Se calcula que más de diez mil personas manifestaron en las calles de Santiago de Chile reclamando reivindicaciones sociales. En principio la protesta callejera parecía que iba a ser permitida, pero a último momento el gobierno de Bachelet decidió asegurar el orden a través del único y exclusivo recurso que todos los gobiernos del mundo garantizan la vigencia de ese valor cuando los trabajadores salen a la calle: con palos.

La represión no sólo alcanzó a los revoltosos, sino también a personajes más respetables, como fue el caso del senador socialista Arturo Navarro, quien recibió un garrotazo en la cabeza por meterse donde nadie lo había llamado. Nobleza obliga, el jefe de Policía al enterarse de la entidad del garroteado pidió disculpas y prometió sancionar al carabinero que no respetó la investidura del legislador.

La presidenta Michelle Bachelet consideró que la manifestación era injusta con su gobierno porque -según sus palabras- desde la Casa de la Moneda se está haciendo todo lo posible para atender los reclamos de los trabajadores. En el interior de la Concertación oficialista las respuestas a lo sucedido fueron diversas: demócratas cristianos y socialistas moderados apoyaron a la presidenta, pero los sectores más izquierdistas de la coalición expresaron su disidencia a una respuesta represiva que para muchos de ellos recordaba los tiempos de Pinochet, una evocación un tanto exagerada porque poner en el mismo plano a Pinochet y Bachelet, suena a disparate o a acto de mala fe.

Chile ha sido considerado, tal vez con algo de exageración, como el mejor alumno de América Latina. El último informe de Competitividad Global (WEF) -un estudio que incluye la tasa de interés y ahorro, el déficit o superávit fiscal y las variables inflacionarias, entre otras consideraciones- lo ubica a Chile entre las 25 economías del mundo y la primera en el continente, incluido el propio Estados Unidos.

Si ésta fuera la única variable para entender el funcionamiento de una sociedad, lo sucedido la semana pasada no tendría explicación. Lo que ocurre es que los índices de competitividad explican una parte del problema; allí no están incluidos, por ejemplo, la brecha cada vez más profunda entre ricos y pobres o la persistencia de índices de desocupación y pobreza cada vez más difíciles de justificar en una economía que crece a semejantes niveles.

El dilema planteado al gobierno no es sencillo de resolver; en ninguna parte estas cuestiones se resuelven de manera sencilla. A los trabajadores les asiste la razón cuando reclaman mejores salarios, pero también son razonables los temores de los funcionarios del Estado cuando advierten que la puja salarial puede terminar desbordando el orden económico. La insensibilidad y la torpeza de algunos empresarios hacen el resto.

Algunas cifras tal vez ilustren mejor que las palabras. En Chile la décima parte de la población se queda con el 47 por ciento de los ingresos que genera el país. En Chile el desempleo está cerca del diez por ciento. En Chile el 18 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y el 4 por ciento vegeta en la indigencia. En Chile el veinte por ciento de la población percibe un ingreso que equivale a 14 veces el que percibe el veinte por ciento más pobre.

Para expresarlo en términos más esquemáticos: el problema en Chile es que la acumulación es alta pero la distribución de la riqueza es baja. Dicho con otras palabras: el modelo ha asegurado el crecimiento, pero ahora el desafío que debe afrontar Bachelet está relacionado con la distribución, un tema que es más o menos cómodo plantearlo -los derechistas Piñera y Lavín son los primeros en hablar de ello- pero no es tan fácil realizarlo.

Desde que Bachelet llegó a la Casa de la Moneda las demandas sociales fueron en ascenso. Primero fueron los transportistas, luego los trabajadores mineros, en algún momento los que ruidosamente ganaron las calles fueron los "pingüinos" (advertencia: no confundir políticamente con los pingüinos argentinos. En Chile los pingüinos son algo más jóvenes y algo más inocentes; el apodo alude al uniforme negro y blanco de los estudiantes secundarios), ahora son los trabajadores de la CUT.

�Autorizan estos datos para asegurar que el modelo chileno se está cayendo a pedazos o que es intrínsecamente perverso, como han expresado algunos izquierdistas? Diría que no, o por lo menos, no en esos términos. En Chile los problemas sociales son serios, pero se expresan en un contexto de crecimiento y modernización económica notable. Por supuesto que ese crecimiento afronta nuevos desafíos relacionados, por ejemplo, con la reforma educativa, la innovación tecnológica y la actualización de la red ferroviaria, pero está claro que la justicia social sólo es posible realizarla sobre la base de sociedades que crecen económicamente; en el estancamiento y la recesión todos los problemas se agravan y quienes más los padecen son los pobres.

La otra confusión que es necesario despejar es la que relaciona movilización y conflicto con decadencia, un prejuicio que por diferentes motivos domina a izquierdistas y derechistas. En el caso que nos ocupa la conflictividad social es un signo de vitalidad política y la antesala de la movilidad social. Está claro que las mejoras sociales se obtienen a través de luchas, pero esas luchas tienen mucho más posibilidades de ser coronadas con el éxito cuando existen gobiernos sensibles y con recursos disponibles que cuando existen gobiernos autoritarios gobernando una sociedad empobrecida.

De todos modos en Chile no todo se reduce a un relato sobre la acumulación capitalista sin beneficios sociales. En 1990 la pobreza llegaba casi al 40 por ciento de la población y hoy descendió al 18 por ciento. En 1990 la indigencia era del 12 por ciento y hoy es del 4 por ciento. Como dijera en su momento Patricio Aylwin, el gran presidente demócrata cristiano y el líder de la transición democrática: "A la pobreza no la hemos derrotado pero le estamos dando una buena paliza".

Por supuesto que hay asignaturas pendientes y algunas son de primer nivel y no admiten más postergaciones. Lo que importa advertir al respecto es que en toda sociedad siempre hay asignaturas pendientes, sobre todo cuando se trata de sociedades subdesarrolladas que por un camino o por otro se esfuerzan por salir de la celda de hierro del atraso y la pobreza.

Imaginar una sociedad perfecta o un Paraíso es hoy una ilusión fantástica cuando no una ilusión totalitaria. Las sociedades son imperfectas y luchar contra sus vicios o sus injusticias es el desafío de Sísifo: hay que hacerlo más allá de toda esperanza o de toda recompensa.