Todos los pronósticos señalan que en Guatemala la elección de un nuevo presidente se resolverá en la segunda vuelta prevista para el 4 de noviembre. Al momento de escribir esta nota, el socialista Alvaro Colom se imponía por cerca de diez puntos al derechista Otto Pérez Molina, un general que en algún momento adquirió popularidad por haber negociado con la guerrilla la paz que puso final a la guerra civil que duró más de treinta años y produjo alrededor de 200.000 muertos.

El domingo, las elecciones se desarrollaron con relativa normalidad, si se permite esa calificación cuando 13.000 observadores internacionales se encargan de fiscalizar que no haya trampas. Si el día de los comicios, los guatemaltecos votaron en paz, no puede decirse lo mismo de la campaña electoral que arrojó el saldo de alrededor de cincuenta muertos, la mayoría de ellos pertenecientes a las fuerzas de centroizquierda, aunque las balas también alcanzaron a más de un militante de la derecha aglutinada mayoritariamente en el Partido Patriota liderado por el general Pérez Molina.

La guerra fría en Guatemala, es decir, el enfrentamiento entre la derecha y las fuerzas insurreccionales de izquierda concluyó en 1996. Los acuerdos de paz devolvieron cierta tranquilidad a una sociedad devastada por la violencia. Sin embargo, la violencia persiste en otro contexto y con objetivos un tanto más degradados que los de la patria socialista.

Los parapoliciales licenciados luego de la paz no dejaron las armas, sino que orientaron su aprendizaje militar a la actividad delictiva. La violencia criminal en Guatemala es uno de los problemas centrales en este país, en donde cerca del 60 por ciento de la población vive en la pobreza y el dos por ciento de ella controla el 58 por ciento de la riqueza. Todos los candidatos, desde los derechistas Pérez Molina y Efraín Montt, hasta la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y el socialista Alvaro Colom, hicieron de la cuestión de la paz uno de los ejes centrales de su propuesta electoral.

Para Pérez Molina, el tema se resuelve con mano dura, es decir, con una policía autorizada a meter bala a los delincuentes, y un puñado de leyes claras y contundentes que autoricen el accionar policial y legitimen con más fuerza la pena de muerte.

Alvaro Colom también entiende que la delincuencia es un problema serio, pero sostiene que su resolución no pasa por la mano dura sino por la mano solidaria, es decir, promoviendo políticas sociales y desarrollando instituciones políticas. Como se podrá advertir, las diferencias entre Colom y Pérez Molina son las previsibles diferencias que existen en cualquier parte del mundo entre conservadores y socialistas a la hora de resolver la cuestión de la seguridad.

Los progresistas, que en Guatemala también existen, señalan que más de medio siglo de mano dura produjo como resultado esta realidad degradada por la pobreza, la corrupción y el crimen organizado y desorganizado. Y que por lo tanto, la solución no pasa por suprimir más derechos sino por ampliarlos. Los conservadores, al estilo doña Rosa, plantean que prefieren perder algunos derechos a morir asesinados en una esquina por delincuentes que después serán considerados víctimas por parte de los progresistas.

Por ahora, pareciera que la propuesta de Colom tiene más aceptación; pero entre los sectores medios y altos la tentación de recurrir a la mano dura es cada vez más fuerte. Para tener una idea aproximada sobre los alcances de la violencia en este país, señalemos que como consecuencia de la actividad criminal mueren alrededor de seis mil personas por año, algo así como quince asesinatos diarios, de los cuales sólo se esclarece el uno por ciento.

La delincuencia conectada con el narcotráfico se expande gracias a la complicidad de políticos y funcionarios estatales. Su actividad excede las fronteras de Guatemala, como lo demuestra el hecho cierto de que el 90 por ciento de la cocaína que sale de Colombia con dirección a los Estados Unidos pasa por Guatemala.

Pérez Molina logró polarizar la campaña electoral alrededor de la seguridad y la mano dura, pero hasta el momento no ha dicho una palabra sobre las relaciones del narcotráfico con la política criolla y, muy en particular, con la política conservadora. Las bandas de narcotraficantes no sólo hacen negocios, ejecutan a traidores y se lían a tiros entre ellas, sino que destinan una parte de su capital a corromper políticos, policías, militares y funcionarios estatales.

En las campañas electorales, los temas que más se hablan no siempre son los más trascendentales. Sin duda que la delincuencia es un problema serio, pero está claro que los problemas de fondo de Guatemala son más profundos y abarcadores. En este país, con una inmensa mayoría de población indígena y mestiza, con índices de pobreza, salud y educación propios del subdesarrollo y con una cultura política que recuerda los mejores tiempos de las republiquetas bananeras, las alternativas de cambio incluyen la resolución de la violencia, pero las causas de ella van más allá de la cuestión personal o la supuesta maldad de los hombres.

En Guatemala, los contrastes entre la riqueza obscena y la pobreza más humillante saltan a la vista hasta para el turista más distraído. En la ciudad capital existen zonas debidamente protegidas, como el Centro Comercial Pradera Concepción, que para los viajeros nada tiene que envidiar a ciertos paseos de Nueva York o París. Pero a tres cuadras de allí abundan los mendigos, los vendedores ambulantes, cuya mercadería preferida es la droga y los ajustes de cuentas entre diversas bandas mafiosas que incluyen en sus filas a adolescentes que encuentran en esas faenas un medio de vida, y también de muerte.

En los próximos dos meses, los guatemaltecos deberán optar por Colom o Pérez Molina. Entre ambos suman algo así como el 70 por ciento de los votos emitidos. El otro 30 por ciento se distribuye entre el centrista y oficialista Alejandro Giammattei, funcionario del actual presidente Oscar Berger, el conservador Eduardo Suger, la indigenista Rigoberta Menchú y el despreciable criminal de guerra Efraín Ríos Montt, que con más de ochenta años decidió presentarse a elecciones para eludir a través de los fueros parlamentarios las investigaciones sobre los asesinatos cometidos durante su gobierno.

Inútil adelantar pronósticos sobre la segunda vuelta, ya que si bien Colom lleva una importante ventaja, los votos de los otros candidatos -salvo Rigoberta que sacó el dos por ciento- responden a posiciones conservadoras. Sea cual fuere el resultado, a nadie se le escapa que la transformación democrática de Guatemala no se realizará de la mañana a la noche. Es más, para algunos observadores internacionales, los problemas son tan serios que habría que ponerse a pensar seriamente si este país de más de doce millones de habitantes es viable como nación, pero sobre este tema seguiremos hablando otro día.