Hace unos meses, cuando fallecía infaustamente el joven necochense Alfredo Marcenac en barrio Belgrano de Capital Federal, yo escribía sobre la relación entre legalidad, muerte y tenencia de armas de fuego. Martín Ríos, el joven detenido por haber disparado a mansalva contra un grupo de personas había renovado su condición de legítimo usuario de arma de fuego, ante el Registro Nacional de Armas (Renar) en el año 2005. Tremendo dato, tremendo descontrol, tremenda legalidad mortal.

Reproché inflexiblemente la acción del organismo nacional por su raquitismo, por su triste complicidad. Pero hoy la situación parece ser totalmente distinta; para ello caben algunas aclaraciones que merecen ser citadas.>

El año pasado, luego de lo sucedido en barrio Belgrano, el Ejecutivo nacional traspasó el Renar de la esfera del Ministerio de Defensa a la del Ministerio del Interior, un cambio que produjo la positiva pérdida de esa lógica militarista por la cual había sido creado a principios de 1970.>

El viento a favor de políticas desarmistas comenzó a recorrer la tupida geografía de nuestro país, tomando como ciudad ejemplo a la de Mendoza, lugar donde -en el 2001- la ONG Espacios y el gobierno provincial llevaron adelante una experiencia de entrega voluntaria de armas de fuego. Quedó en claro que no se buscaba sólo quitarle las armas a los delincuentes (planteo reduccionista que se limita a pensar que el problema de la seguridad y de la violencia se soluciona actuando sobre los que ya transgredieron los límites de la ley).>

El programa enumeró una serie de objetivos que tenían que ver con lo cultural y especialmente lo preventivo. Más tarde, post-tragedia de Carmen de Patagones, a fines del año 2004 se creó la Red Argentina Para el Desarme (RAD), desde donde se propuso un Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevarf) como política accesoria para prevenir la creciente violencia armada que recorre nuestras calles diariamente. Fue así que, junto al trabajo del Renar, nació la Ley Nacional 26.216.>

Dicha ley es el fruto de la lucha de muchas voluntades, que se unieron para vislumbrar una sociedad distinta -en su momento una utopía, un sueño, y hoy una realidad. La norma trata de promover una mejor calidad de vida; no es una ley de seguridad ni mucho menos una ley que persigue un objetivo de desmantelamiento criminal. Sostener esto último sería sin dudas un fracaso y por sobre todas las cosas un falta total de respeto para con el ciudadano.>

Es hora de repensar qué comunidad procuramos. Podemos elegir vivir bajo el signo de la violencia, bajo un entorno hobbesiano de todos contra todos, donde las más insustanciales disputas se diriman a través de disparos, al mejor estilo película del lejano oeste estadounidense (la llamada por el Dr. Darío Kosovsky "ciudad sheriff"). O bien podemos querer convivir bajo fuertes lazos societales, mediante la práctica de diversas políticas solidarias, integrales, comunitarias, donde las armas dejen de ser un bien necesario para pasar a ser un bien de lujo.>

Las opciones son claras; estamos a tiempo de comenzar a desandar la primera de ellas, sin obviar que el Estado sigue siendo -a entender de Max Weber- una asociación de dominio institucional que dentro de un territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima.>

Ahora bien, �hasta qué punto la violencia se debe a la visibilidad, disponibilidad, posesión y uso indebido de armas? El repaso rápido de los factores sociales muestra que el incremento de la violencia puede responder a una multiplicidad de fenómenos estructurales. El tema se complica por el fácil acceso a las armas como consecuencia de los controles todavía precarios y a un mercado negro extendido, difícil de calcular.>

Ha quedado en claro que la violencia que se vive a diario en las calles, no diferencia clase social, color de piel ni mide las consecuencias, simplemente porque la crisis de convivencia por la cual atravesamos tampoco tiene rasgos elitistas. Lamentablemente, las armas legales continúan matando; sin ir más lejos, durante la primera semana de mayo, un niño de tan sólo tres años de edad del conurbano bonaerense se quitó la vida con una bala "legal", que pertenecía a su padre. Es por ello que, entre tantas cuestiones no menos importantes, las prácticas que consideran al desarme civil como una alternativa viable para disminuir el circulante de armas de fuego no deben quedar enclaustradas bajo un signo político, se debe traspasar esa barrera para trasformarse en una política perdurable e imperecedera, cuyo rasgo distintivo sea la atemporalidad.>

Santa Fe ha sido pionera en el país sobre la temática; para ello fue preciso amalgamar las tareas de la RAD y de la Dirección Provincial de Seguridad Comunitaria de la Provincia, las charlas de sensibilización en las instituciones educativas sobre prevención de la violencia armada (únicas en el país), el taller de periodistas, la organización del Observatorio Público Para la Prevención de la Violencia Armada (Oppva), la accesibilidad a la delegación del Renar por parte de organizaciones de la sociedad civil o escuelas para observar el proceso desarmista por intermedio del Oppva y la RAD, son sólo algunas de las tareas de prevención que se llevaron y se llevan adelante en común. >

La aplicación del Pevarf ha colmado las expectativas de propios y extraños. En un puñado de días, se han recibido voluntaria y anónimamente alrededor de 25.000 armas en el país, mientras que en la ciudad de Santa Fe, la cifra ronda las 1.500 en menos de un mes; los medios de comunicación han colaborado para que así sea y se demuestra a las claras que uno de los objetivos que tiene el programa (fortalecer lazos comunitarios) se está logrando. Aunque aún falta mucho por recorrer, el éxito depende en gran parte de que todos, como santafesinos, nos apropiemos y justifiquemos la real necesidad de vivir en un mundo en paz.>