes, pudo advertir que el código vigente "no daba para más", para graficar la urgencia para aprobar la ley. Patricia Sandoz (PS-Rosario) subrayó que el responsable político de que durante los últimos 24 años no haya avanzado la reforma y subsista este proceso es el peronismo. Y agregó "y si no de quiénes era esa ideología retrógrada que no se modificó".>
Se considera que ayer, en el Senado, transcurrió la última sesión previa a la elección de gobernador. Pero eso no es excusa para que ante un tema de importancia real para los santafesinos no se repitiera el interesante marco de consenso que sí se había logrado construir en Diputados.
Antes del receso de invierno, los miembros de la Cámara baja -pese a sus diferencias siempre más altisonantes que en el otro recinto- se arreglaron para tener una sanción por unanimidad, con el correspondiente pase por todas las comisiones.>
No tuvo la misma suerte entre los senadores, el texto redactado por camaristas en el marco de una comisión reunida bajo el paraguas del Plan Estratégico y que cuenta con el apoyo de un muy representativo número de entidades vinculadas al derecho.>
Carlos Fascendini (UCR- Las Colonias) calificó de "lamentable" lo ocurrido y dijo la Cámara había llegado al apuro de aprobar un código sobre tablas "porque en el Senado las comisiones no funcionan, no hay el trabajo que debería existir". Ricardo Spinozzi (PJ- General López) respondió con algunas ironías y palabras más bruscas como "vago", pero lo cierto es que el despacho conjunto se firmó en la media hora de un cuarto intermedio, impuesto por dos mociones de orden para dejar sin micrófono a la oposición.>
El texto sancionado (que los senadores tenían desde hace dos meses) no figuraba en el orden del día, pero no fue leído artículo por artículo (son más de 400).>
Se abrevió por títulos, de acuerdo con una moción aprobada por la mayoría, cuya procedencia cuestionó la oposición. La vicegobernadora María Eugenia Bielsa se ocupó se subrayar -en reiteradas oportunidades- que lo hecho se ajusta al reglamento. Y Gramajo de advertir que es la propia Cámara la que tiene habilitada jurídicamente su interpretación.>
La oposición se abstuvo para marcar sus diferencias, con el trámite legislativo al que consideraron "desprolijo". Los bloques de la UCR y el PS no votaron el sobre tablas, pero tampoco la ley, sobre cuya necesidad -sin embargo- han reclamado reiteradamente.>
El cambio del proceso escrito al oral y la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías tiene un costo económico, cuyo cálculo muestra variaciones de entre 90 y 150 millones de pesos, sólo para el próximo año.
Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) había dicho que no votaría el mensaje sin verificar los números de la inversión de la reforma en la Justicia. Y hasta había expresado públicamente que el Ejecutivo debió incluir en el proyecto de ley la correspondiente asignación presupuestaria.
Seguramente, atendiendo las mismas razones de urgencia con que sus pares de la bancada peronista aprobaron la reforma sobre tablas, a Mercier le bastó con la "información oficiosa", que le suministró el subsecretario de Justicia y Culto Héctor Somaglia.
Incluso, según los cálculos del ex ministro, está subestimado el gasto salarial corriente con que se incrementará el presupuesto del Poder Judicial.
El senador que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta cree que por el rubro sueldos será -como mínimo- "el doble" de lo que indica el informe, cuyas copias repartió la semana pasada entre los diferentes bloques.
El gobierno provincial había calculado que con unos 35 millones se podrían afrontar los nuevos haberes, pero para Mercier no serán menos de 70 millones.
La estimación parte de advertir que habrá en el Poder Judicial 1.235 nuevos cargos y hoy son 3.595 los existentes, con erogaciones salariales que suman 282 millones.
Sobre las previsiones del Ejecutivo (equivocadas en nada menos que un 100%), Mercier supuso que no se habrían tenido en cuenta, por ejemplo, "los aportes patronales, ni los adicionales salariales por antigüedad, título, etc", que influyen en la liquidación final.
La reforma requiere bienes de capital y más recursos humanos. Sobre el primer rubro, dijo que el Estado puede optar por construir o comprar los inmuebles, por alquilarlos, o por una combinación de ambos extremos.
El costo total edilicio sería de unos 61 millones si se opta por la construcción (sería claro un gasto por única vez) o de 4 si se alquilan todas las propiedades. Y el gasto en muebles de otros 3 millones.
Expresó que según sea el escenario puede hablarse de entre 90 y 150 millones para lo que queda de 2007 y junio de 2008, fecha tope para que la Justicia se haya puesto al día con el nuevo Código Procesal Penal. Subrayó que los excedentes recaudatorios por cobro de impuestos pueden volcarse a ese fin este año, más si se opta por una aplicación gradual (por circuitos judicial), y que la próxima ley de presupuesto deberá prever las imputaciones correspondientes.
El criterio del gobierno provincial es que la reforma del proceso penal tenga una puesta en marcha gradual.
El subsecretario de Justicia y Culto, Héctor Somaglia, ha adelantado que "la idea es ponerlo en funcionamiento antes de fines del corriente año, en alguna circunscripción judicial".
A los efectos de establecer cuál será la primera sede judicial de la provincia donde se implementará el nuevo sistema, cabe recordar que Somaglia ha dicho que "se tendrán en cuenta los índices de litigiosidad, el estado de la infraestructura de cada circunscripción y la cantidad de recursos humanos, así como la densidad demográfica".
Somaglia también explicó, cuando comenzó a tratarse el tema en el Senado, que "se está trabajando en la generación de una oficina de gestión judicial que tendrá que llevar adelante todo el diagrama, selección de casos y la atribución de la atención de los casos, donde se necesitará un fuerte impacto de recursos informáticos, mobiliarios y también fílmicos".
También, el funcionario provincial adelantó que "será necesario erigir nuevas construcciones, lo que seguramente se dilatará en el tiempo, razón por la cual está previsto afrontar ello con locaciones inmobiliarias transitorias".
"Debemos ser cautos y tener claro que tendremos que cumplir metas a corto, mediano y largo plazo, siendo la primera meta el cambio normativo. Recién tenemos la media sanción y esperamos que esto culmine y que la comisión pueda delinear las pautas básicas para a partir de allí, concretar en hechos lo que estamos haciendo", definió.
La llamada "cláusula transitoria" del nuevo Código Procesal Penal está contenida en el artículo 156, que advierte que su puesta en vigencia no corresponde hasta tanto el Ejecutivo disponga su implementación. Eso sí, establece un límite: junio de 2008.
Rafaela
Para el subsecretario de Justicia y Culto, Gabriel Somaglia, Rafaela puede ser un "caso testigo" al implementar el proceso oral. Destacó que "es una de las tres circunscripciones más pequeñas que tiene la provincia (las dos restantes son Venado Tuerto y Reconquista) que mejor se adaptaría para una implementación inmediata o en el corto plazo", estimó.
Luis Rodrigo