Por orden de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se decidió clausurar la refinería de la empresa Shell en Dock Sud. Esta es la quinta sanción que sufre la petrolera anglo-holandesa en el último año, sanciones que han incluido multas por supuesto desabastecimiento e, incluso, el pedido de prisión de su presidente en la Argentina. En la mayoría de los casos, el protagonista principal de esta seguidilla de sanciones que huele a persecución, es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

En su momento, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, convocó a la población a no consumir productos de Shell, "ni una lata de aceite", un acto insólito por parte de un primer mandatario, iniciativa que, dicho sea de paso, contó con el apoyo manifiesto del piquetero D'Elía que movilizó a sus huestes para efectivizar la arenga presidencial. Lo curioso es que gracias a esa medida, la empresa cerró el balance con ganancias, dado que ante el bloqueo interno se dedicó a las exportaciones.

El argumento político del oficialismo parte de la hipótesis de que las empresas multinacionales son perversas y su objetivo es esquilmar a las naciones subdesarrolladas. Por consiguiente, el rol del Estado es acorralarlas hasta lograr su expulsión. Cuando esto ocurre, el catecismo tercermundista enseña que el Estado debe hacerse cargo de esa tarea o, en su defecto, los empresarios "nacionales" o las empresas de algún país "amigo". En los tiempos de la Guerra Fría ese país "amigo" era la URSS y el "solidario" campo socialista.

De más está decir que semejante concepción va a contramano del mundo real -todos los ensayos han terminado en rutilantes fracasos- y de la lógica de las relaciones internacionales contemporáneas.

Por otra parte, a los resultados de la asistencia "solidaria" los hemos conocido y lo hemos sufrido por acción u omisión. Hoy Venezuela reemplazaría a la patria socialista bajo la conducción de Hugo Chávez, un mandatario cuya vocación totalitaria es cada vez más manifiesta, al punto que ahora ha decidido imponer los nombres que los venezolanos pueden usar para designar a sus hijos.

Existen serias sospechas de que las acciones contra Shell obedecen no a una sorprendente e inesperada pasión por defender el medio ambiente o el bolsillo de los consumidores, sino a supuestos acuerdos para que la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) amplíe su actividad en nuestro país.

El gobierno nacional ha desmentido esta hipótesis, pero se acumulan los indicios de que se estaría trabajando en esa dirección. El problema es que el posible acuerdo con Pdvsa no garantiza un abastecimiento de calidad y, tampoco, un precio justo.

Se sabe que esa empresa petrolera es considerada por los observatorios internacionales como una de las más corruptas del mundo. Por eso, sería interesante que el gobierno nacional aprenda algunas lecciones básicas de la historia económica, sobre todo aquella que enseña que los países emergentes deben cuidarse de producir corrupción mediante la intervención de gobiernos que se apoderan del Estado, deforman el mercado, desalientan inversiones y se cierran a la innovación reproductiva.